La Fiscalía de Canarias investiga por prevaricación el vertido tóxico de camiones municipales

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife investiga por delito de prevaricación medioambiental, gestión negligente y traslado ilegal de residuos la actuación de ciertos camiones de recogida de basuras en la Isla de La Palma. El Ministerio Público actúa ante una denuncia del sindicato del CSIF Canarias que además aportó imágenes explícitas de pérdida de líquidos "contaminantes".

Según el escrito presentado por el grupo sindical ante la Fiscal provincial, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, los vehículos encargados de la recogida y gestión de los residuos en la Isla de La Palma llevan realizando, desde hace más de un año, vertidos a la vía pública sin que el Consorcio de Servicios haya hecho nada al respecto. CSIF informa de que el gerente del consorcio provincial "tiene conocimiento de la avería que sufren los camiones" y, que aun así, no se han tomado las medidas oportunas.

El sindicato ha aportado grabaciones e imágenes, a las que ha tenido acceso este medio, para constatar el vertido de líquidos "contaminantes". Según, explica en su escrito estos líquidos se forman por "la reacción, arrastre o filtrado de materiales que constituyen los residuos y que contienen en forma disuelta o en suspensión, sustancias que pueden infiltrase en los suelos o escurrirse fuera de los sitios den los que se depositan los residuos y que pueden dar lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos de agua, provocando su deterioro".

Muestra del conocimiento por parte del gerente del consorcio provincial, son las denuncias presentadas por el comité de la empresa por el estado de los camiones. Además, los trabajadores encargados de la recogida de residuos en los 14 municipios convocaron el pasado 30 y 31 de octubre un parón seguido -según datos de CSIF- por el 95% de la plantilla del Consorcio de Servicios de La Palma.

Huelga de trabajadores por el vertido de los camiones

Entre las reclamaciones se encuentra "el bochorno por las imágenes y vídeos que acreditan que más de la mitad de la flota de camiones del Consorcio de Servicios vierten de forma incontrolada sustancias líquidas tóxicas (lixiviados) a la vía pública. También lamentan "la nula voluntad del gerente", que también apunta CSIF en su escrito a la Fiscalía, para solucionar las deficiencias en la gestión de residuos.

CSIF Canarias apunta, además, que los hechos -que revisten penas de prisión- también han sido puestos en conocimiento de la Inspección Provincial de Trabajo, ya que las pruebas recogidas hacen sospechar que se han producido negligencias en la evaluación de riesgos laborales derivados de la manipulación de residuos y "el riesgo de vertidos incontrolados".

El denunciante entiende que el vertido de estos líquidos "contaminantes" reviste un delito de gestión negligente de residuos. El artículo 326.1 del Código Penal sanciona la actuación que en el transcurso de la gestión de residuos "ponga en peligro a las personas o a los elementos del medio ambiente".

Según lo recogido por la Directiva 2008/99 CE, se entiende como requisitos típicos del delito aquellas conductas, activas u omisivas, que "causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del suelo o de la calidad de las aguas o a animales o plantas".

También piden investigar un presunto delito de traslado ilegal de residuos y otro de prevaricación medioambiental. Respecto a la no actuación del gerente del consorcio provincial, el sindicato recurre en su denuncia al artículo 329 del Código Penal en el que se sanciona a la autoridad o funcionario público por "omitir la realización de las inspecciones obligatorias", en este caso, de los vehículos municipales y "silenciar con motivo de sus inspecciones la infracción de leyes o disposiciones administrativas que las regulen".

"Alterar o falsear" documentos

Esta última supuesta infracción a la que alude el CSIF, hace referencia a una denuncia previa presentada por el grupo sindical ante a la Inspección Provincial de Trabajo de Santa Cruz de Tenerife con motivo de la entrega al Comité de la empresa de un documento bajo el nombre de "Evaluación de Riesgos Laborales", fechado el 7 de enero de 2022.

El denunciante manifiesta ante la Fiscalía ciertas irregularidades en dicho escrito, respecto a las visitas ejecutadas por dos delegados de prevención a la empresa de residuos. CSIF asegura, mediante el testimonio, de los trabajadores mencionados, que las personas a las que la empresa apunta como presentes en las visitas no estuvieron allí.

El escrito recoge, además, la declaración jurada de ambos delegados de prevención en la que niegan rotundamente su presencia en tales visitas y tener un curso en materia de prevención en riesgos laborales.

Por todo ello, el denunciante solicita al Ministerio Público que se cite como testigo, en primer lugar, a la responsable del Consorcio en materia de Prevención de Riesgos Laborales, nombrada supervisora en las visitas. Así como la declaración del presidente del Comité de Empresa del personal laboral del Consorcio de Servicios.

Por último, el grupo sindical entiende que estos hechos podrían ser constitutivos de una infracción "muy grave" en materia de orden social por "alterar o falsear el contenido del documento". Asimismo, remarcan otra infracción de carácter grave por no adoptar medidas preventivas adecuadas para frenal el vertido de sustancias contaminantes de los camiones.