La Policía Nacional ha detenido en San Sebastián a un empresario de la construcción de origen ucraniano al que acusa de explotar laboralmente a compatriotas suyos desplazados por la guerra, así como a otros trabajadores latinoamericanos, rusos y de Tayikistán, mientras que investiga a su socio, de nacionalidad española.
La Dirección General de la Policía ha informado este viernes en una nota de que esta persona fue detenida el pasado 15 de junio y que, tras prestar declaración, quedó el libertad "con la obligación de comparecer ante el juzgado correspondiente". Añade que al día siguiente tomó declaración a su socio, que había sido citado en calidad de investigado, también por la presunta comisión de presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores.
Las pesquisas se iniciaron a mediados de mayo, cuando los investigadores del Grupo II de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de San Sebastián tuvieron conocimiento de que varios trabajadores extranjeros, en su mayoría ucranianos, "estaban siendo empleados en condiciones gravosas y vulnerando los derechos laborales" por un empresario de la construcción afincado en Guipúzcoa.
Condiciones laborales
La Policía logró localizar a siete de estos trabajadores -a seis en Guipúzcoa y a uno en Barcelona-, quienes aseguraron que habían venido a España, unos solos y otros con sus mujeres e hijos, "empujados por la guerra en su país". Explicaron que, al carecer de permiso de residencia, se vieron obligados a realizar "diversos trabajos precarios hasta que algún miembro de la comunidad ucraniana asentada en el País Vasco les recomendó trabajar para un compatriota suyo que regentaba una empresa de reformas de construcción".
En sus declaraciones "como víctimas", los trabajadores detallaron que el empresario les prometía contratos de trabajo para regularizar su situación en España y un sueldo supuestamente acorde con el convenio del sector. Sin embargo, nunca les dio de alta en la Seguridad Social y solo les hacía "micropagos" en metálico que a lo largo de un mes sumaban alrededor de 500 euros, "a pesar de que era conocedor de que algunos de ellos vivían en habitaciones de alquiler por 350 euros", lo que era "prácticamente insuficientes para cubrir las necesidades básicas de manutención". Además de no ingresarles "la nómina completa" con la excusa de que los clientes no le pagaban, tampoco les abonaba la jornada si enfermaban y no podían acudir al trabajo.
Algunas de las víctimas relataron que les hacía trabajar entre doce y trece horas "sin librar ningún día de la semana o solo los domingos" y que "les gritaba habitualmente y les amenazaba con deportarlos para ir a la guerra si no se plegaban a su voluntad". Asimismo, contaron a los investigadores que "en más de una ocasión se dejaba ver por la obra donde trabajaban acompañado de un hombre de origen español que posiblemente era su socio".
Para el caso de que tuvieran un accidente, su compatriota "les aleccionaba" con el fin de que contasen que este "se había producido en otra circunstancia, pero nunca trabajando". Uno de ellos dijo "que sabía que un compañero que trabajó en un tejado sin equipo de protección individua (EPI) sufrió una caída y se fracturó la cadera", añade la nota de la Dirección General de la Policía. Afirmaron que, a pesar de haber tenido que realizar trabajos en altura, el empresario "nunca les facilitó ningún EPI" y que, si se quejaban por esta razón, les decía "que fuesen con cuidado y no les pasaría nada".
En la actualidad, las siete víctimas tienen su situación administrativa regularizada en España. "Casi todos cuentan con permisos de residencia temporal por circunstancias excepcionales derivadas de la guerra en Ucrania", precisa la Policía.
