España debe pedir perdón a la comunidad trans. Así lo cree Esquerra Republicana (ERC), que defiende este miércoles en la Comisión de Igualdad una Proposición No de Ley (PNL) para que el Estado español pida disculpas de manera oficial por la "violencia" que ha ejercido durante "42 años" de historia de la democracia. Un período al que habría que sumar toda la dictadura.
No es la primera vez que el partido de Gabriel Rufián pide a la nación española un acto público de perdón. ERC ya solicitó en su momento, como contó este diario, un acto de Estado en honor del expresidente de la Generalitat Lluís Companys, que amparó miles de asesinatos y dio un golpe de Estado contra la Segunda República (1934). También se hizo eco este periódico de su PNL para que España pidiera perdón a Marruecos por la Guerra del Rif, acontecida hace casi 100 años bajo el reinado de Alfonso XIII, bisabuelo del actual rey Felipe VI.
En esta última petición de perdón por parte de ERC, se solicita al Ejecutivo "reconocer, en nombre del Estado español, el sufrimiento causado a las personas trans por la violencia sistemática y la vulneración de derechos, y expresar sus disculpas oficiales a la comunidad trans".
En la PNL, Esquerra hace un recorrido histórico que comienza con el régimen franquista. Hace referencia a las cárceles que el Gobierno de Franco habilitó con el exclusivo fin de "reeducar" a los homosexuales, que estaban localizadas en Huelva y Badajoz. También recuerda las prisiones de la Modelo de Barcelona, la Modelo de Valencia y la de Carabanchel, en Madrid, en las que se habilitaron módulos para la "rehabilitación" sexual de los represaliados.
Con la llegada de la democracia, sin embargo, se despenalizó la homosexualidad con la modificación, el 26 de diciembre de 1978, de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social... Sin embargo, argumentan en ERC, seguía vigente la Ley de Escándalo Público, "la cual fue empleada como herramienta de persecución sobre el colectivo trans hasta su derogación el 14 de octubre de 1987". "Durante este período fueron centenares las personas trans sancionadas, detenidas, vejadas y apaleadas por el supuesto delito de mostrarse en público con una estética contraria a su identidad de género impuesta", subraya Esquerra.
Por otra parte, el partido de Rufián argumenta que hasta 1983 no se despenalizaron las cirugías de reconstrucción genital, "entonces llamadas cambio de sexo". "No fue hasta el 2 de julio de 1987 la Sala Primera del Tribunal Supremo aprobó el cambio de sexo legal de las personas trans, dando paso al cambio de sexo registral", añaden.
Otro de los insultos a la comunidad trans según ERC tuvo lugar en 1995, cuando el PSOE de Felipe González sacó adelante el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. En esta norma se excluyó de la atención sanitaria las cirugías genitales de las personas trans. "Por ende, por una parte, se abocó a las personas trans a la autohormonación, con el grave riesgo que esto implica para la salud, y por otro lado, se forzó a las personas trans a recurrir a la medicina privada para las cirugías genitales", reza la PNL.
La "esterilización forzosa" de Zapatero
La recopilación de agravios continúa casi hasta nuestros días. Por ejemplo, critican que no fuera hasta 2001 cuando se autorizó el "primer matrimonio entre una mujer trans con un hombre". "Anteriormente, aunque con nombre y sexo registral modificados, e incluida la cirugía genital, la justicia española no consideraba a la mujer trans como mujer. El matrimonio era considerado una unión entre hombres homosexuales".
Tampoco ve con buenos ojos Rufián la ley de Zapatero de 2007 por la que se reguló la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Esta ley no exigía cirugía genital pero "supuso de facto", según ERC, "una esterilización química forzosa derivada del requisito de dos años previos de tratamiento hormonal". También critican dicha ley por tratar a las personas trans "como enfermas, al exigir un diagnóstico de disforia de género y excluir a todas las personas menores de 18 años de su derecho constitucional a su identidad".
