España forzó la expulsión de dos espías de EEUU por sobornar a agentes del CNI a cambio de información

España forzó la expulsión de dos espías de Estados Unudos por su infiltración hostil en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El Gobierno, a través de los ministerios de Defensa y Exteriores, protestó ante la embajadora del país norteamericano al descubrir que dos agentes del servicio español fueron sobornados para facilitar información clasificada.

Los hechos, que adelanta 'El País', ocurrieron después de verano, cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, citó a la embajadora Julissa Reynoso para pedirle explicaciones.

Según el Ejecutivo, se trató de una acción hostil e insólita contra el servicio de Inteligencia español. También fue convocada por el titular de Exteriores, José Manuel Albares, trasladándole este su malestar.

De esta manera, dos agentes estadounidenses fueron expulsados. Estaban destinados en la Embajada de la potencia norteamericana en Madrid e implicados directamente en la captación de los espías del CNI.

La operación terminó hace dos meses con la detención de los dos agentes del servicio secreto español. Esta comenzó antes del periodo estival, cuando en un control de seguridad del CNI se descubrió que habían accedido a información clasificada que no precisaban para el desempeño de su trabajo. Tampoco tenían autorización para acceder a la misma.

Se trataba de un jefe de área, una de las secciones que forman parte de la división de Inteligencia. El segundo detenido era su ayudante.

Las pesquisas confirmaron que al menos uno de los agentes había sido captado por espías de EEUU para que les consiguiera información secreta a cambio de una importante cantidad de dinero.

Un jefe de área del CNI y su ayudante

Se trataba de un jefe de área, una de las secciones que forman parte de la división de Inteligencia. El segundo detenido era su ayudante.

Después de que la directora del Centro, Esperanza Casteleiro, procediese a denunciar los hechos ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que pasó finalmente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Gobierno reprochó a EEUU lo ocurrido.