Tribunales

El Supremo evidencia tres décadas de 'chapuzas' en la gestión de vertidos en Asturias

Tras la decisión de paralizar los trabajos en la estación depuradora de aguas residuales, el Secretario de Estado de Medio Ambiente y la alcaldesa de Gijón se reunirán este viernes para estudiar soluciones alternativas al proyecto en el que se han invertido 35,5 millones de euros

Tribunal Supremo.
Tribunal Supremo. Clara Rodríguez

"Son 23 años de sentencias judiciales. Y 27 desde que se iniciaron las circunstancias". Manuel Llano, uno de los vecinos de El Pisón que acaba de ganar el pulso contra la depuradora del este de Gijón, recuerda en declaraciones a Vozpópuli todas las batallas que libró antes de que el Tribunal Supremo ratificara la petición de paralizar los trabajos de la estación. Desde el Ministerio de Transición Energética han asegurado a este diario que ejecutarán la sentencia y que el próximo viernes se reunirán con la alcaldesa Ana González Rodríguez.

El pasado 11 de julio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal estimó el recurso interpuesto por los vecinos. Los seis magistrados acordaron en su sentencia prohibir el uso de los equipos de desarenado y desengrasado de la estación depuradora de aguas residuales de Somió. Los últimos trabajos, según datos del Ministerio, fueron encargados en agosto de 2018 a la empresa pública Tragsa por un importe de 932.389 euros. Las obras desarrolladas entre 2012 y 2016 tuvieron un coste de 35,5 millones de euros y fueron financiadas en su totalidad por la dirección general del Agua, con un 80% de financiación europea.

La depuradora nunca ha estado operativa. Hasta ahora solo se habían realizado trabajos de desarenado y desengrasado, que, según admitió la Administración -en referencia al proyecto en La Plantona- y recogieron los jueces en su fallo, "no resuelve la problemática real de saneamiento de dicha cuenca y por tanto de la ciudad de Gijón".

Depuradora Gijón-Este
Depuradora Gijón-Este Google Maps

"El desengrasado y desarenado de las aguas no garantizan que los vertidos vayan a realizarse en condiciones de salubridad, dado que tales operaciones forman parte del proceso primario de depuración", añadieron los magistrados en la sentencia.

"El problema era la localización"

En Gijón se realizó un estudio de impacto ambiental en el que se analizaron cuatro localizaciones posibles y se elige una. El concejal de Foro Javier Martínez Salvador subraya que la depuradora nunca pudo ponerse en marcha. "El principal problema era la localización. No puedes tener una depuradora a 10 metros de tu casa cuando la ley exige 2.000 metros aunque en aquel momento la ley hablaba de un margen de 500 metros", explica a este diario. Se refiere al artículo 4 del reglamento de actividades molestas establece que las industrias fabriles que deban ser consideradas como peligrosas, insalubres o nocivas, "sólo podrán emplazarse, como regla general, a una distancia superior a 2.000 metros, a contar del núcleo más próximo de población agrupada".

La Audiencia Nacional, en sentencia del 3 de junio de 2014, estimó el recurso de los vecinos contra la resolución Dirección General de Aguas sobre la aprobación de anteproyecto y el estudio de impacto ambiental, "anulando la misma resolución por ser contraria a derecho", tal y como recuerda ahora el Supremo.

"Madrid tiene tres depuradoras y ninguna está en el Parque del Retiro. ¿Gijón necesita dos?", insiste Llano, uno de los seis demandantes de El Pisón. Y añade que la estación, ubicada a escasos metros de su domicilio, fue una decisión política y no técnica.

"Decisión política"

Su hipótesis fue validada por el exjefe de servicio de obras públicas en el Ayuntamiento entre 1975 y 2001 en una entrevista a El Comercio: "El PSOE desoyó a los técnicos que aconsejamos depurar todas las aguas residuales del municipio en Aboño en varias ocasiones". En esas mismas declaraciones, el también expresidente de la Confederación Hidrográfica del Norte atribuyó a una "decisión política" de los barones el no haber unificado el sistema de saneamiento.

"El desengrasado y desarenado de las aguas no garantizan que los vertidos vayan a realizarse en condiciones de salubridad", señalan los magistrados del Supremo

Tras la decisión del Supremo de paralizar los trabajos de la depuradora, la alcaldesa González Rodríguez dejó ver su preocupación. Aseguró a medios locales que está "enfadada con el mundo" y que una ciudad como Gijón "no puede estar sin depurar sus aguas". Según la documentación aportada por la Administración ante el Supremo, la zona este de Gijón vierte al medio marino "más de tres millones de kilogramos de materia orgánica al año, más de cuatro millones de kilogramos de materia sólida una elevada contaminación microbiológica".

Los vecinos de El Pisón coinciden con la líder del consistorio. "Hay que tomar soluciones. Tienen cuatro alternativas con dos alejadas de la ciudad. Que hagan una estación de bombeo y las traten en las afueras", sugiere Llano.

¿Plan B?

Vozpópuli ha preguntado al Ministerio por las alternativas que quedan sobre la mesa para gestionar los residuos en Gijón. "De momento podemos decirte que ejecutaremos la sentencia desde el momento en que nos sea notificada y que el Gobierno aplicará esta decisión judicial, que prohíbe el uso parcial de las instalaciones, actuando de la misma manera que se hizo con la anterior sentencia, que autorizó su uso", han contestado desde la cartera de Teresa Ribera. Ayer martes, a las 14 horas, los vecinos de El Pisón recibieron la notificación de que la depuradora se había cerrado.

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Tal y como recuerda el Supremo en su sentencia, actualmente, la Administración está trabajando en nuevo documento ambiental. Los jueces, sin embargo, señalaron que "no puede reputarse sino como una conducta ordinaria en cumplimiento de la obligación de ejecutar la sentencia en sus propios términos". En este sentido, subrayaron, se desconoce si el nuevo informe "resultará o no ajustado a derecho y si servirá para convalidar las instalaciones hasta la fecha realizadas".

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