La batalla por frenar la amnistía entregada por Pedro Sánchez al separatismo catalán ha comenzado. La unidad de las cuatro asociaciones de jueces, los fiscales, las instituciones de la Unión Europea y la sociedad civil a través de la movilización en las calles y de diversas organizaciones empresariales, inspectores de Hacienda y otras que se irán sumando han mostrado su rechazo al golpe a la separación de poderes que recoge el pacto suscrito entre el PSOE y Carles Puigdemont para investir a Sánchez.
El acuerdo ratificado por las dos partes en Bruselas, del que no se han distribuido imágenes de la firma, contempla amnistiar a todas aquellas personas -políticos y ciudadanos- que, "antes y después de la consulta del 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos" (sic).
El PSOE acepta también la creación de comisiones de investigación parlamentaria para aplicar la ley de amnistía a causas del llamado lawfare, judicialización de la política. Y Sánchez se compromete a contar con un relator internacional para negociar un referéndum de autodeterminación en Cataluña e impulsar un cupo catalán para ceder el 100% de los tributos a la comunidad.
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Rechazo unánime de los jueces
La respuesta por parte del poder judicial no se ha hecho esperar. Y ha sido contundente. Las cuatro asociaciones de jueces, desde progresistas a conservadoras, han emitido un comunicado conjunto en el que señalan que "someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales" supone una "quiebra de la separación de poderes".
A este rechazo se ha unido también las asociaciones de Fiscales en otros comunicados. Y diversas organizaciones civiles como los inspectores de Hacienda han expresado su malestar por lo que consideran un ataque a la democracia. La CEOE y otras asociaciones trabajan en posicionamientos similares que se irán conociendo en los próximos días. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comparado este acuerdo con el golpe de Estado del 23-F y ha anunciado que utilizará todos los resortes a su disposición para frenar este "pacto de la vergüenza".
Todos ellos acompañan a la Comisión Europea, que el día anterior -consciente de que el acuerdo era inminente- había lanzado un advertencia sin precedentes a Sánchez exigiendo que cualquier amnistía no contravenga los tratados de la Unión y el Estado de Derecho.
La conjura de la sociedad civil se produce en un contexto de crecientes protestas ante las sedes del PSOE en varios puntos de España que ha alcanzado su pico máximo de intensidad este jueves tras conocerse los detalles del acuerdo. Decenas de miles de personas se han manifestado en Madrid, Barcelona, Valencia y otras ciudades y municipios de España en las concentraciones más concurridas desde que se iniciaron las movilizaciones hace una semana.
Silencio en el PSOE
¿Y el PSOE? Es difícil saber cómo respira este partido, que algunos de sus militantes más veteranos consideran que ya no existe. La dirección socialista ha cerrado filas con Sánchez. Pero la realidad es que los grupos de Whatsapp del partido permanecían en silencio ante la confusión que ha generado el acuerdo.
Fuentes consultadas por Vozpópuli señalan que muchos cargos del PSOE -entre ellos reputados sanchistas- se han quedado "alucinados" con las líneas generales de la amnistía, que califican como un "trago difícil de asumir". En especial, citan las comisiones parlamentarias para exculpar imputados, procesados y condenados. "Son comisiones de exculpación", explica un veterano del PSOE de Madrid.
La magnitud de las críticas ha obligado a Ferraz ha enviar precisiones del acuerdo a los medios de comunicación. Fuentes de la dirección socialista sostienen que el Congreso "no va a realizar, en ningún caso una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial". "El Parlamento no fiscalizará a los jueces", añade.
La aclaración, sin embargo, no casa con la literalidad del pacto que dice claramente: "Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
Sánchez, investido la próxima semana
La sensación en las filas del PSOE es que el acuerdo se ha tenido que precipitar ante el toque de Bruselas y el creciente malestar en el seno del Poder Judicial. El redactado es una mezcla de posicionamientos en el que quedan claro dos cosas: habrá amnistía y un relator internacional para negociar el referéndum.
Un vez cerrado el apoyo de los siete diputados de Junts per Catalunya, a Sánchez le falta suscribir el pacto pendiente que tiene con el PNV para lograr su investidura por mayoría absoluta. La idea es que el PSOE registre en el Congreso la proposición de ley de la amnistía -eludiendo una vez más el pronunciamiento de los órganos constitucionales al no ser un proyecto del Gobierno- y que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ponga fecha al debate, que previsiblemente tendrá lugar entre el miércoles y el jueves de la próxima semana.
