El Gobierno teme encajar una derrota parlamentaria en la convalidación del decreto que deja en manos del Tribunal Supremo la gestión de la pandemia tras la caída del estado de alarma, según explican a Vozpópuli fuentes socialistas. A la coalición PSOE-Unidas Podemos no le salen las cuentas ante el previsible rechazo del centro derecha, y las fuertes críticas que ha recibido la norma desde sus socios de investidura, y en especial del PNV. El decreto se ha encontrado además con el rechazo, tanto en público como en privado, de algunos dirigentes socialistas.

El presidente Pedro Sánchez intenta recuperar el pulso a la actividad del Gobierno tras el batacazo electoral de su partido en Madrid. Y lo último que necesita ahora es una derrota en el Congreso del decreto que servirá para gestionar el control de la pandemia tras decaer el estado de alarma el 9 de mayo. La debilidad parlamentaria de la coalición (155 escaños) vuelve a abocarle a una compleja negociación con sus aliados nacionalistas y separatistas, que han evitado pronunciarse a favor del decreto.

El Gobierno delega en el Supremo

El Consejo de Ministros aprobó este martes una norma que permite a las comunidades autónomas recurrir al Tribunal Supremo en casación si las restricciones que impulsan son tumbadas por sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia.

Es decir, que podrán buscar el aval del Supremo para que así este unifique doctrina y no haya criterios dispares según los territorios, como de hecho había ocurrido hasta ahora. La vicepresidenta Carmen Calvo explicó que los gobiernos regionales podrán aprobar medidas para contener la expansión del covid-19, que limiten incluso derechos fundamentales.

La primera valoración jurídica del Supremo ha sido negativa. El informe de su Gabinete técnico, que no es vinculante, considera "insuficiente" que el rango de decreto ley sea un instrumento constitucionalmente válida para una restricción de derechos fundamentales como el toque de queda. Políticamente, el texto del Ejecutivo tampoco ha recibido demasiados parabienes.

El PP ha acusado a Sánchez de "evadir sus responsabilidades" y pasarle la pelota al Supremo. En la misma línea se ha pronunciado el PNV, uno de los partidos que ha reclamado con más vehemencia la prórroga del estado de alarma. Y además el tribunal superior de justicia vasco ha tumbado las restricciones que el Ejecutivo de Íñigo Urkullu pretendía imponer después de la alarma. El caos se ha apoderado de las autonomías, con algunos tribunales regionales validando las restricciones y otros, no.

"Este decreto representa lo que no es gobernar, porque lo que pretende hacer es que en el fondo el Tribunal Supremo legisle", dijo esta semana el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco en el Congreso, Aitor Esteban. "¿Es que pretenden que el Tribunal Supremo diga a partir de ahora con qué número de contagios hay que tomar determinadas medidas?"

Negociación con PNV y separatistas

Pero el PNV, como es habitual, guarda sus balas para la negociación que se abrirá en los próximos días. Fuentes del partido en el Congreso aseguran que, críticas al margen, no han definido todavía su voto en la convalidación del decreto. El Gobierno tiene un plazo de 30 días para llevarlo al Congreso. En la misma línea que el PNV, ni a favor ni en contra, se han manifestado los grupos del independentismo catalán a preguntas de este periódico. Ni ERC, ni JxCat, ni PDeCat han definido todavía su voto.

"Todavía tenemos que debatirlo y fijar una posición en la reunión del Grupo", aseguran desde ERC.

Otro de los problemas del Gobierno es el que el decreto se ha topado con algunas reticencias dentro del propio PSOE. La limitación de derechos fundamentales vía Tribunal Supremo "inquieta" a muchos dirigentes socialistas. "Esta no es materia de cogobernanza, sino que es el Gobierno central quién debe ocuparse", dicen fuentes socialistas a este diario.

Algunos ex dirigentes del PSOE han hecho constar sus reparos a la norma en las redes sociales. Es el caso de la ex diputada Ángeles Álvarez o Diego López Garrido. "Abrir el precedente de que los jueces puedan tomar decisiones de ese calado es inquietante", dijo Álvarez en Twitter.