Un nuevo frente judicial se abre para los mandos que enviaron a los guardias civiles a repeler a las narcolanchas de Barbate. Jucil ha decidido denunciar por homicidio imprudente al general y al coronel encargados de dar esa orden. La asociación profesional ha dado este paso tras analizar las declaraciones de los cuatro agentes que sobrevivieron ya que los superiores tenían "constancia plena de que los medios eran insuficientes" y obligaron a los funcionarios a realizar "una intervención policial fuera de sus capacidades y actitudes".
Jucil considera que estos mandos han podido cometer un presunto delito de homicidio por imprudencia y delitos de lesiones graves por imprudencia. Los dos denunciados son el general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz.
La denuncia se fundamenta en los trágicos acontecimientos ocurridos en el Puerto de Barbate el 9 de febrero de 2024, donde perdieron la vida dos guardias civiles y varios resultaron heridos de gravedad. Según la denuncia, la intervención policial en el Puerto de Barbate se realizó bajo condiciones extremadamente peligrosas y sin los medios adecuados para enfrentar la situación.
Los superiores jerárquicos, a pesar de conocer los riesgos, ordenaron realizar una intervención para la que los guardias civiles que participaron no estaban preparados ni contaban con los recursos necesarios. El escrito de denuncia detalla que la embarcación de la Guardia Civil asignada para la intervención era insuficiente frente a las "narcolanchas", por ser estas significativamente más grandes y poderosas. Además, los agentes asignados no estaban adecuadamente preparados ni equipados para una operación de este tipo, lo que aumentó el riesgo para sus vidas.
Así, la denuncia recoge que los componentes de los equipos GEAS no están preparados para este tipo de intervenciones policiales, mientras que los dos componentes del GAR que los acompañaban como refuerzo, carecían de los medios necesarios, por ejemplo, cascos. Hay que señalar que ambos fallecidos sufrieron contusiones en la cabeza provocados por el paso sobre ellos de la narcolancha que los arrolló.
Falta de preparación y medios adecuados
El escrito también hace referencia a las condiciones meteorológicas desfavorables en el momento de la intervención, así como a las declaraciones previas de las autoridades que sugieren una falta de preparación y de medias adecuados por parte de la Guardia Civil para enfrentar este tipo de situaciones.
La denuncia de JUCIL se basa en las declaraciones del jefe del equipo de los GEAS. El sargento que dirigía el equipo recibió una llamada del coronel jefe de Cádiz en la que se le indica que el superior jerárquico, el general jefe de la Zona de Andalucía requiere al equipo GEAS para que acuda al puerto de Barbate.
En esa llamada se comunica al coronel “que no pueden salir con la lancha de la Guardia Civil, ya que es muy pequeña y hay riesgo de que les pasen por encima con las narcolanchas” Esta aseveración, precisa JUCIL, “se comunica al superior incluso en dos ocasiones, entre otros comentarios, dado que no es posible realizar lo que es solicitado por los superiores ahora denunciados, por el riesgo sobre la vida de los agentes si salieran con la lancha” narra el texto de la denuncia.
JUCIL añade que la lancha de la Guardia civil es un equipo antiguo, con unas medidas inadecuadas para el fin que se encomendaba al equipo “ya no solo hay que fijarse en la diferencia abismal entre las lanchas, lo cual se dejó constancia al superior que ahora se denuncia, y el riesgo de muerte que existía, la facilidad con la cual podían pasarles por encima y causar daños trágicos e irreparables (como sucedió), sino que la preparación de los agentes no era acorde a la intervención otorgada a los mismos por los superiores”, ahonda la denuncia. Así, mientras los GEAS no están preparados para estas intervenciones, los GAR carecen de entrenamiento en el ámbito náutico.
Los agentes de Barbate no podían negarse
JUCIL afirma así que estas circunstancias, las de la mala calidad de los medios, la falta de preparación de los guardias civiles y las malas condiciones meteorológicas “eran conocidas por los ahora denunciados, quienes obligaron a realizarla, al ser superiores y los agentes no poderse negar, para que salieran. Y el destino de los agentes fue fatal, pudiendo haber sido incluso peor”.
No es el único frente abierto que tienen los mandos. El Juzgado número 1 de Barbate ha abierto diligencias, por una denuncia de AUGC, por un posible delito de prevención de riesgos laborales. La justicia fiscalizará las decisiones de los superiores esa trágica noche de febrero en Barbate.
