Fiscalía rechaza ampliar la investigación a ningún funcionario del Ayuntamiento

La Fiscalía Anticorrupción rechaza implicar a ningún funcionario del Ayuntamiento de Madrid en el conocido como caso mascarillas. En un escrito remitido al juzgado que investiga a Luis Medina y Alberto Luceño por este contrato, el Ministerio Público explica que el consistorio no ha ocultado información a la causa ni tampoco ha falseado la documental entregada a los investigadores.

De esta forma el fiscal Anticorrupción del caso, Luis Rodríguez Sol, indica en un escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli que no procede ampliar la investigación más allá de los dos comisionistas querellados por los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. El fiscal se opone a la petición de Más Madrid -formación personada como acusación popular- que reclamó que se imputase en la causa al gerente de la empresa municipal que firmó el contrato para el suministro de material sanitario por 11 millones de dólares.

"No se ha alterado ningún elemento o requisito esencial de los documentos. Contrariamente a lo que se afirma en el escrito (de Más Madrid) la remisión de estos documentos no ha supuesto ningún obstáculo para la investigación llevada a cabo por la Fiscalía, como no lo ha supuesto ninguna otra actuación del Ayuntamiento de Madrid o de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios, que han respondido puntualmente a todos los requerimientos formulados por la Fiscalía", reza el escrito de este 26 de abril.

El papel del Ayuntamiento

El Ministerio Público mantiene el foco en los dos empresarios contra los que se querelló hace apenas unas semanas al considerar que cometieron delito por su labor de comisionistas con este contrato con el Ayuntamiento de Madrid. El propio consistorio, a que el juez le permitió la posibilidad de figurar como acusación particular, remitió un escrito esta misma semana al juzgado en el que descartaba que hubieran engañado u ocultado información de los contratos a los investigadores de esta causa penal.

Al respecto, la defensa legal del consistorio explicó que lo que ocurrió es que se entregaron papeles diferentes. Por un lado en diciembre de 2020 se enviaron desde la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios las cartas de encargo que sirvieron para ejecutar los tres contratos sobre el suministro de mascarillas, guantes y test rápidos de covid. En esta primera tanda de papeles remitidos a la Fiscalía se adjuntaron también cartas de los contratos suscritos con Leno, la factura proforma, órdenes bancarias de pago y documentación sobre las características de los productos adquiridos.

Ya en abril el Ayuntamiento entregó el resto de documental relativa a estos tres contratos. Según explicó la defensa del Ayuntamiento, es la misma que se distribuyó a la Junta de Gobierno para dar cuenta de estos acuerdos comerciales tramitados en marzo de 2020 por la vía de emergencia. Así, aunque el consistorio de José Luis Martínez-Almeida se ha presentado siempre como una víctima de esta estafa, las acusaciones que litigan en la causa buscan implicar también a funcionarios de la Administración.

Las acusaciones señalan al Consistorio

Por ello, se pidió la imputación de la responsable de compras de este ente, Elena Collado, a quien el juez ha citado como testigo para el próximo 9 de mayo. Del mismo modo Más Madrid también reclamó que se imputara al gerente de la empresa municipal que firmó el contrato, Fernando Sánchez, y Podemos hizo lo propio en relación con Carlos Martínez-Almeida Morales. Este último fue la persona que puso en contacto a Luis Medina con el Ayuntamiento en su condición de primo del alcalde.

Pese al criterio de las acusaciones que ejercen los grupos parlamentarios, la Fiscalía Anticorrupción no ve motivos para ampliar la causa y se ciñe a la responsabilidad penal que pudieran tener por estos hechos tanto Luis Medina como Alberto Luceño. Los dos comisionistas declararon ante el juez el pasado lunes en su condición de imputados. Ambos negaron cualquier irregularidad y validaron el material entregado al consistorio. Sin embargo, el fiscal sostiene que se pudo cometer estafa con esta transacción comercial en tanto parte de los materiales enviados a España (especialmente los guantes y muchos test) estaban defectuosos.