La Fiscalía insiste en que Podemos continúe imputado por el 'caso Neurona'

La Fiscalía de Madrid considera que Podemos debe seguir como imputado en el caso Neurona al apreciar que existen indicios de presunto delito electoral. La formación volvió a pedir la semana pasada el archivo del caso, pero el ministerio público se opone, según confirman a Vozpópuli fuentes de este departamento.

Podemos se encuentra investigado desde el pasado verano en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid que dirige Juan José Escalonilla. El magistrado sospecha que la consultora Neurona no llegó a prestar los trabajos electorales por los que Podemos le pagó 363.000 euros procedentes de subvenciones públicas para los comicios generales de abril de 2019.

Desde el verano hasta ahora se han practicado diversas diligencias y declaraciones. Las últimas han sido a trabajadores externos contratados por Podemos para cubrir actos electorales en aquella campaña. Los testigos no supieron explicar en el Juzgado cuáles fueron los trabajos prestados por Neurona durante la campaña. "A mi nadie me presentó a nadie de Neurona", llegó a decir unos de los cámaras interrogados.

En este contexto, según las mismas fuentes consultadas, la Fiscalía mantiene los mismos argumentos que hace dos meses, cuando ya defendió la posición de que Podemos siguiera imputado (también lo están varios de sus dirigentes).

La Fiscalía se basaba en los autos del juez para sostener que, centrándose “exclusivamente” en el contrato suscrito por la formación política con la empresa Neurona, “existen indicios de que el objeto del mismo era la propia financiación del partido desde la cuenta electoral”.

Delito electoral

A juicio de la Fiscalía y atendiendo a las impresiones del Tribunal de Cuentas que también llamó la atención sobre la relación con Neurona, los hechos son susceptibles de ser incardinados en un delito de falsedad en documento mercantil y un delito electoral.

No obstante, el ministerio público entiende también que “ni el delito de falsedad ni el delito electoral pueden ser cometidos por una persona jurídica, más aun, en el supuesto del delito electoral solo puede ser cometido por los administradores generales”.