La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, deberá abstenerse en la denuncia que el PSOE ha presentado esta semana contra Vox por presuntos delitos de injurias y calumnias y delitos de odio. Según lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, tendrá que delegar el procedimiento en su 'número dos' por haber sido diputada del Partido Socialista y ministra de Justicia de Pedro Sánchez. 

En el artículo 351 se estipula que los fiscales que reingresan a la carrera judicial "deberán abstenerse" de "intervenir en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas". De ahí que Delgado, que ocupa el cargo de fiscal general del Estado desde el pasado 26 de febrero a propuesta del Gobierno, deba apartarse del procedimiento que pretende llevar a cabo el partido del que fue número cinco en la lista de Madrid al Congreso de los Diputados.

El PSOE quiere que se investigue a Vox por la publicación de varios tuits en los que incurre en una "manifiesta y reiterada incitación al odio" y "lesionan tanto el honor de la organización como del Gobierno". La formación liderada por Sánchez ha pedido que se abran diligencias al considerar que "nadie, ni tan siquiera una formación política, se puede amparar en la libertad de expresión manifestada a través de la crítica política para cometer delitos". 

Deberá delegar en el teniente fiscal del Supremo

La Fiscalía debe ahora estudiar si acepta o no a trámite la denuncia presentada por los socialistas. Al tratarse de un órgano jerárquico, Delgado tiene la autoridad para dar instrucciones a los fiscales en lo relativo a los criterios para desarrollar las acusaciones del ministerio público. En este caso, sin embargo, la ley estima oportuno que la exministra se aparte de la deliberación.

Si la fiscal jefe finalmente se abstiene, la responsabilidad recaerá en el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, quien fue nombrado en 2014 por el entonces ministro de Justicia Rafael Catalá y tiene previsto jubilarse este año. Dicha circunstancia tendría lugar dos meses después de que Delgado prometiera, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados, que estaría al frente de una Fiscalía independiente del Poder Ejecutivo y que no interferiría como máxima responsable en las investigaciones de sus subordinados.

Críticas en la oposición y la judicatura

La promesa fue enunciada en medio de críticas apuntadas por la oposición y miembros de la judicatura ante la decisión de Sánchez de nombrar a Delgado fiscal general cuando aún era ministra de Justicia. En aquel momento, miembros de la Fiscalía y del Consejo General del Poder Judicial alertaron de que la exministra tendría que apartarse de causas como la que se sigue contra el proceso independentista catalán. En concreto, porque la propia Ley Orgánica del Poder Judicial establece como motivo de inhibición el hecho de haber ocupado un cargo público "con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo".

Ante la situación actual, la Asociación de Fiscales insiste en su postura y reitera su disconformidad: "Jamás nos habíamos encontrado en una situación así. Por eso siempre hemos criticado este nombramiento, porque nos coloca en estas posiciones anómalas y extrañas", asegura a Vozpópuli. Cristina Dexeus, presidenta de la asociación, considera que la exministra está obligada a no entrar en los procedimientos en los que se vean afectados políticos de su antiguo partido. 

Este escenario tiene lugar días después de que Unidas Podemos -partido de coalición del PSOE- presentara su propia denuncia ante la Fiscalía por la supuesta campaña de bulos desarrollada en redes sociales contra el Ejecutivo en plena crisis del coronavirus. El ministerio público ya admitió dicha solicitud y acordó abrir diligencias. Ahora tendrá que decidir qué hacer con la petición de Ferraz.