Asociaciones llevan a Bruselas un informe que acreditaría el deterioro del Estado de derecho en España

Cada vez son más las asociaciones o instituciones que recurren a Europa para frenar la amnistía de Sánchez. La Comisión Europea, así como otros órganos de la UE, se han convertido en el buzón de reclamaciones contra la proposición de ley registrada por el PSOE en el Congreso de los Diputados. El Foro de Profesores, Impulso Ciudadano y Citizens pro Europe han remitido a las autoridades europeas un informe en el que se detalla el deterioro del Estado de derecho en España.

El texto ha sido enviado al comisario de Justicia Didier Reynders y a los vicepresidentes de la Comisión Europea Jourová y Schinas, a los presidentes del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea y del Consejo y al Presidente de la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo. Se desarrolla a lo largo de 50 páginas quince "hechos probados" con los que, desde la perspectiva de estas asociaciones, el daño ocasionado al Estado de derecho en las instituciones amenaza a la independencia judicial, permite la tolerancia hacia ciertos delitos, fomenta el uso partidista de las instituciones y socava la falta de independencia de los medios públicos de comunicación.

El informe hace alusión a la preocupación anunciada no solo por las asociaciones colaboradoras en este escrito, sino también por el Poder Judicial ante las consecuencias que tendrá la amnistía pactada por el PSOE y Junts con el principal objetivo de catapultar a Sánchez hasta el sillón de Moncloa. No obstante, matiza que "los males para el Estado de derecho en España son más antiguos", y que los peligros derivados de la amnistía diseñada a la medida de los líderes independentistas "no haría más que profundizar en un deterioro que tiene varias manifestaciones".

El documento denuncia que el propósito de la amnistía no se limita a favorecer la situación procesal de los que ahora están siendo investigados, sino que también legitimaría las actuaciones desarrolladas para conseguir la independencia de Cataluña. El documento narra cómo "las autoridades públicas de manera expresa actuaron al margen y en contra de la ley con el propósito de que la Constitución española dejara de estar vigente en el territorio de Cataluña", lo que no es compatible con el Estado de derecho.

Permitir que "el poder público actúe al margen y en contra de la ley"

La línea argumental de Foro de Profesores, Impulso Ciudadano y Citizens pro Europe mantiene legitimar a través de la amnistía las actuaciones emprendidas por los dirigentes catalanes en 2017 en la sede del Gobierno regional, es permitir que "el poder público actúe al margen y en contra de la ley", lo que conlleva una forma más de denigrar el Estado de derecho.

Asimismo, se hace alusión a la inclusión en la futura ley de amnistía de varios delitos que atentarían directamente contra el derecho comunitario como pueden ser los delitos de malversación y terrorismo. "Los delitos de terrorismo, incluso aquellos que entren en las conductas descritas por la Directiva 2017/541 serán objeto de amnistía si aún no existe condena firme", señalan.

"En lo que se refiere a los hechos vinculados con el proceso y que se verían beneficiados por la amnistía, existen algunos casos de investigación por terrorismo, pero que no han llegado todavía a sentencia (y mucho menos, firme), por lo que estos delitos se verían beneficiados por la amnistía, en clara contradicción con las obligaciones que se derivan de la mencionada Directiva", recoge el escrito presentado ante las autoridades europeas.

El documento añade que el acuerdo de gobierno fomenta la utilización política del Derecho penal, lo que es incompatible con principios esenciales del Estado de derecho. "No es admisible que, en el debate público, quienes defiende ciertos postulados se vean beneficiados por el ejercicio del derecho de gracia cuando delinquen", sentencia.

El informe denuncia que, tal y como se recoge en el artículo 117 de la Constitución Española, el indulto es una medida de gracia que supone "una limitación a la competencia exclusiva de los jueces y tribunales en la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado".

El 'lawfare' y el Estado de derecho

El acuerdo firmado por el PSOE y Junts incluye la creación de comisiones de investigación en relación al ya conocido "lawfare". La reclamación de estas asociaciones a las instituciones comunitarias hace hincapié en que el resultado de dichas comisiones podría implicar acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas. Asimismo, alertan de la gravedad que supone que se intente revisar las actuaciones desarrolladas por los tribunales desde el Parlamento.

Para justificar dichos argumentos, el documento recupera el punto número 18 de la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre independencia, eficiencia y responsabilidad de los jueces (Recomendación CM/REC(2010)12) que indica que "si el poder ejecutivo y el legislativo comentan las decisiones judiciales han de evitar la crítica que pueda perjudicar la confianza de la opinión pública en la judicatura".

Bloqueo de la renovación del CGPJ

Los denunciantes apelan a varios informes sobre la situación del Estado de derecho en la UE, elaborados por la Comisión Europea, en los que se advierte de "lo anómalo" de la no renovación del órgano de los jueces españoles. No obstante, el informe presentado esta semana en la UE va más allá y critica la ley que establece los criterios de nombramiento de los miembros del CGPJ.

Mantienen que la fallida renovación que lleva intentándose cinco años ha dado "abundantes pruebas" de que lo que están negociando los dos partidos mayoritarios, "al margen del Congreso y del Senado, que son quienes formalmente han de proceder a dicha designación, es el reparto de cuotas entre los dos partidos".

Independencia de la Fiscalía y del Tribunal Constitucional

El informe pone en tela de juicio la independencia de la Fiscalía y el Tribunal Constitucional. En primer lugar, subraya lo inconveniente de que el Fiscal General del Estado sea designado por el Gobierno por un período de tiempo que se corresponde con el de una legislatura. Asimismo, hace alusión al nombramiento de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado.

Entre otras cosas, hace apenas tres semanas conocíamos la decisión del Tribunal Supremo con la que anulaba el nombramiento como Fiscal de Sala de Dolores Delgado, por entender que se había actuado con desviación de poder nombrarla.

También apuntan a la supuesta imparcialidad del Tribunal Constitucional con la designación para el puesto de magistrado de personas con estrechas vinculaciones con el Gobierno. Ejemplo de ello, el nombramiento del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, como magistrado del TC.

El Foro de Profesores, Impulso Ciudadano y Citizens pro Europe sostienen que en España existe una injerencia gubernamental en los medios. Entre otros ejemplos, apuntan al reciente ascenso del exsecretario de Comunicación del Gobierno de Pedro Sánchez, Miguel Ángel Oliver, como nuevo presidente de la Agencia EFE.

En sus conclusiones, las asociaciones sostienen a que el inicio, en buena medida, de los problemas que atacan directamente contra el Estado de derecho, se produjo cuando los partidos nacionalistas "decidieron utilizar las administraciones públicas como herramientas para el desarrollo de sus proyectos políticos partidistas en vez de atender, siquiera formalmente, al cuidado del interés general".