La Fiscalía ha informado a favor de admitir a trámite la querella contra Dimas Gimeno por presunto espionaje en El Corte Inglés. El Ministerio Público ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción número 35 que se investigue al expresidente de los grandes almacenes junto con su hermano y su madre María Antonia Álvarez, por posible delito de revelación de secretos.
De esta forma da luz verde a investigar los hechos plasmados en la querella que presentaron tres personas del entorno del fallecido Isidoro Álvarez en los tribunales en diciembre. Según confirman fuentes fiscales a Vozpópuli, el Ministerio Público precisa que, de los tres delitos recogidos en el escrito (esto es, revelación de secretos, extorsión y organización criminal) únicamente tendría cabida investigar el primero de ellos.
La Fiscalía explica que de la lectura de la querella se desprende la presunta comisión de este último delito recogido en el artículo 197.1 del Código Penal. El mismo estipula que el que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.
Impulso procesal
La Fiscalía responde al requerimiento formulado el pasado mes de febrero por la magistrada Inmaculada Lova, la cual solicitó entonces que se pronunciara sobre si admitir a trámite esta querella o, por el contrario, archivarla. La instructora incoó diligencias un mes antes, en enero, a tenor de esta querella interpuesta contra la hermana y los sobrinos de Isidoro Álvarez, por haberles clonado, presuntamente, sus dispositivos móviles en plena guerra familiar por El Corte Inglés.
La querella relata que, en paralelo a estos hechos, Gimeno habría contratado a tres agencias de espionaje para controlar de cerca los movimientos de consejeros del gigante, así como de jueces y fiscales. Entre estas firmas se encontraría NSO Group, la empresa israelí que comercializa con el programa Pegasus. De hecho, de acuerdo con la querella desvelada en exclusiva por este medio, el empresario se habría beneficiado de este software en plena pugna contra Marta y Cristina Álvarez (hijas de Isidoro Álvarez) por el control de los almacenes.
La falta de respuesta sobre la querella llevó a estas tres personas a solicitar en mayo al juzgado que le diera impulso procesal a la causa. "Habiendo transcurrido tres meses sin tener ninguna comunicación sobre el procedimiento y dada la gravedad de los delitos querellados así como el devenir de nuevos acontecimientos que han sucedido en la actualidad, se solicita el impulso procesal para comenzar la instrucción o, en su defecto, sea inhibida la causa a la Audiencia Nacional", plasmaron.
La causa por el espionaje a Sánchez
Los querellantes se refieren al estallido del caso Pegasus y la posterior investigación que se abrió en la Audiencia Nacional en relación con la infección del teléfono móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Estos hechos se conocieron meses después de que ellos mismos presentaran su querella en los juzgados contra Dimas Gimeno. Sin embargo, las dos causas tienen su denominador común: un supuesto espionaje con Pegasus.
Según razonan, el hermano de Dimas Gimeno les clonó el teléfono en plena disputa familiar con las hijas adoptivas de Isidoro Álvarez por la herencia de la familia. En paralelo a estos hechos, se habría puesto en marcha un espionaje a gran escala dentro de los grandes almacenes para controlar a enemigos, miembros del Consejo de Administración así como jueces y fiscales.
En caso de no querer instruir esta querella por las personas de relevancia que fueron espiadas, pedimos que se inhiba a la Audiencia Nacional que se encarga de investigar hechos delictivos con el sistema Pegasus
El escrito, que se comenzó a trabajar en septiembre del año pasado, se presentó en los tribunales el último mes del año, cuando todavía no había saltado el escándalo sobre el presunto uso de este software israelí por parte del CNI para espiar a líderes independentistas catalanes. Por ese motivo, y ante la ausencia de respuesta por parte del juzgado, los querellantes proponen que, en caso de no admitir a trámite la querella, se inhiba en favor de la Audiencia Nacional. Dimas Gimeno, por su parte, niega a este medio las acusaciones y asegura que nunca contrató ni ordenó contratar con Pegasus.
En este nuevo escrito explican que se trata de delitos muy graves que harían necesario practicar una serie de diligencias de investigación. "Subsidiariamente, en caso de no querer instruir esta querella por su complejidad y por las personas de relevancia que fueron espiadas, se haga auto de admisión a trámite con la finalidad de inhibir la misma a la Audiencia Nacional que es quien se encarga en este momento de investigar los hechos delictivos realizados con el sistema 'Pegasus' a través de la empresa NSO Group, contratada por el querellado Dimas Gimeno", relatan.
Los tres denunciantes (todos ellos muy cercanos a la esfera del fallecido Isidoro Álvarez) se refieren al procedimiento abierto en el Juzgado Central de Instrucción número 4, que dirige el magistrado José Luis Calama Teixeira, y en el marco del cual se investigan las infecciones de los teléfonos de miembros del Gobierno con el sistema Pegasus. El instructor, que indaga la comisión de un posible delito de revelación de secretos, declaró la causa secreta al tratarse de unas pesquisas de carácter sensible y de información que puede estar clasificada.
La guerra de El Corte Inglés
No obstante, aguardan a que el juzgado se pronuncie sobre su petición. El escrito recoge una serie de hechos ocurridos a lo largo de 2018 con motivo de la guerra que enfrentaba a los Álvarez-Gimeno contra las hijas adoptivas de Isidoro Álvarez. En el marco de esta pugna, los primeros de ellos acudieron a pedir ayuda a los querellantes. Éstos, como fueron personas cercanas a Isidoro Álvarez, no dudaron en prestarles su apoyo.
El objetivo era iniciar una guerra en los tribunales contra Marta y Cristina Álvarez para evitar perder el control de El Corte Inglés. También les explicaron que el que fuera jefe de Seguridad de la firma, Juan Carlos Fernández Cernuda, podría haberles intervenido sus comunicaciones ya que se trataba de una persona "muy peligrosa". Por ello accedieron a prestarles los teléfonos e introducir unos códigos que les facilitó el hermano de Dimas Gimeno. A las horas les confirmaron que los terminales estaban limpios.
No obstante, los querellantes aseguran que lo que realmente hicieron fue clonarles los dispositivos de manera que el espionaje que impulsó el entonces presidente de El Corte Inglés no iría encaminado solo a investigar a sus enemigos, sino también a su entorno y personas de confianza. El objetivo, explican los denunciantes, era conseguir información privada de los consejeros para usarla en beneficio propio en plena pugna de poder por la presidencia de la mercantil.
Al respecto estas personas añaden, además, que cuando descubrieron que podrían estar siendo espiados y cortaron relaciones con María Antonia Álvarez, aparecieron micrófonos ubicados en el vestidor y la biblioteca de uno de los domicilios. Denuncian también que tuvieron que soportar durante año y medio la presencia continua de un coche en la puerta de su casa y que incluso en una ocasión unos individuos entraron asaltaron el garaje de su domicilio.
