La investigación que se conoce hasta el momento sobre el denominado caso Azud y que estudia la presunta financiación irregular del PSOE valenciano ha sacado a la luz 'conexiones' con el actual PSPV que preside Ximo Puig. Más allá de la posibilidad de que se pueda concretar la comisión de los delitos que la juez instructora establece en su auto –tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, falsedad documental, asociación ilícita y organización criminal– Puig medita como establecer un 'cortafuegos' que no afecte a la actual organización,
La crisis reputacional generada por este caso a falta de cinco meses para las elecciones municipales y autonómicas es algo que preocupa en la dirección nacional del partido. Ximo Puig ya ha dicho que cuando se conoció este caso "adoptamos todas las medidas necesarias" –en referencia a que el exdirector de Finanzas y uno de los principales investigados en la trama, Pepe Cataluña– fue dado de baja. Sin embargo, continúa en su puesto alguno de los que más aparecen en las declaraciones de los testigos.
Es el caso del diputado nacional Vicent Sarria, a quien el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa en una de las reuniones con los que considera 'cabecillas' de la trama del caso Azud que habrían financiado la campaña electoral municipal de 2007 en Valencia (Carmen Alborch), las autonómicas de ese mismo año en la Comunidad Valenciana (Ignasi Pla) y las generales de 2008 (María Teresa Fernández de la Vega).
La reunión a la que hace alusión el informe de la Guardia Civil en el marco del denominado caso Azud se sitúa en el día 15 de diciembre de 2006 en un conocido restaurante de Valencia. Los comensales, al margen del propio Sarrià, eran el empresario Jaime Febrer, a quien la UCO atribuye un papel preponderante en la trama de 'mordidas' para asegurarse después adjudicaciones públicas; José María Cataluña, exresponsable de Finanzas del PSPV y a quien consideran un facilitador de contactos para Febrer; y José Luis Vera, ex responsable de los servicios jurídicos de la empresa pública Divalterra y que habría abierto las puertas a la trama de varios ayuntamientos con gobiernos socialistas y ayudado en la parte jurídica de los contratos.
El exgerente apunta a Sarrià
Las declaraciones del exgerente del PSPV Francisco Martínez apuntan que en 2007 el que tenía capacidad de contratar en las campañas electorales, al margen de Pepe Cataluña y del entonces secretario general, Joan Ignasi Pla, era Vicent Sarrià "como coordinador de campaña y con las funciones de la secretaría de Organización y de Administración asumidas". Martínez afirma en su declaración que Cataluña sigue ejerciendo su papel como "asesor" de Sarrià en estos asuntos hasta el cese de éste en octubre de 2007.
Sarrià era en el momento el que se produjo la reunión con los 'cabecillas' de Azud diputado autonómico y secretario de Organización del PSPV y fiel escudero de Ignasi Pla. El entonces secretario general del PSPV concurrió como cabeza de lista a las autonómicas de 2007, según el citado informe, presuntamente 'dopado' económicamente. Es el mismo procedimiento que se habría utilizado en la candidatura de la exministra de Cultura, ya fallecida, Carmen Alborch como cabeza de lista en las elecciones locales de Valencia de ese mismo año.
Persona de confianza de Puig
En total el informe de la UCO cifra en, al menos 332.000 euros los gastos de estas tres campañas que no fueron declarados y fueron asumidos por empresas que estarían en una trama de 'mordidas' a cambio de adjudicaciones públicas relacionadas, entre otras, con las obras del trasvase Júcar-Vinalopó.
Vicent Sarrià se sitúa a partir de 2008 al lado de Ximo Puig, quien alcanzó la secretaría general del PSPV en 2012. Es una persona de estricta confianza del presidente autonómico valenciano y en julio de 2019 lo eligió como coordinador del comité parlamentario del PSPV que aglutina la acción política de los representantes valencianos del partido en el Congreso, en el Senado y en la Unión Europea. Además Sarria es actualmente el responsable de la Secretaría de Relaciones con las Cortes Generales en la comisión ejecutiva nacional del PSPV.
La UCO también destaca varios correos electrónicos en los que Vicent Sarrià encarga a la empresa Cronosport (que en el informe aparece como una mercantil a la que le habrían realizado pagos en beneficio del PSPV) el diseño de camisetas para la Fiesta De la Rosa de 2007 y para la campaña autonómica de Ignasi Pla de ese mismo año. El informe de la Guardia Civil sitúa estos encargos entre los trabajos que se desconoce cuál fue su forma de pago.
