Las 1.164 mujeres muertas a manos de su pareja desde 2003 o la media de 150.000 denuncias anuales por violencia de género, no merecen para el Gobierno un estudio global sobre casuística y contextos de esta tragedia mantenida en el tiempo. El 10 de octubre la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, utilizaba la presentación de un balance sobre ese drama para celebrar la ley del sí es sí, aludiendo de pasada a que las 34 asesinadas en lo que va de año es una cifra “en el mínimo de la serie histórica”.
Tres días más tarde el Observatorio del Poder Judicial señalaba que las víctimas de violencia de género han aumentado un 10,89% en el segundo trimestre de este año. Periódicamente se contabilizan denuncias y delitos sin que la autoridad competente investigue sobre condicionantes añadidos al estereotipo de macho dominante y hembra sometida.
Con los 140 millones de euros que la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género destina a la prevención o los 69 millones de la Delegación del Gobierno, se da asistencia a las víctimas y se hacen balances, pero no hay una herramienta científica para la detección precoz. En lo que la Secretaría de Estado considera proyectos de investigación, dotados con 6,5 millones, figuran materiales didácticos, sensibilización, webs, programas de formación y en último lugar proyectos que “profundicen en el conocimiento de todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres”, sin más precisión.
Tampoco hay previsión de acometer un verdadero análisis a partir de las tesis doctorales sobre esta materia premiadas por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Los dos trabajos académicos galardonados con 3.000 y 2.000 € en la convocatoria de 2021, tratan, el primero, sobre Arteterapia como vía de abordaje del trauma y la violencia hacia las mujeres: diseño, aplicación y análisis de metodologías y registros de intervención. El segundo lleva por título Comunicación y violencia contra las mujeres. Análisis de la deontología periodística española (1999-2018) y latinoamericana (2004-2017) específica en violencia contra las mujeres.
El asesinato de la granadina Ana Orantes por su marido en diciembre de 1997 fue el fulminante de la respuesta política y legisladora a la entonces violencia doméstica, que con Zapatero pasó a denominarse violencia de género. La intervención del Estado incluyó la creación de una Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, hoy encuadrada en la Secretaría de Estado de Igualdad que encabeza Ángela Rodríguez. De ésta depende una Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia de Género, entre cuyas funciones no figura el estudio de ese fenómeno y sus raíces.
En los tres años de gobierno de Pedro Sánchez, con Irene María Montero al frente de Igualdad y Victoria Rosell como Delegada contra la Violencia de Género, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer no ha hecho ningún informe anual desde el de 2019, donde solo 10 de sus 467 páginas se dedican a características sociodemográficos de los delitos, limitándose a tablas de datos sobre edades, nacionalidades y relación víctima/agresor. Otros documentos elaborados en ese departamento son la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 y la correspondiente a 2019. La primera de ellas dedica 8 de sus 474 páginas a características de los maltratadores como edad, nacionalidad y nivel de estudios. La de 2019 incluye en sus 341 páginas seis tablas sobre nivel de formación de los agresores en distintas modalidades de violencia.
Se trata de recopilaciones de cifras sobre víctimas y agresores, sin contexto ni interpretaciones y sin ponerlos a disposición de un análisis interdisciplinar sobre causas y circunstancias del maltrato, con resultado de muerte o no. Ese vacío es señalado en el más reciente de los estudios del Observatorio del Poder Judicial contra la Violencia Doméstica y de Género sobre sentencias en este ámbito, de este modo: “El análisis del contexto o de la relación que mantenía víctima y persona acusada es muy limitado en la mayor parte de las sentencias, por lo que resulta muy difícil llegar a aproximarse a las motivaciones de dichos crímenes”.
En algo semejante insiste el Informe sobre Violencia contra la Mujer 2015-2019, elaborado en la Secretaría de Estado de Seguridad, dejando clara la necesidad de disponer de estudios y criterios: “Se puede predecir y prevenir, y la responsabilidad de abordarla recae sin duda alguna en los gobiernos nacionales (…) El hecho de que la prevención pivote en torno al uso de mecanismos de predicción o estimación probabilística del riesgo (…) se sitúa en un marco de análisis muy amplio”. La Policía Nacional y la Guardia Civil manejan algoritmos que han hecho posible 2,2 millones de valoraciones de riesgo entre 2015 y 2019. A los avisos de que es misión del Gobierno de la nación promover una investigación sobre desencadenantes de esta violencia se suman algunas consideraciones del protocolo del Consejo Médico Forense.
