Fiscalía ve delito en el acoso al juez del caso Dina y pide tiempo para hallar a los autores

La Fiscalía Provincial de Madrid ha logrado poner nombres y apellidos a los responsables del acoso que sufrió en redes el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por su investigación sobre el caso Dina. El Ministerio Público da impulso a la causa pero pide medio año más de prórroga para poder localizar a uno de los autores de estas amenazas, advirtiendo que estos hechos pueden ser constitutivos de delito de injurias contra funcionarios.

La causa, que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, arrancó hace ahora un año cuando el magistrado al frente del caso Villarejo pidió al Tribunal Supremo que investigase a Pablo Iglesias ante los indicios por el destrozo de la tarjeta telefónica de su exasesora Dina Bousselham. El instructor sufrió una campaña de acoso en redes con mensajes en los que se insinuaba que “necesitaba” la guillotina o en los que se le tildaba de “sicario criminal”. Tras poner en conocimiento de la Policía estos hechos, el juzgado abrió una investigación penal en aras a localizar a las personas que se escondían detrás de estas notas.

Los investigadores identificaron a uno de ellos, el cual confesó los hechos y pidió perdón, de acuerdo con la nueva documental incorporada a la causa y a la que ha tenido acceso Vozpópuli. Se trata del usuario de la cuenta @tomasfcog y que responde a las iniciales de T. F. G. El investigado publicó el mensaje: “Estos necesitan una cosa…” y lo acompañaba con una imagen animada en la que aparecía una guillotina en movimiento. Ahora, y tras constatar el arrepentimiento del usuario, el juzgado se dirige a García Castellón para que se pronuncie en relación a este asunto.

“Teniendo en cuenta que no se ha acreditado que actuara en connivencia con el resto de usuarios investigados y que en su declaración como investigado manifestó que no había pretendido amenazar a nadie, que está arrepentido y que no lo va a volver a hacer, de conformidad con lo establecido en el último indicios del párrafo primero del artículo 171.7 del Código Penal, se le requiere para que manifieste lo que a su derecho convenga”, reza la cédula de notificación que el juzgado ha remitido al instructor del caso Villarejo.

"Sicario criminal"

Al respecto, el fiscal delegado de criminalidad informática de Madrid, Fidel Solera Guijarro, también propone que se pronuncie el denunciante en relación a este asunto si bien, además, señala que es necesario prorrogar medio año más este procedimiento penal. El motivo reside en que todavía quedan diligencias por practicar, entre ellas localizar al usuario de la cuenta @Esparroqui (que actualmente está suspendida) y detrás de la cual identifican a K.Tsouli.

El Ministerio Público precisa que “las gestiones de localización y detención” han sido “infructuosas” y que los mensajes que publicó en esta red social serían constitutivos de delito de injurias contra funcionarios. El tipo penal contempla multa de seis a catorce meses en caso de “injurias graves hechas con publicidad”. Entre las expresiones que profirió se encuentran: 'Sicario criminal', 'putitas con togas de los mafiosos', “'fascista' o 'Un juez que convierte falsamente a un perjudicado en un delincuente es un PUTO CRIMINAL CON TOGA', según recoge el escrito de la Fiscalía.

División en el CGPJ

Además de la vía penal, el magistrado García Castellón (también instructor de otras macrocausas como Lezo, Púnica o los CDR), se dirigió al Consejo General del Poder Judicial. En su misiva, remitida el 8 de octubre de 2020, denunció que se había puesto en marcha una campaña pública en redes encaminada a desprestigiarle a él y al conjunto del Poder Judicial y dejó patente que algunos de esos mensajes eran “repetidos y amplificados por muchos dirigentes de Podemos”, algunos de ellos “miembros del Gobierno de la nación”.

El asunto provocó división en el CGPJ ya que la Comisión Permanente decidió esperar al avance de la causa penal pese al voto contrario de tres de sus miembros. Los vocales discrepantes consideraron que la situación era lo suficientemente grave como para que el órgano de gobierno de los jueces avisase de que las interferencias de este calibre son “inaceptables” en un sistema basado en el Estado de Derecho. Además, también dejaron patente que los jueces deben estar protegidos de los “ataques destructivos” que van más allá de la crítica y la libertad de expresión.