El Gobierno oculta la carta enviada a la UE para pedir que el catalán sea lengua oficial en el Parlamento Europeo

El Gobierno ha servido de emisario de los independentistas catalanes en Europa, pero quiere borrar las huellas. En septiembre de 2022, el Ministerio de Asuntos Exteriores mandó una carta oficial a Bruselas para solicitar la incorporación del catalán, el vasco, el gallego y el valenciano como lenguas de uso en las sesiones parlamentarias del a Eurocámara. Moncloa cumplía así con la promesa realizada a los partidos independentistas catalanes el 27 de julio en la Mesa de Diálogo que mantiene Sánchez con la Generalitat. El Ejecutivo se niega a hacer público el contenido de la carta, algo que ha afeado el Consejo de Transparencia en una resolución.

El Ministerio de Asuntos Exteriores argumenta que dicho documento queda "dentro de los límites al acceso a la información pública recogidos en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno". En concreto, alega que esta carta está relacionada "con la toma de decisiones en materia de política exterior".

"Para evitar el perjuicio de las relaciones exteriores"

"El carácter reservado de estos documentos se justifica por la necesidad de evitar el perjuicio en las relaciones exteriores y en la confidencialidad en la toma de decisiones políticas. Observemos que en este tipo de documentos se reflejan posiciones cuya eventual publicidad provocaría reacciones en terceros países, lo que podría poner en riesgo la relación bilateral con los gobiernos extranjeros", añade el Gobierno.

Para Moncloa, "el ordenamiento jurídico limita el derecho de acceso a la información pública sobre este tipo de documentos".

Para el Consejo de Transparencia, el argumento esgrimido por el Gobierno de Pedro Sánchez no puede estar más lejos de la realidad. "Es evidente el interés público en conocer el contenido de la carta y, por otra parte, no se han justificado mínimamente, ni son notorias, las razones por las que el acceso al mismo supone un perjuicio para las relaciones exteriores", subraya Transparencia en su resolución.

España correría con los costes de traducción

Transparencia, además, afea que tal como se publicó en diversos medios de comunicación el 16 de septiembre, el Gobierno presume de transparencia en la misma carta enviada a Bruselas: "El Gobierno argumenta que en el actual contexto de mayor demanda de transparencia y de mejoras en la participación ciudadana en las instituciones europeas se dan las condiciones para reiterar la petición de posibilitar el uso en el pleno del Parlamento Europeo de las lenguas españolas distintas del castellano que gozan de estatuto oficial en España".

La propuesta del Ministerio de José Manuel Albares es que España asuma los costes correspondientes a la puesta en práctica de esta iniciativa y que "está abierta a negociar los detalles prácticos que podrían incluirse en un acuerdo administrativo".

Por qué el catalán no puede ser lengua UE

El Gobierno ha tenido que ir dando cuenta en el Congreso ante los socios independentistas de sus avances diplomáticos para que el catalán sea lengua oficial en Europa. "Se señala que las gestiones que está realizando el Gobierno español en estos momentos van en línea con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña el pasado 27 de julio en la Mesa de Diálogo para mejorar el impulso y la protección de la lengua catalana", reza una de las respuestas escritas a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

Hay una razón fundamental por la que el catalán no puede ser lengua de uso parlamentario en la Unión Europea. Las lenguas oficiales y de trabajo de la Unión Europea vienen recogidas en el artículo 55.1 del Tratado (TUE) y en el artículo 1 del Reglamento 1/1958 sobre régimen lingüístico: el alemán, el búlgaro, el castellano, el checo, el danés, el eslovaco, el esloveno, el estonio, el finés, el francés, el griego, el húngaro, el inglés, el irlandés, el italiano, el letón, el lituano, el maltés, el neerlandés, el polaco, el portugués, el rumano y el sueco.

Como se puede comprobar, figuran las lenguas oficiales de cada país, no las cooficiales. El Ejecutivo justifica la dificultad del proceso en su respuesta a Junts subrayando las diferencias entre el catalán y, por ejemplo, el gaélico. Este último es lengua oficial en Irlanda junto al inglés, y así consta en el momento en que este país se adhirió a la UE. En cambio, el catalán es lengua oficial solo en su comunidad autónoma. La única lengua oficial de España es el español, como establece la Constitución.