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España

Iglesias incumple el código ético de Podemos al cobrar una indemnización como vicepresidente

El reglamento ético del partido aprobado en Vistalegre II declara "la obligación de no percibir ninguna remuneración ni cesantías de ningún tipo una vez finalizada su designación en el cargo"

El candidato de Unidas Podemos a las elecciones de Madrid, Pablo Iglesias. Europa Press

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, no tiene derecho a cobrar una indemnización por sus quince meses de vicepresidente del Gobierno. Esto es, por lo menos, lo que dictamina el Código Ético del partido morado, aprobado durante Vistalegre II (2017) y confirmado en su apartado XII.8 del reglamento ratificado en el congreso de marzo de 2020, tal y como adelanta Vozpópuli. La norma determina para los miembros del partido "la obligación de no percibir ninguna remuneración ni cesantías de ningún tipo una vez finalizada su designación en el cargo". La indemnización que ha pedido Iglesias es de 5.300 euros al mes.

El Código Ético de Podemos relaciona esa obligación a "todas las personas titulares de cargos designados por Podemos en cualquier órgano de las Administraciones Públicas o de cualquiera de sus entes instrumentales". Esto incluye también la vicepresidencia del Ejecutivo, que Iglesias ocupó a finales del pasado mes de marzo. El documento sigue activo y se encuentra libremente en la web de la formación.

El Código Ético entró en vigor en mayo de 2020 después de la celebración del tercer Congreso del partido, adelantado con respecto a su fecha prevista para aprovechar la entrada en el Gobierno. En ese Congreso, Podemos modificó su código ético con medidas polémicas como la ampliación del límite de mandato y la reducción del corsé de los tres salarios mínimos interprofesionales. Pero mantuvo la obligación de no cobrar "ninguna remuneración ni cesantías".

Después de trascender la noticia de que Iglesias había pedido una indemnización por sus quince meses en el cargo de Gobierno, entre las filas del partido morado se ha abierto un debate que Iglesias intentó frenar el pasado jueves. El secretario general y candidato ha aseverado que los diputados y miembros de Gobierno de Podemos "tienen derecho a lo mismo que el resto", incluyendo "los mismos coches que los del PP y el PSOE, la misma protección y los mismos salarios, aunque nosotros donemos una parte, que eso no lo hacen los demás".

El 'caso Illa'

A pesar de que ese discurso choque con las consignas de la primera etapa de Podemos, en la que se planteó como partido regenerador del bipartidismo y sus "privilegios", para Iglesias se abre ahora una cuestión de incongruencia con respecto al Código Ético. Aunque Iglesias sostiene que esa petición es un "derecho" que le corresponde, y que decaerá en cuanto entre en la Asamblea de Madrid, circula entre las filas moradas el antecedente del ministro socialista de Sanidad, Salvador Illa, quien no pidió la indemnización cuando decidió concurrir a las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero. Y eso se suma al ingente ahorro alcanzado por Iglesias e Irene Montero desde su entrada en política, que también ha generado tensión.

Pablo Iglesias en Vistalegre II EUROPA PRESS

El Reglamento de la Asamblea de Madrid no permite, además, a ninguno de sus diputados cobrar indemnizaciones derivadas de tareas desempeñadas en otros cargos públicos. Aunque en este caso Iglesias sorteará esa limitación si logra entrar en el Parlamento regional, puesto que entonces sí renunciará a la indemnización como vicepresidente. "No va a ser más de un mes", se justificó el propio Iglesias. La indemnización de Iglesias corresponde a su cese oficial como vicepresidente y ministro publicado en el BOE el 30 de marzo.  

A Iglesias le corresponde una cantidad mensual de 5.316 euros, que si todo va bien en las elecciones del 4 de mayo, y el candidato se convierte en diputado autonómico, percibirá en el mes que le separa del Consejo de Ministros a la Asamblea de Madrid. Después, pasará a cobrar el sueldo de diputado autonómico, que corresponde a casi 4.000 euros brutos mensuales. El candidato ha defendido la decisión de pedir dicha indemnización como un "derecho" que le "corresponde".

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