El aterrizaje de Félix Bolaños en el Ministerio de Justicia del nuevo gabinete de Pedro Sánchez ha sido acogido con cierto escepticismo entre los jueces, que recelan de que Justicia tenga que compartir ministerio con Presidencia y Relaciones con las Cortes. Al respecto, desde Foro Judicial Independiente (FJI) sostienen que se arroja una "imagen muy perniciosa" y que, por decoro, no debería haberse subsumido en una misma persona.
El portavoz de FJI, Fernando Portillo, aplaude en declaraciones a Vozpópuli el hecho de que el sucesor de Pilar Llop tenga formación jurídica, aunque confiesa que echan de menos que el nuevo ministro no venga de la carrera judicial; de ahí que vayan a poner la mira en la designación del futuro Secretario de Estado de Justicia.
Con todo, consideran que lo más urgente ahora mismo es el incremento "inmediato y sostenido" de las plazas judiciales, teniendo en cuenta que el principal problema que afecta a la carrera es el retraso que sufre desde hace años y que se va a incrementar ante la jubilación masiva de jueces de carrera en los próximos años.
Los retos de Bolaños
Al hilo tanto desde Foro Judicial Independiente y también desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria apelan al cumplimiento de lo pactado con el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de mayo relativo a la convocatoria de las plazas acordadas y también de que se reanuden las negociaciones de la Mesa de Retribuciones.
Al respecto el nuevo portavoz de los 'vitorinos', Sergio Oliva, precisa que es necesario que se cumplan todos los acuerdos alcanzados en dichas negociaciones, en el marco de las cuáles los jueces desconvocaron la huelga general, y que se impulse la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que los jueces puedan elegir a sus pares en la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Oliva tilda de "síntoma positivo" el hecho de que Bolaños asuma Justicia porque su conexión con Presidencia puede derivar en una respuesta rápida a los acuerdos que se alcanzaron con esta cartera. Ahora bien, también coincide en que la mezcla de ambos ministerio puede restar importancia al de Justicia, lo cual sería contraproducente teniendo en cuenta "los déficits que adolece".
Por su parte, desde la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) declinan hacer valoración sobre el nombramiento de Bolaños al igual que tampoco se ha pronunciado por el momento Juezas y Jueces para la Democracia.
Bolaños asume la cartera tras cerca de dos años y medio de mandato de la juez y expresidenta del Senado, Pilar Llop. Durante este periodo el departamento se ha visto afectado principalmente por la aplicación de la conocida como ley del 'solo sí es sí', de la que fue inductora Irene Montero, y también por las huelgas continuadas que invocaron los letrados y los funcionarios de la Administración de Justicia.
El CGPJ sigue sin renovar
Otro de los puntos de inflexión se produjo en mayo cuando jueces y fiscales anunciaron un parón indefinido para protestar principalmente por las cargas de trabajo, la falta de medios y la ausencia de convocatoria de la Mesa de Retribuciones pese a que Justicia se comprometió en 2022 a reactivarla. Tras una serie de reuniones mantenidas entre Justicia y Hacienda las asociaciones finalmente hicieron decaer la convocatoria de huelga.
Gobierno y asociaciones acordaron un aumento efectivo de 100 nuevas plazas en 2023 y otras 100 más para el próximo ejercicio. Al respecto Portillo recuerda que el primero de los compromisos ya no se ha cumplido porque la convocatoria de plazas publicadas este año en el BOE era exactamente igual a la del año pasado.
Desde el Ministerio de Justicia argumentaron que el acuerdo firmado el 23 de mayo exigía una modificación de los presupuestos generales de ese ejercicio lo cual era imposible acometer en el momento en que se publicó la convocatoria al encontrarse el Gobierno en funciones.
A todo ello se añade la necesidad de renovar el CGPJ. La imposibilidad de PP y PSOE a ponerse de acuerdo para renovar el órgano de gobierno de jueces ha llevado a una situación insólita al Consejo, el cual opera en funciones desde que caducó su mandato en diciembre de 2018.
Bolaños asume al respecto el reto de tener que desencallar las negociaciones políticas y evitar que se agrave la crisis en la cúpula de la judicatura ya que, al prohibírsele al CGPJ su facultad para nombrar a la cúpula de la carrera judicial, órganos como el Tribunal Supremo, audiencias provincias y tribunales superiores de Justicia no pueden renovar plazas que se quedan vacantes por jubilación o deceso. El veto deja ya, al menos, 85 plazas sin poderse renovar.
