Continúa la huelga de letrados: ¿Qué exigen a Justicia?

Los letrados de la Administración de Justicia empiezan la quinta semana de huelga indefinida con las negociaciones encalladas con el Ministerio de Justicia y después de obligar a cancelar más de 150.000 juicios y visitas, además de 560 millones de euros pendientes de entregar.

El pasado viernes el Ministerio de Justicia y el comité de huelga de los LAJ no llegaron a un acuerdo después de una reunión que duró 15 horas. Ambas partes se acusan mutuamente de no tener voluntad de negociar acuerdos. Sin embargo, los representantes de los letrados se han mostrado dispuestos a reunirse este lunes para desbloquear los paros que se mantienen desde el pasado 24 de enero y han pedido a la ministra Pilar Llop que se incorpore a la mesa de negociación.

¿Qué piden los letrados?

Una de las principales reivindicaciones de los funcionarios, que iniciaron su huelga el pasado 24 de enero, son una cláusula de enganche a la ley de retribuciones de jueces y fiscales para no cobrar nunca menos del 85% respecto a estos dos operadores jurídicos, siempre que tengan la misma antigüedad, y que su sueldo no sea menor en las poblaciones pequeñas.

Justicia sostiene que solo queda por cumplir una de las once reivindicaciones planteadas por las asociaciones de los antiguos secretarios judiciales -la revisión del complemento de productividad- y considera fuera de lugar las peticiones salariales, cuando sus retribuciones van a crecer de media un 14,76% en tres años.

El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, asegura que los letrados se han negado a la propuesta del Ministerio de un incremento retributivo que beneficiaría sobre todo a los que menos cobran e insiste en la desconvocatoria de la huelga para seguir negociando.

La nueva propuesta presentada por los letrados de la Administración de Justicia insiste en mantener la cláusula de enganche, que supondría referenciar la cuantía de sus retribuciones a las de los jueces y magistrados.

Los representantes de los letrados de la Administración de Justicia niegan haber elevados sus exigencias salariales y acusan al Ministerio de mantener una actitud irresponsable en la mesa de negociación.