Bajo la presidencia de Victoria Rosell está el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, reforzado hace un par de meses en sus funciones y composición. Podría ser el organismo adecuado para coordinar una investigación multidisciplinar sobre la violencia de género. No queda claro en el Real Decreto que ha modificado este organismo, pues un artículo dice que le corresponde la “elaboración de informes y estudios” y en otro que sus informes y estudios “estarán orientados a lograr una atención más eficaz y más adecuada a las características de las víctimas”. Concebido para centrarse en la tutela de las víctimas, el Observatorio Estatal se limita a informes estadísticos. De sus 48 miembros, 18 representan a ministerios y CCAA, 12 a organizaciones de mujeres designadas por la presidenta del Observatorio (Rosell), que también designa a los 2 representantes de organizaciones empresariales y a los de las sindicales, a 2 expertos en estudio de violencia contra las mujeres y a los de Cruz Roja, Plataforma de la Infancia y asociaciones de consumidores. El resto son representantes únicos de la Fiscalía contra la Violencia de la Mujer, Observatorio del CGPJ, Observatorio de la Igualdad de RTVE y Consejo General de Psicólogos.
Frente a la nutrida composición del Observatorio del Ministerio de Igualdad, el del Consejo General del Poder Judicial contra la Violencia Doméstica y de Género lo componen 8 magistrados más una letrada del Consejo. Con esos mimbres despliega una actividad y una producción documental muy superior a la del observatorio estatal. Este último tiene un Análisis sobre los asesinatos por violencia de género entre 2003 y 2017 sin contenido analítico ni entrar en los perfiles de víctimas y agresores. Son 50 páginas descriptivas, centradas en los atributos temporales y, ligeramente, en la distribución geográfica de 928 asesinatos, un trabajo superado en calidad y profundidad por el informe del Poder Judicial sobre los 1.000 primeros casos de víctimas mortales por violencia de género.
Si las responsables políticas en la lucha contra la violencia de género consideraran acometer una investigación en toda regla sobre sus causas y contextos sin detraer recursos de las ayudas a las víctimas, habrían de revisar otras partidas. No la de 6,5 millones citada al comienzo de estas líneas para “prevención e investigación”, ni las subvenciones para tesis doctorales. Ni siquiera la de 100.000 € anuales para becas de formación en el Observatorio. Según el Plan Estratégico de Subvenciones de Igualdad, tampoco parece que la investigación de tan gravísimo problema social se vaya a financiar con fondos Next Generation. En el programa de sanidad y protección social de los Mecanismos de Recuperación y Resiliencia hay un subcapítulo de servicios sociales que incluye violencia de género sin más especificaciones, y de ese programa, dotado con 3.500 millones €, solo se han puesto en marcha actuaciones por importe 325 millones, según el Boletín FEDEA de septiembre.
El departamento ministerial que no muestra compromiso político y presupuestario para un estudio global sobre la violencia de género, dispone de un amplio abanico de subvenciones centradas en otras cuestiones sobre la mujer. Algunas forman parte del Objetivo Estratégico I del EJE II del Plan de Subvenciones, tales como la partida anual de 200.000 euros para el Grupo cooperativa Tangente con el fin de crear una “Escuela de emprendedoras (…) para que las mujeres puedan acceder al curso que más se adecúe a su proceso emprendedor”. Otras líneas de subvenciones del Objetivo Estratégico I son los 60.000 €/año para que 50 mujeres participen “en los Consejos Rectores de las cooperativas y federaciones de cooperativas agroalimentarias” o los 50.000 €/año destinados a 20 mujeres para “Fomentar el liderazgo de las mujeres en los órganos de decisiones del Sector Pesquero”.
Los organismos semejantes al Observatorio Estatal en el ámbito autonómico, como el del Institut Català de les Dones, también se limitan a balances estadísticos. Andalucía podría adelantarse al Gobierno de Sánchez en investigación en este área si el próximo Congreso Internacional para el estudio de la Violencia contra las Mujeres (Sevilla, 8 y 9 de noviembre) cumple con su presentación como cita científica para “un enfoque integral, multidisciplinar e interseccional, en el concepto de violencia de género”.
