Un juzgado abre otra causa contra Shakira tras acusarle la Fiscalía de dos delitos fiscales más en 2018

Nuevo frente judicial para Shakira. El juzgado de instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía Provincial de Barcelona contra Shakira por dos delitos fiscales. El Ministerio Público vuelve a actuar contra la cantante colombiana, esta vez por delito fiscal en el IRPF y en el Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2018.

Así lo confirman en exclusiva fuentes de la investigación a Vozpópuli, las cuáles indican que se vuelve a poner el foco en la artista por eludir, presuntamente, pagos al fisco. Se trata del segundo frente abierto para Shakira ya que, en paralelo al avance de estas nuevas diligencias, tiene pendiente sentarse en el banquillo de los acusados también por presunto fraude a Hacienda de 14,5 millones de euros en ejercicios anteriores.

Este asunto se siguió también en el mismo órgano que ahora abre una segunda causa contra Shakira. El juzgado de Esplugues de Llobregat –localidad donde residía la cantante- investigó esta primera acusación de fraude al fisco en los ejercicios de 2012, 2013 y 2014. El Ministerio Público pide para ella ocho años y dos meses de cárcel por seis delitos contra Hacienda por estos hechos.

Segunda causa en los tribunales

Al margen de ese procedimiento, la Fiscalía actúa ahora de nuevo contra Shakira también por presunto fraude fiscal. En este caso su actuación ya ha derivado en la apertura de nuevas diligencias. No obstante, las fuentes fiscales consultadas por este medio no concretan la cuantía por la que se le acusa al tratarse de una "investigación reservada". Con todo, es superior a los 120.000 euros; cifra que marca el Código Penal para que el fraude se tipifique como delito.

La Fiscalía ha presentado una nueva querella por dos delitos fiscales más en 2018, año en el que Shakira ya tendría la residencia fijada en España

Mientras estas pesquisas avanzan en el juzgado, Shakira tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados en noviembre por la primera causa que arrancó contra ella en 2019. En julio del año pasado la Sección Especializada de Delitos Económicos de la Fiscalía de Barcelona presentó escrito de acusación contra la artista por seis delitos contra la Hacienda Pública, aunque le aplicó la atenuante tras abonar más de 90 millones a Hacienda.

A diferencia de lo manifestado por su defensa, el Ministerio Público sostiene que Shakira permaneció "de manera efectiva" en España en los años 2012, 2013 y 2014 más del plazo que marca la ley. La principal acusación sostiene que residió en Barcelona, en concreto en el domicilio que compartía con su entonces pareja Gerard Piqué, en Esplugues de Llobregat.

En su escrito de acusación sostuvo que sus salidas fuera de España fueron esporádicas y que tenía su residencia fijada en España. Al hilo argumentó que la cantante ocultó a la Agencia Tributaria los ingresos percibidos dichos ejercicios utilizando para ello un "entramado" de empresas con domicilio social en Panamá, Holanda, Malta, Luxemburgo o las Islas Vírgenes Británicas.

Por todo ello en septiembre el juez que ha dirigido estas pesquisas abrió juicio oral contra ella y la envió al banquillo por los hechos que le imputa la Fiscalía. Este movimiento se produjo después de que la cantante rechazara el pacto que le propuso el Ministerio Público de declararse culpable. Entonces la artista alegó que confiaba en que la Justicia le daría la razón y no le condenaría por un presunto fraude de 14,5 millones de euros.

Shakira se defiende: "Es una persecución"

De hecho, la defensa de Shakira siempre ha defendido su "conducta fiscal impecable" y ha reiterado que nunca ha tenido problemas tributarios en otros países. Su abogado Pau Molins plasmó en el escrito de defensa presentado el pasado mes de noviembre que ha sido perseguida por el fisco español sin motivos ya que no hay evidencias fehacientes de que residiera en España más de 183 días, el límite que marca la ley para ser declarado residente legal en nuestro país.

El escrito ponía de manifiesto que Shakira pagó 90 millones a Hacienda y que en 2014 (año límite por el que se le acusaba en esta primera causa) fijó su residencia fiscal en España "como nuestra inequívoca de su voluntad de cumplir con todas sus obligaciones ante el fisco español". Antes de ese año, insiste su letrado, no vivió en España. Como prueba de ello apuntó que en 2011 apenas pasó 60 días en el país y que su centro de negocios se encuentra principalmente en Estados Unidos, país donde reside en la actualidad.

Molins apuntó además que España solo le supone el 2% del origen de sus ingresos mundiales, lo que explicaría sus largas estancias en el extranjero. "Esto muestra una vez más la escasa razonabilidad de la persecución de la Hacienda española, que invierte cuantiosos recursos públicos en una causa en la que carece de indicios para sostener la acusación", defendió Molins.

Su alegato acerca de que reside en España desde 2014 podría dificultar su defensa en esta segunda causa en la que se amplía el marco temporal y se actúa por presunto fraude al fisco en 2018. Con todo, se trata de unas diligencias que acaban de arrancar en el juzgado y que se encuentran en estado embrionario.