La Asamblea Nacional francesa aprobó a principios de abril una ley para proteger las "lenguas minorizadas" -como el catalán, euskera, occitano, corso, alsaciano o bretón- y facilitar así la inmersión lingüística en las escuelas de las regiones donde se habla alguna de estas lenguas. Pero ahora un grupo de 60 diputados de La República En Marcha, el partido del presidente Emmanuel Macron, han presentado un recurso ante el Consejo Constitucional (el Tribunal Constitucional francés) contra este nuevo texto legal.

Estos diputados consideran que algunos de los artículos de la nueva legislación pueden ser inconstitucionales al contradecir el artículo dos de la Constitución francesa, que consagra el francés como lengua de la República. En especial, el que hace referencia a la "enseñanza inmersiva".

La polémica ley fue promovida por el diputado bretón Paul Molac, del grupo parlamentario Libertades y Territorios, y aunque en un principio no contaban con el apoyo de la formación de Macron, finalmente la iniciativa salió adelante con 247 votos a favor y 47 en contra.

Ahora desde entidades como APLEC (Asociación por la Educación en Catalán en Francia) critican la decisión de estos 60 parlamentarios liberales e instan a los "diputados catalanes" a actuar para que "retiren el recurso".

En el comunicado publicado en su página web, APLEC carga contra los diputados "partidarios del monolingüsimo y cómplices del lenguacidio agravado". También señalan al ministro de Educación, Jean-Michael Blanquer, por ir "en contra de la enseñanza de las lenguas regionales". Y no confían en que los tribunales les puedan dar la razón: "Sabemos todo el amor que el Consejo Constitucional por las lenguas regionales. Es urgente que estos parlamentarios ratifiquen su decisión y acaben este acoso indigno de un país democrático".

El recurso fue presentado el pasado 23 de abril, coincidiendo con la efeméride de Sant Jordi. El presidente Macron ya había retrasado hasta el último momento la promulgación del texto. Un hecho que suscitó el enfado de los partidos regionales que la habían aprobado. "¿De qué tienen miedo?", preguntó de forma retórica el mismo promotor, Paul Molac.

"Enseñanza inmersiva"

Esta ley facilita la inmersión en las aulas francesas además de permitir la enseñanza de algunas materias en idiomas minoritarios. Asimismo, abre la puerta a la subvención de escuelas bilingües privadas en sitios donde no es posible el acceso a la educación en estas lenguas en el sistema público. También promueve la señalización del espacio público en estos idiomas en estas regiones bilingües.

El hecho de que la ley hable de "enseñanza inmersiva" ha suscitado las suspicacias de distintas fuerzas políticas y creen que el recurso puede prosperar, ya que el artículo dos de la Constitución francesa consagra el francés como lengua de la República.

El modelo de educación pública en Francia se basa en la idea de una única lengua y un sistema homogéneo en todo el territorio como garantía de libertad e igualdad entre ciudadanos. En este sentido, la inclusión progresiva de otras lenguas se ve, desde algunos grupos políticos, como una amenaza contra los valores fundacionales de la República.

El sistema centralista francés ha reducido el uso de las lenguas regionales a la mínima expresión. Tanto en la administración pública como en su uso social. Se estima que de los 12 millones de estudiantes en el sistema escolar francés, solo unos 170.000 reciben clases en catalán, euskera, corso, occitano, bretón o alsaciano.

Macron, en contra de la cooficialidad

Un año después de llegar al Palacio del Elíseo, Macron viajó a Córcega para aceptar una reivindicación del nacionalismo corso, que era la del reconocimiento de la singularidad y especificidades de la isla en la Constitución francesa. Sin embargo, el presidente de la República dejó muy claro que "el francés es la única lengua oficial".

La misma línea política ha mantenido en el sur de Francia, con las reclamaciones del nacionalismo catalán y vasco. Aunque algunos de sus diputados, como Romain Grau, de Perpiñán, se ha mostrado a favor de que haya un "marco más permisivo" con el resto de idiomas que se hablan en el país galo.

Las entidades filocatalanistas ya se han movilizado para instar a sus partidos de referencia que convenzan a ese grupo de 60 diputados de retirar el recurso. Consideran que la vía judicial puede cerrar la puerta a sus aspiraciones de que el catalán o el euskera adquiera un mayor estatus.