La expulsión de la Guardia Civil de las carreteras navarras deja en el limbo a 175 familias

El traspaso de las competencias de tráfico a la Policía Foral en Navarra, que será suscrito por el Ejecutivo central y el Gobierno regional el próximo 1 de diciembre, deja en el limbo a unos 175 agentes de la Guardia Civil y a sus familias que a día de hoy desconocen cuál va a ser su situación profesional a partir de esa fecha, según denuncian las asociaciones de guardias civiles.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, afirmó este miércoles que el traspaso de la competencia de tráfico se realizará de forma "progresiva" y que se activará una "pasarela" para que los agentes afectados puedan integrarse en la Policía Foral. Sin embargo, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y Jucil hablan de "destierro" y "limbo".

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Vozpópuli admiten que el procedimiento para acceder de un cuerpo policial a otro no está totalmente definido y que será el Gobierno de Navarra quien determine las condiciones laborales, retribuciones y la ubicación de sus puestos de trabajo de manera que los guardias civiles, de manera voluntaria, puedan ocupar dichas plazas.

"El Gobierno desprecia a la Guardia Civil y pone fecha al destierro de los guardias civiles y sus familias en Navarra", señala Pedro Carmona, portavoz nacional de la AUGC. "El ministro del Interior debe dar explicaciones urgentes sobre este traspaso de competencias e informar a los agentes de la Agrupación de Tráfico de cuál va a ser su situación profesional a partir de esa fecha", añade.

"Estamos hablando de entre 175 y 200 agentes de tráfico de la Guardia Civil que ahora mismo viven con la incertidumbre de no saber qué va a ser de ellos, están en un limbo. ¿En qué posición quedan? ¿Dónde van a ir ellos y sus familias?", indica por su parte Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil.

El Ministerio del Interior, según fuentes de ese departamento, se ha comprometido a que los guardias civiles del Subsector de Tráfico de Navarra que no opten por la opción de la integración en la Policía Foral o que no consigan estos puestos de trabajo, puedan permanecer destinados en Navarra en cualquier otra unidad de la Guardia Civil ubicada en la Comunidad Foral. Se trata de entre el 10% y el 12% de los casi 1.500 guardias civiles que hay en Navarra.

Guardias civiles cuestionan la "pasarela"

Desde Jucil se duda sobre la legalidad de la "pasarela" que plantean Interior y el Gobierno navarro. "Ni en la ley de personal de la Guardia Civil ni en el régimen de personal existe la figura de la 'pasarela'. Están hablando de una opción inexistente. Tanto el Ministerio del Interior como la Dirección General de la Guardia Civil tienen que dar una salida digna para que los que se quieran puedan quedarse en Navarra con las mismas condiciones laborales y para que aquellos que quieran un traslado puedan tener preferencia para ir a los destinos que elijan", agrega Vilariño.

La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, acordaron el martes que el traspaso de competencias de tráfico a la Policía Foral se firmará el 1 de diciembre. Según amplió ayer el vicepresidente navarro Javier Remírez, el Ejecutivo regional concretará a finales de septiembre o principios de octubre más detalles concretos.

No obstante, avanzó que la implantación de tráfico será "progresiva" y no supondrá sólo la vigilancia en las carreteras de Navarra, sino que la Comunidad foral asumirá también el régimen sancionador, la seguridad vial o el capítulo relativo a autoescuelas. La Policía Foral necesitaría incrementar en 149 agentes la sección de tráfico para la implantación de la competencia.

Con el anuncio de la fecha de este traspaso, el Gobierno da un paso más a la cesión de competencias a las comunidades autónomas. El anterior ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ya comenzó el pasado abril negociaciones con Navarra para iniciar este traspaso. Las asociaciones denuncian que el traspaso de las competencias de tráfico responde a razones políticas y no policiales.