El Gobierno retoma la ley de desperdicio alimentario con multas de hasta 500.000 euros

El Consejo de Ministros ha recuperado este martes el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, una norma que se encontraba ya en el Senado durante la pasada legislatura, pero decayó por la disolución de las Cortes Generales con la convocatoria de elecciones.

La ley es una propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que, sin embargo, no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2025 si finalmente se aprueba, algo que dependerá del nuevo trámite parlamentario que comienza.

El largo plazo de entrada en vigor pretende que todos los afectados puedan adaptarse a la norma, según ha expresado el ministro Luis Planas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Planas ha señalado que "es sobre todo una ley muy pedagógica" para prevenir el desperdicio alimentario, pero estable multas que pueden llegar a los 500.000 euros en caso de reincidencia. Las faltas leves se multan con hasta 2.000 euros en el caso de que, por ejemplo, no se aplique la jerarquía de prioridades en el uso de los alimentos. Las faltas graves, como no contar con un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario acarreará sanciones que pueden oscilar entre 2.001 y 60.000 euros.

El ministro ha resumido el espíritu de este proyecto con la frase "aquí no te tira nada" y ha expresado que se sustenta en cuatro pilares: la eficiencia económica; el contenido ambiental; la justifica social, ya que son los más vulnerables las principales víctimas del desperdicio, según el ministro; y un componente moral y ético ya que en el mundo hay casi 800 millones de personas que sufren hambre o malnutrición.

Desperdicio de 1.000 millones de kilos

Durante el año 2022, los hogares españoles registraron un desperdicio total de 1.170,45 millones de kilos o litros, con una disminución del 6,1% en comparación con el año anterior y un notable descenso del 13,5% respecto al periodo prepandemia, en 2019, según datos del MAPA.

También ese año, cada hogar español desperdició, de media, aproximadamente 65,5 kilos o litros de alimentos y bebidas. Los productos sin elaborar siguen siendo los más desperdiciados, aunque en 2022 fueron un 9% menos que en 2021. Respecto a los platos cocinados, su desperdicio aumentó un 6,7% respecto a 2021.

En cuanto al comportamiento fuera del hogar, aunque el consumo alimentario aumentó un 6,1% en el año 2022, se produjo una reducción del desperdicio del 11,3%, lo que supone una reducción en más de 4 millones de kilos o litros respecto del 2021

Plan de prevención

La iniciativa estipula que las empresas de la cadena deberán contar con un plan de prevención que permita identificar dónde se producen las pérdidas e implementar medidas para minimizarlas y destinar los alimentos a otros usos.

La futura ley establece una jerarquía de prioridades para el destino de los alimentos que inevitablemente se conviertan en desperdicio alimentario, con prioridad máxima para el consumo humano, a través de la donación o redistribución de los alimentos.

En siguientes escalones, se contempla la transformación de los alimentos (zumos, mermeladas) y, cuando no sean aptos para el consumo humano, la preferencia de uso será la alimentación animal, la fabricación de piensos o la obtención de compost o biocombustibles.

Las empresas de hostelería tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse los alimentos que no haya consumido sin coste adicional alguno en envases reutilizables o fácilmente reciclables, si bien debe cobrar por los envases de plásticos de un solo uso como establece la Ley de residuos 7/2022.

Para la donación de los excedentes de alimentos, los agentes de la cadena deberán suscribir convenios de colaboración con empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.

Sólo los comercios con menos de 1.300 metros cuadrados estarán excluidos de la necesidad de disponer de ese plan, ha explicado el ministro.