Asturias

El "fraude" de las residencias de ancianos en Asturias: "Cuando murió mi madre me reclamaron 42.000 euros"

El Principado ideó un plan por el que las personas mayores sólo pagarían el 75% de su pensión para poder vivir en alguna de las residencias públicas de la comunidad. Un fallo de la Administración reclama sumas millonarias a casi 4.000 familias

Manifestación por el caso ERA en Asturias.
Manifestación por el caso ERA en Asturias.

“Cuando mi madre falleció, el Principado de Asturias me reclamó 42.000 euros de deuda”. Así explica José Luis Alonso el calvario que tuvo que pasar cuando su progenitora, Orfelina, falleció tras pasar tres años y medio en un Establecimiento Residencial para Ancianos (ERA) del Gobierno asturiano.

Alonso no está solo. Cerca de 4.000 familias sufren esta situación. El problema nace de un error entre los años 2007 y 2011 reconocido por el propio Gobierno. Con la implantación de la Ley de Dependencia, el Principado se comprometió a que los ancianos que ingresasen en alguna residencia pública, y tuviesen reconocido algún grado de dependencia, pagasen el 75% de sus pensiones para enfrentar los gastos de su estancia. El Gobierno de la comunidad pagaría el resto, no generando deuda alguna para las familias.

La sorpresa saltó para Alonso cuando, al fallecer su madre, le llegó una notificación de que debía 42.000 euros. “Nos querían cobrar el 100%. No me lo podía creer y me negué a pagar”, afirma. Los afectados reclaman una explicación sobre este error del que nadie ha dado parte hasta el momento. Hasta ahora, el propio Principado ha devuelto las cuantías económicas a unas 600 familias, aunque los afectados opinan que "son muchas más" las perjudicadas.

Ha sido una estafa para los ancianos y para las familias. En algunos casos las deudas han llegado a más de 100.000 euros"

Ángel Rodríguez, presidente de la plataforma de Afectados por el ERA

Antes de ingresar a su madre, Alonso se encargaba de cuidarla en casa. Recibía 360 euros mensuales por ello. Cuando se enteró de la posibilidad de llevarla a una residencia, se acercó a la oficina del ERA en Oviedo para que le explicasen más pormenorizadamente en qué consistía. La mujer que le atendió le aseguró que aquello no generaba ningún tipo de deuda.

Ángel Rodríguez es el presidente de la Plataforma de Afectados por el ERA. “Ha sido una estafa para los ancianos y para las familias. En algunos casos las deudas han llegado a más de 100.000 euros”, asegura tajante.

Según explica Rodríguez, los cobros llegaban hasta cuatro años más tarde del fallecimiento del familiar, algunos a punto de prescribir. Los cálculos de la Plataforma elevan a los afectados hasta los 4.000 familias, unos datos que desde la Consejería de Servicios y Derechos Sociales rebaja hasta las 1.280. El dinero a devolver también dista entre los familiares y el Gobierno. Mientras que los primeros lo sitúan entre los 24 y 25 millones de euros lo que habría que pagar de vuelta, el Principado lo rebaja hasta los seis.

Comisión de Investigación

El pasado 16 de enero se puso en marcha una comisión de investigación en el Parlamento autonómico para dilucidar qué pasó entre los años 2007 y 2011. “Hasta ese momento, el Principado no había implantado una ley autonómica para la dependencia que desarrollase la estatal. Ahora se están llevando a cabo las liquidaciones que ha estimado la Consejería y luego se hará una auditoría que diga si se han hecho bien las cosas”, resume la presidenta de dicha comisión y diputada de Podemos, Rosa Espiño.

En este caso, Podemos y el Partido Popular han ido de la mano para arrojar luz ante la situación del ERA. “El caso se hizo público hace tres años. Ha sido un fraude donde piden a las familias desde 6.000 hasta 92.000 euros”, dice el diputado popular en Asturias Matías Rodríguez Feito, y añade que el Gobierno socialista ha tenido “un afán recaudatorio a costa de los mayores”.

Tribunal de Cuentas

Hace un año, la Sindicatura de Cuentas de Asturias presentó un informe sobre la gestión del ERA en el año 2015. Este estudio es el último que se tiene. En el escrito se apunta a que las cuentas anuales no expresan una imagen fiel de la situación financiera del sistema.

También destacaba la Sindicatura que no se proporcionó toda la documentación requerida para poder calcular la cuantía que debían los usuarios. Tampoco pudo comparar la evolución entre los ejercicios 2014 y 2015 debido a la disparidad en el contenido de la información remitida relativa a los efectivos a 31 de diciembre de 2015.



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