El Gobierno tramita de urgencia contratos de seguridad en los centros de refugiados en plena crisis migratoria

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha licitado una batería de contratos de urgencia para la contratación de servicios de seguridad en centros de acogida de refugiados en diversos puntos de España. Los contratos, que coinciden con la crisis migratoria que se vive en Islas Canarias y el traslado de cientos de personas a la Península, vienen derivados de la negativa de las empresas de seguridad de prolongar sus servicios más allá de diciembre de este año, debido a un cambio en las condiciones laborales del sector que obliga a pagar una mayor nómina a sus empleados.

Vozpópuli ha accedido a documentación incluida en estas licitaciones tramitadas por el Ministerio de José Luis Escrivá, donde se detallan los problemas para extender los contratos aún en activo con empresas de seguridad. Sirva como ejemplo el caso del centro de acogida de refugiados de Vallecas, con un contrato que se suscribió el 17 de mayo de 2021 con un plazo de ejecución de 24 meses, prorrogable un máximo de otros 24 meses más.

El Ministerio de Inclusión acordó con la empresa que suministra los servicios una prórroga hasta el próximo 17 de diciembre de 2023, pero la compañía ya ha comunicado su negativa de extender el contrato más allá de esa fecha. ¿La razón? Las cuentas ya no le resultan favorables y entraría en pérdidas en caso de mantener sus servicios.

La situación tiene su origen en el nuevo convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad para el periodo 2023-2026, que contempla “importantes incrementos salariales” a los empleados durante los próximos años: “Supone un coste adicional relevante a asumir por las empresas del sector que no se encuentra contemplado en los contratos formalizados con anterioridad, lo que ha llevado al contratista a manifestar su oposición a la formalización de nuevas prórrogas”, detalla la documentación de Inclusión.

El Ministerio destaca la necesidad de formalizar un nuevo contrato ante la posibilidad de “eventuales incumplimientos” del actual, con “el consiguiente problema que la interrupción del servicio supondría para el centro y sus residentes”.

Inclusión considera que el servicio de seguridad privada resulta “esencial” en estos centros, especialmente por las tardes, noches y fines de semana, debido a que sus “residentes constituyen un colectivo con especiales necesidades de protección”.

96 plazas de refugiados

En el caso de Vallecas incide en que, entre las 96 plazas disponibles, actualmente las ocupan personas de 45 nacionalidades diferentes: “Puede generar conflictos que los profesionales del Centro no sean capaces de resolver a través del diálogo, precisándose la intervención preventiva del personal de seguridad para evitar situaciones de violencia y riesgo para los residentes más vulnerables, especialmente cuando se requiera la intervención de la policía, durante el tiempo que medie entre el aviso y su llegada efectiva”, detalla el documento.

El Ministerio de Inclusión, no obstante, revela “problemas presupuestarios” para formalizar un nuevo contrato de vigilancia, debido a la superación de los límites establecidos: “El gasto del contrato requirió la tramitación de una elevación de límites autorizada por el Consejo de Ministros del 16 de mayo de 2023”, fecha en la que concluía -sin prórrogas- el contrato ahora vigente.

Así, destaca la necesidad de formalizar un nuevo acuerdo para la prestación del servicio de seguridad y vigilancia privada con destino al Centro de Acogida a Refugiados de Vallecas, al considerarse una “necesidad inaplazable”. Pero la inminente expiración del contrato obliga a “acelerar el procedimiento de adjudicación” mediante una licitación con “tramitación urgente”.

Según ha podido saber este diario, el Ministerio dirigido por Escrivá ha dado luz verde a procedimientos de contratación similares en diversas dependencias de otros puntos de España, como los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla.