En plena Semana Santa, al senador gallego José Manuel Baltar le ha llegado el momento de iniciar su particular 'viacrucis' hacia el Tribunal Supremo tras haber sido citado para declarar al mediodía de este miércoles, día 27, ante la Comisión de Suplicatorios de la Cámara Alta. La audiencia es voluntaria, por lo que el expresidente de la Diputación de Orense tiene la opción de librarse de este mal trago si tiene otros planes más placenteros, pero en todo caso no podrá evitar ser sometido a ‘juicio’ por los miembros de la comisión encargada de decidir, en primer instancia, si tienen en cuenta o no los motivos esgrimidos por la magistrada Ana Ferrer para poder proceder contra él por un supuesto delito contra la seguridad vial.
José Manuel Baltar ha llegado a este punto después de un largo proceso que dio comienzo el 23 de abril del pasado año, cuando fue cazado por un radar de la Guardia Civil circulando a 215 kilómetros por hora en la A-52. El entonces mandatario de la Diputación de Orense viajaba hacia Madrid al volante de un coche oficial del citado organismo y el ‘flashazo’ del detector de velocidad saltó cuando cruzaba a todo gas el municipio de Asturianos, en la provincia Zamora. Al exceder en más de 80 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida en autovía, 120, la infracción cometida entra en la categoría de delito, de ahí que su expediente fuese remitido, en primer lugar, al Juzgado de Puebla de Sanabria y posteriormente al Penal número 1 de Zamora.
Pocos meses después, en agosto, Baltar fue nombrado senador por designación del Parlamento de Galicia y obtuvo la inmunidad propia de los representantes de las Cortes Generales, por lo que el Juzgado de Zamora tuvo que inhibirse de la causa en favor del Tribunal Supremo, que acordó seguir con el procedimiento tras pedir la obligada autorización a la cámara correspondiente. Es decir, al Senado.
El abogado puso en duda la medición del radar
El abogado del parlamentario intentó librarle del juicio penal alegando que ya había pagado la multa correspondiente y poniendo en duda las mediciones de velocidad realizadas por el radar de la Guardia Civil, pero dichos razonamientos no convencieron a la instructora del caso y decidió finalmente, a principios de este mes de marzo, pedir el suplicatorio al Senado para poder sentar en el banquillo a Baltar. Y por eso este miércoles, casi un año después de haber cometido la infracción, el político tendrá que rendir cuentas ante sus ‘colegas’ en una comparecencia que dará comienzo a las 12 de la mañana. Ese mismo día se elegirán los senadores encargados de redactar la ponencia sobre el caso y el informe deberá sometido a debate y votación que tendrá lugar en la Cámara Alta en el primer Pleno ordinario posterior. En esa sesión es cuando realmente se sabrá si el parlamentario pierde o no la inmunidad que le otorga su condición de aforado.
La Comisión de Suplicatorios del Senado está compuesta por 31 miembros, de los cuales 16 son del PP, 7 del PSOE y los otros seis por el resto de fuerzas. La Mesa, integrada por cinco miembros, la preside Alfonso Carlos Serrano, portavoz del PP de Madrid, y la vicepresidenta primera, María Cristina Rubio, pertenece al mismo grupo, al igual que la secretaria primera, María Carmen Isabel Pobo. Los otros dos integrantes son socialistas, Susana Díaz Pacheco (vicepresidenta segunda) y Antonio Póveda Zapata (secretario segundo).
Tras la sesión de este miércoles, la Comisión de Suplicatorios tendrá que votar si sigue adelante con el trámite y, si la decisión es afirmativa, el informe llegará al Pleno del Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, para decidir antes del 10 de mayo si la Cámara alta da su 'plácet' a que Baltar sea juzgado.
Antes de que el caso llegara al Supremo, el Ministerio Fiscal presentó un escrito de acusación contra el senador gallego considerándolo autor de un delito contra la seguridad vial, en la modalidad de conducción de vehículos a motor a velocidad superior a la legalmente permitida del artículo 379.1 del Código Penal. El Ministerio Público pidió una pena de seis meses de multa a razón de una cuota diaria de 10 euros, lo que se traduciría en unos 1.800 euros, además de un año y un día de privación del derecho a conducir vehículos a motor.
