Consumo destina 65.000 euros a una campaña para defender el "derecho a reparar"

Más vale prevenir que curar y, para Alberto Garzón, más vale reparar, que comprar. Los incentivos del Ministerio de Consumo para que la sociedad española destierre el consumismo en favor de reparar lo que se rompa no han calado del todo. Solo el 1% de los dispositivos tecnológicos que se averían tras tres años de uso se reparan, como apuntan fuentes del mercado a Vozpópuli. Es por ello que Garzón quiere dar un impulso a su oda a la reparación con la puesta en marcha de una campaña publicitaria que defienda el "derecho a reparar" de los españoles, una iniciativa para la que el Ministerio de Consumo ha reservado 65.000 euros.

"Las personas consumidoras tienen derecho a reparar aquello que compran", subraya la cartera que lidera Garzón. Para este Ministerio, el consumismo es uno de los grandes males que azota a nuestro país, como queda claro en la memoria justificativa del proyecto. "Aunque normalmente el criterio de durabilidad afecta más a la hora de adquirir un producto que la reparabilidad del mismo, el Eurobarómetro confirma que la ciudadanía elige productos que puedan ser reparados y está a favor de hacer más sencillo el acceso a la reparación. Frente a la obsolescencia temprana -ya sea programada o percibida-, la cultura de la reparación, basada en prolongar la vida útil de nuestras posesiones, supone un ahorro económico para las personas consumidoras al tiempo que las empodera en la transición hacia un consumo sostenible", apunta el documento.

El Ministerio de Consumo carga contra el capitalismo en los pliegos del contrato, aduciendo que es un sistema incompatible con el cuidado del planeta. "El sistema económico actual promueve un modelo de consumo lineal, basado en la dinámica comprar-usar-tirar, que no es compatible con el cuidado del planeta. La producción de bienes de consumo conlleva un uso de recursos con un gran impacto medioambiental. Para satisfacer la demanda, se explotan recursos que o bien no son renovables -como el petróleo o los minerales- o bien se utilizan a un ritmo mayor del que precisan para regenerarse -como puede ocurrir con los bosques. El agotamiento de los recursos tiene un fuerte impacto medioambiental, social y económico".

En su argumentación, el Ministerio de Alberto Garzón subraya que es "posible limitar el impacto de nuestro consumo", y que una de estas vías tiene que ver con la "reparabilidad" -palabra que se repite a lo largo de todos los pliegos y que no está recogida en la RAE-. En resumen, viene a significar la posibilidad de alargar la vida útil de los productos que compramos, reparándolos cuando sea necesario. Reparar los productos serviría para no poner "de nuevo en marcha la cadena de producción, algo indispensable en el desarrollo de una economía circular".

Argumentos a favor y en contra

El 1 de enero de 2022 entraron en vigor las modificaciones efectuadas por Garzón en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, entre cuyas medidas se encuentran la ampliación del periodo de Garantía a 3 años o la obligatoriedad de las empresas de disponer de piezas de repuesto durante 10 años, "medidas que buscan garantizar el derecho que toda persona consumidora tiene a la reparación".

"Al principio generó mucha inquietud en el sector, pero la realidad es que prácticamente no afecta", aseguraba a este medio un fabricante.

"Las modificaciones en la ley parecen ser más de cara a la galería, para propulsar la imagen del ministro, que porque vayan realmente a ser efectivas y a cambiar la vida de los consumidores. ¿Cuánta gente arregla, por ejemplo, un ordenador portátil con cinco o seis años de antigüedad? Pues imagínate con diez años", apunta otra marca.

Otra de las quejas de los fabricantes tiene que ver con el almacenamiento en stock durante de 10 años de las piezas necesarias para hipotéticas reparaciones. "Esto nos obliga a fabricar más componentes... En algunos casos hablamos de stock que se degrada con el tiempo, como por ejemplo las baterías de móviles u ordenadores. Muchas de e estas piezas no se utilizarán, y habrá que eliminarlas, lo que no parece que vaya en consonancia con las políticas de sostenibilidad medioambiental".

Consumo responde con cuatro argumentos a favor de la "reparabilidad":

• El 77% de los consumidores europeos (en España, este porcentaje alcanza el 89%), según una encuesta del Eurobarómetro, preferirían reparar sus dispositivos antes que sustituirlos por unos nuevos.
• La obsolescencia dificulta el consumo sostenible: algunos productos se diseñan para fallar después de cierto tiempo o cantidad de uso.
• Según el Parlamento Europeo, la electrónica es la fuente de residuos que más crece en la UE. En 2017 se recogieron más de 3,5 millones de toneladas y solo se recicló el 40%.
• El fomento de las reparaciones de los productos electrónicos beneficiaría al medioambiente.

Los 65.000 euros reservados por Consumo para esta campaña serán utilizados para poner en marcha una acción de notoriedad, un vídeo para las televisiones, una cuña de radio y publicaciones en redes sociales. La campaña debería estar lista para después del verano.