La responsabilidad política de Sarrià es ahora un debate que se ha abierto en el seno del PSOE valenciano al estar todavía en primera línea desde el Congreso de los Diputados y tener responsabilidades orgánicas en el PSOE valenciano que lidera Ximo Puig.
La Fiscalía y Mata
La segunda 'conexión' con la época actual la establece la Fiscalía en su informe al reflejar la conversación entre Pepe Cataluña y el empresario Enrique Gimeno (investigado en la trama) en la que el exsecretario de Administración y Finanzas le apunta al segundo que "el contacto es Manolo Mata". Manolo Mata fue número dos de Ximo Puig en el partido y portavoz en las Cortes hasta que en abril y mayo de este año decidió abandonar ambos cargos para defender en esta causa a Jaime Febrer (al que los investigadores apuntan como el principal corruptor).
Gracias al puesto ocupaba Mata, el fiscal considera que tanto Cataluña como Gimeno habrían tenido una relación de "confianza" para obtener favores de la Generalitat que preside Ximo Puig. Cita igualmente a la directora general de la Agencia Tributaria, Sonia Díaz, y a la secretaria autonómica de Financiación y Modelo Económico, Mako Mira, como personas que mantuvieron contactos con Cataluña y Gimeno a resultas de un expediente que el empresario mantenía abierto con la Administración.
Otro secretario de Organización
También figuran en la causa en diferentes declaraciones de testigos dos personas que Puig tiene en su área de Presidencia. El primero es Alfred Boix que es actualmente secretario autonómico de Promoción Institucional, Comunicación y Prospectiva y que en el momento de los hechos analizados era secretario de Organización del PSPV. En concreto, asumió el cargo entre finales de 2007 y finales de 2008 en el periodo en el que la formación socialista estaba dirigida por una gestora que presidía Joan Lerma. En su época como secretario de Organización es cuando se celebraron las elecciones generales de 2008 con María Teresa Fernández de la Vega como candidata por Valencia y que también es cuestionada por 'dopaje economico' los investigadores del caso Azud.
Con la llegada de Alarte a la secretaría general del PSPV, Alfred Boix deja su puesto y vuelve a él en 2012 ya de la mano de Ximo Puig con quien siguió en Organización hasta 2017 y después, hasta hoy, en el área de Presidencia. El propio Jorge Alarte está actualmente en Presidencia con Ximo Puig como director general de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Representación Institucional.
La consejera de Aguas del Júcar
En otra de las ramas de la investigación se encuentra la sociedad estatal Aguas del Júcar S.A. y en la que su exconsejero delegado José María Marugán está entre los investigados por haber participado presuntamente en la trama de adjudicación de obras de los tramos del trasvase Júcar-Vinalopó con los cabecillas de Azud. En el consejo de Administración que presidía Marugán se encontraba la que hoy es diputada autonómica Rosa Peris. Esta abogada de Benaguasil fue diputada nacional entre 2000 y 2004 y entre 2005 y 2009 ocupó la dirección del Instituto de la Mujer, organismo que estuvo adscrito al ministerio de Asuntos Sociales, luego al de Trabajo y finalmente al de Igualdad.
Peris fue la coordinadora de la campaña de Ximo Puig en las primarias celebradas por el PSPV en 2014 y, posteriormente, cuando éste alcanzó la Presidencia de la Generalitat fue designada como diputada autonómica, cargo en el que permanece en la actualidad.
Por todo ello, el caso Azud ha sacudido al socialismo valenciano que espera que no haya más sobresaltos, aunque restan declaraciones importantes ante la juez como la del propio Cataluña que podrían agravar la situación. Los hilos conductores entre aquel PSOE valenciano y el actual son grandes en algunos casos, estrechos en otros y meramente circunstanciales en otros, como suele suceder en una macrocausa. Lo que es evidente es que se ha generado la sombra de la sospecha sobre una organización que, hasta la salida a la palestra del caso Crespo-Gomar –que finalizó por falta de pruebas– y que apuntaba también a la financiación irregular, había salido indemne y había utilizado la corrupción como un arma arrojadiza contra el PP.
