Una vez aterrizado en la dura realidad de otros cuatro años de oposición, lo primero que quiere hacer Alberto Núñez Feijóo es desmontar la "patraña", señalan a Vozpópuli fuentes de la Dirección del PP, de que la mayoría parlamentaria que va a apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez se pueda denominar "progresista" albergando a una formación liberal, Junts per Catalunya, y otra de centro derecha, el PNV.
Los populares van a usar su mayoría absoluta en el Senado para rechazar el llamado techo de gasto que enviará el Ejecutivo a las Cortes en las próximas semanas -trámite previo a la remisión del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado 2024-, y tanto en la Cámara Alta como en el Congreso apoyarán enmiendas presupuestarias de esos dos grupos nacionalistas; la idea es las cuentas del Estado para el año próximo reflejen "la realidad del resultado en las urnas el 23 de julio pasado".
Durante su discurso de investidura, el recién reelegido presidente del Gobierno deslizó varias veces que los 12,6 millones de españoles que votaron a los partidos que le apoyan son más que los once millones del "bloque reaccionario" contra el que pretende erigirse en "muro de contención de la ultraderecha". El PP va a tratar, dicen las fuentes populares consultadas, de desmontar con hechos que el programa económico pactado por PSOE y Sumar sea el que aplique finalmente el gabinete de coalición.
Cuando Sánchez y Yolanda Díaz presentaron el acuerdo entre PSOE y Sumar, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, les advirtió de que no tienen mayoría "para imponer agenda"; una cosa es que los peneuvistas no puedan sumarse a un gobierno de Feijóo apoyado por VOX y otra que traguen con todo lo que el nuevo gobierno ponga sobre la mesa.
En el punto de mira de los populares, y también de las patronales vasca y catalana, con fuerte ascendencia en los dos partidos nacionalistas, se sitúan medidas como la subida del impuesto de sociedades a las grandes empresas -recientemente el consejero delegado de Repsol y ex presidente del PNV, Josu Jon Imaz, amenazó con congelar inversiones en España-, o imponer por ley la jornada laboral de 37,5 horas semanales en España manteniendo los niveles salariales.
De hecho, cuando el pasado 24 de octubre Pedro Sánchez y la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, presentaron el acuerdo entre ambos partidos, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, les advirtió de que no tienen mayoría "para imponer agenda"; que una cosa es que los peneuvistas no puedan sumarse a un gobierno de Feijóo apoyado por VOX y otra que vayan a tragar con todo lo que el nuevo gobierno les ponga sobre la mesa; particularmente en el ámbito económico.
En este sentido, fuentes de la patronal catalana Foment del Traball señalan a Vozpópuli que ellos están trabajando con la CEOE de Antonio Garamendi en la idea de frenar a través del PP, del PNV y de Junts, algunas de las iniciativas que consideran "más lesivas" de ese programa de gobierno PSOE/Sumar, al margen de que Foment vea la Ley de Amnistía con mejores ojos que el resto del empresariado español.
Horas extra o compensación
"En la última Junta directiva (de CEOE) hablamos precisamente de eso: vale, la Ley de Amnistía no gusta, de acuerdo, pero lo importante para nosotros los empresarios son temas como la jornada de 37,5 horas manteniendo el mismo salario por decreto, o la subida de impuestos, que pueden afectar ambas a la inversión y a la creación de empleo", señala a este periódico una fuente de Foment, presidida por el ex diputado de Unió Democrática de Catalunya (UDC), Josep Sánchez Llíbre.
Las empresas de cara al público -el 90% de comercios y pymes-, sobre todo las que deben atender a un servicio establecido de horas como farmacias y las que gestionan contratas públicas, se van a ver obligadas a abonar las horas extra que ahora no pagan, en su defecto aumentar plantilla, o bien compensar jornadas largas de invierno con más cortas en verano y puentes.
El PP frenará con PNV y Junts el aumento de la indemnización por despido que pretende Díaz espoleada por los sindicatos: UGT quiere recuperar el ‘salario de tramitación’, elevar a 45 los actuales 33 días de indemnización por año trabajado en los ‘improcedentes’ y establecer una compensación mínima de, al menos, seis meses que resarza en las relaciones laborales cortas
Otro asunto controvertido es el aumento e indemnización por despido, que el PP cree poder frenar con PNV y Junts: El nuevo Gobierno, particularmente Yolanda Díaz, espoleada por UGT y Comisiones Obreras, se ha mostrado partidaria de ello. UGT quiere recuperar el llamado salario de tramitación, elevar a 45 los actuales 33 días de indemnización por año trabajado en los despidos improcedentes y establecer una compensación mínima de, al menos, seis meses que resarza en las relaciones laborales cortas. Se trata de disuadir a las empresas para que no despidan.
El PP se opone y la CEOE ha puesto el grito en el cielo porque cree que esa medida, unida a la reducción de jornada por decreto, hundirá a buena parte del tejido empresarial español compuesto por Micro empresas con poca flexibilidad laboral y no va a mejorar la productividad. Un análisis que comparten las patronales vasca y catalana "sin fisuras", advierten las fuentes de Foment consultadas, y que ya han trasladado tanto a Feijóo como a los dos partidos nacionalistas que sostienen a Sánchez en La Moncloa.