ERC salvó el decreto de Sánchez pese al rechazo del 'Govern' a las ayudas al transporte

ERC volvió a ejercer de salvavidas de Sánchez el pasado jueves, cuando votó a favor del decreto del Gobierno para poner en marcha un plan de ahorro energético y un paquete de ayudas al transporte. Todo ello, a pesar de la oposición de la Generalitat de Cataluña, presidida por el republicano Pere Aragonès, a la gratuidad de los servicios de Renfe, como Cercanías y Rodalies, oficializada a través de una carta al Ministerio de Transportes. Esquerra, además, había registrado apenas unos días antes en el Congreso una batería de preguntas por escrito donde dejaba claras sus reticencias al texto aprobado en el Consejo de Ministros del 1 de agosto.

Desde el mismo momento en el que el Gobierno dio luz verde al decreto, tanto el Govern catalán como ERC mostraron sus dudas sobre el plan de ahorro energético y los republicanos mantuvieron, hasta el final, la duda sobre el sentido de su voto. No obstante, la parte del articulado que generaba más desconfianza a la Generarlitat y también al Grupo Parlamentario en el Congreso era el relacionado con las ayudas al transporte.

Por ese motivo, tanto el ejecutivo autonómico como ERC en la Cámara Baja pidieron explicaciones al Gobierno central a través de una carta y también de preguntas por escrito en el Congreso. En la misiva, además, la Generalitat se mostró muy crítica con el texto aprobado en el Consejo de Ministros.

"Ruptura" y "discriminación"

La carta de la Generalitat de Cataluña al Gobierno central fue enviada el pasado 2 de agosto, un día después de la aprobación del decreto en el Consejo de Ministros. El documento, que tiene a la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo como destinataria, está firmado por Isidre Gavín Valls, secretario de Territorio y Movilidad , perteneciente al Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio que dirige Jordi Puigneró (Junts).

Desde el primer párrafo, el Govern de Aragonès deja claro su enfado con el decreto del Ejecutivo: "El motivo de mi escrito es reiterar nuestra máxima preocupación ante el impacto de la medida anunciada de la gratuidad del transporte ferroviario de cercanías y regionales gestionado por Renfe sobre el sector del transporte de viajeros por carretera y manifestar la imperiosa necesidad de adoptar las medidas pertinentes para paliar en la medida posible dicha afectación".

En opinión del Govern, "esta medida agudiza aún más la delicada situación financiera en la que se encuentran los operadores de transporte regular por carretera derivada del incremento de los costes de explotación especialmente debido a la crisis del combustible y cuando la demanda todavía no se ha recuperado de la pandemia del Covid 19".

Se genera un agravio comparativo sin justificación que afectará gravemente al conjunto de empresas operadoras de transporte de viajeros

Sobre la gratuidad de algunos servicios de transporte, la Generalitat advierte en la carta que esa decisión "supone una ruptura injustificada de las normas del mercado del sector del transporte de viajeros actualmente establecidas" y que "de no adoptarse las medidas de compensación correspondiente por parte de la Administración General del Estado que ha anunciado de forma unilateral dicha gratuidad se genera un agravio comparativo sin justificación que afectará gravemente al conjunto de empresas operadoras de transporte de viajeros".

Para el gobierno catalán, el decreto suponía una "discriminación de modos de transporte y operadores" que "puede comportar unos efectos no deseados en el conjunto del sistema de transporte, a sus operadores y los
propios usuarios". Por todo ello, concluía la misiva, "consideramos que en el caso de mantenerse la medida anunciada de gratuidad de los servicios ferroviarios gestionados por Renfe debe adoptarse una media
similar para los servicios de transporte por carretera".

Las dudas por escrito de ERC

Dos días después de la carta de la Generalitat al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ERC registró en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas por escrito sobre las ayudas al transporte, denunciando, en la exposición de motivos, que "se produce una competencia desleal absoluta entre modos de transporte público, pues al servicio operado por el operador público Renfe se le reconoce una gratuidad del 100% (asumiendo el coste la Administración Pública), mientras que a los operadores de autobús no se les concede esta misma posibilidad".

El Grupo Republicano preguntó al Gobierno por los cálculos estimados del aumento del uso del transporte ferroviario, tanto en Cercanías como en Rodalies como los trenes de Media Distancia y de Alta Velocidad, por las "medidas compensatorias para los territorios sin transporte ferroviario de ningún tipo, como las islas de Menorca, Eivissa y Formentera"; y por el "coste real" de estas medidas, cuestionando si son suficientes 201 millones de euros.

Desde ERC también querían saber si el Ejecutivo central apoyaría presupuestariamente las iniciativas de gobiernos locales y autonómicos de bonificación del uso del transporte público en territorios fuera de ámbito de aplicación del decreto y por qué el periodo de vigencia del mismo es solo hasta el 31 de diciembre.

Finalmente, los republicanos preguntaron al Gobierno por el motivo de aprobar la misma bonificación para todos los usuarios sin "tener en cuenta parámetros redistributivos de la riqueza como la renta", si se adoptarían medidas complementarias, y si el empadronamiento sería un requisito para beneficiarse de las ayudas, alertando en este sentido de la amenaza de "acentuar el efecto 'agujero negro' de las grandes áreas urbanas al incentivar que la población flotante opte por empadronarse".

Proyecto de ley

Pese a todas estas críticas, dudas y reticencias, los diputados de ERC votaron el jueves a favor del decreto con la condición, eso sí, de que se tramite como proyecto de ley de forma inmediata.

En el periodo de enmiendas, los republicanos exigirán modificaciones en el texto inicial, sobre todo en lo referente a las al transporte público y al impulso de las renovables en el plan de ahorro energético.