Alberto Núñez Feijóo está convencido de que, además de los 1,6 millones de 'huérfanos' de Albert Rivera que votaron Ciudadanos en las elecciones generales el 10 de noviembre de 2019, unos 600.000 socialistas moderados le votarán en las próximas generales "alarmados por la deriva del PSOE y Pedro Sánchez que estamos viendo esta semana", señalan a Vozpópuli fuentes próximas al líder del Partido Popular; él mismo lo verbalizó durante un acto en Valencia el viernes: "Vengo a decirles a los socialistas que se unan a nosotros".
Un primer trasvase de ese voto ya se produjo hacia Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas del 4 de mayo del año pasado -90.000- y el segundo fue en las elecciones andaluzas del pasado 22 de junio. En estas últimas, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) presidido por alguien tan poco sospechoso de antisanchismo como José Félix Tezanos, detectó a posteriori la fuga de hasta 150.000 ex votantes socialistas que otorgaron la mayoría absoluta al popular Juan Manuel Moreno Bonilla.
En la diferencia entre esos dos primeros trasvases y el ansiado de 600.000 votos -360.000 procedentes del resto de España- que en anteriores elecciones iban al PSOE, las mismas fuentes consultadas creen que va a estar la clave de las dos citas electorales que viviremos a lo largo del año próximo, autonómicas y municipales del 28 de mayo, y generales seis meses más tarde.
Si el PP logra convertir los comicios territoriales de mayo en un referéndum 'Sánchez sí/no', y ese trasvase de voto se consolida, el presidente no se recuperará de la pérdida de autonomías y alcaldías, como le ocurrió a Zapatero en 2011
Dicho de otra manera: si Feijóo logra convertir los comicios territoriales de mayo en un referéndum 'Sánchez sí/no' y ese trasvase de voto socialista al PP se consolida, el actual presidente del Gobierno no se recuperará de la pérdida de muchas autonomías y alcaldías, como le ocurrió a José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, y el líder popular tendrá más a tiro una victoria en las posteriores elecciones generales.
Una tendencia que muy probablemente se irá agravando en los próximos meses, argumentan los populares, dado el fuerte rechazo -hasta un 70% de votantes socialistas- que provoca la derogación del delito de sedición y, sobre todo, la rebaja de penas por malversación para favorecer a Oriol Junqueras y los condenados por el 1-O de 2017 en Cataluña, señalan los populares. Las "consecuencias" para los 526 condenados en España por malversación "las iremos viendo en los meses previos a los comicios de mayo", apuntan con total seguridad, como ha ocurrido con los 87 violadores beneficiados -doce excarcelados- tras la entrada en vigor de la Ley del 'solo sí es sí'.
"Las caras en la bancada del Grupo Socialista el lunes no eran las del martes y, a su vez, las de hoy no eran las de ayer", relataba un dirigente de la dirección del PP el miércoles, cuando todavía faltaban 24 horas para que se produjera el choque entre el Congreso y el Tribunal Constitucional a cuenta de la elección de sus magistrados y el posterior 'jueves negro' en el Hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo con acusaciones mutuas de "golpe de Estado" a izquierda y derecha.
Es más, ese miércoles, tras la sesión de control al Gobierno en la que no estuvo Pedro Sánchez -estaba en Bruselas asistiendo a la cumbre Europea sobre el gas-, se produjo un episodio que no pasó desapercibido al Grupo Popular; una de esas anécdotas que, dependiendo del momento político, se convierten en categoría: la ministra de Defensa y magistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles, no abandonó del Hemiciclo por la salida habitual al pasillo sino por otra posterior cercana al bar interior de los diputados, "para no tener que responder a preguntas incómodas de los periodistas sobre el delito de malversación", sospechan los populares.
Margarita Robles evitó el miércoles a los periodistas en los pasillos del Congreso para no tener que volver a responder sobre el incómodo tema para el Gobierno de la rebaja en las penas por delitos de malversación
Unos cambios que Robles ha defendido públicamente en términos estrictamente técnicos -la necesidad de distinguir entre condenados por lucro personal o no- sin entrar en una forma de hacerlo, vía enmienda de ERC, que genera amplio rechazo en las filas socialistas; sobre todo por la "corrupción" que supone haberlo hecho pactando el nuevo Código Penal con "los delincuentes" (sic), dejó dicho en Onda Cero quien fuera vicepresidente del Gobierno y vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, para incomodidad de La Moncloa y Ferraz.
Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, se apresuró el martes a mostrar su absoluta alineación con las palabras de Guerra: "No es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena" y pidió a su partido que no tome por tontos a los españoles.
Aunque tiene encuestas propias que le dan mayoría absoluta en las elecciones de mayo, Page no acaba de tener todas consigo de que no haya un 'tsunami' de rechazo a Sánchez que propicie la entrada de Vox en el Parlamento Regional y el candidato popular, Francisco Núñez, hasta hace cuatro días un desconocido en la región, pueda formar finalmente gobierno.
Otro tanto le ocurre en Aragón a Javier Lambán con Jorge Azcón -actual alcalde popular de Zaragoza- y a Guillermo Fernández Vara en Extremadura con la desconocida candidata popular María Guardiola -un sondeo de GAD3 para el propio PP les da casi empate-; incluso los habitualmente poco díscolos con Sánchez Juan Lobato, líder del PSOE en Madrid, Luis Tudanca, secretario general en Castilla y León, y el muy sanchista alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que ha reconocido que rebajar la malversación no le gusta.
