El fiscal del 'caso Imelsa': "Asusta pensar lo que han podido hacer los acusados con ese dinero"

Las conclusiones del fiscal Anticorrupción en la segunda pieza del 'caso Imelsa' (de las 11 totales) han sido contundentes y responsabiliza a los acusados de "usar en beneficio propio el dinero de todos los españoles". Para el representante del Ministerio Público "es la historia de una traición" y ha denunciado el manejo de dos empresas públicas –Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia; y Ciegsa, dependiente de la Generalitat– al antojo de los acusados en la causa.

En su relato de hechos, el fiscal ha valorado en 235 millones de euros el dinero que manejaron los acusados entre las dos citadas empresas. "Asusta pensar todo lo que se ha podido hacer con esos fondos", ha proseguido el fiscal quien ha calculado que "Marcos Benavent –gerente de Imelsa– y sus compañeros en el delito han manejado un presupuesto de 40 millones de euros anuales".

Entiende el fiscal que durante varios años se produjo el "asalto de dos empresas sin ningún escrúpulo. Imelsa en mayor medida y Ciegsa en menor medida".

Rus lo controlaba todo

La Fiscalía Anticorrupción sitúa al expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, –que en ese momento era también presidente provincial del PP de Valencia– en la cúspide de la misma. Era, a su juicio, quien tenía el control de todo con el manejo de Marcos Benavent y del responsable de Ciegsa, Máximo Caturla.

El juicio se ha encaminado hacia el escenario esperado después de que el autodenominado 'yonki del dinero', Marcos Benavent, haya cambiado de abogado y con este movimiento su estrategia procesal, ya que ahora asegura que los audios que grabó en su día –y que han dado origen a esta causa– están "manipulados".

El fiscal ha recordado que "gracias a la investigación se han incoado 11 piezas separadas, ya disponemos de una sentencia condenatoria y nos quedan a todos largos juicios todavía" y ha negado el derecho a que Benavent argumente ahora el derecho a la intimidad en lo relativo a las grabaciones que realizó durante años y que volcó en un ordenador de su exsuegro.

Benavent declaró sin ningún tipo de problemas ante la policía y el juzgado, nunca dijo que se había vulnerado su derecho a la intimidad, 10 años después no puede decir esoFiscal Anticorrupción

"Benavent declaró sin ningún tipo de problemas ante la policía y el juzgado, nunca dijo que se había vulnerado su derecho a la intimidad, 10 años después no puede decir eso. Renunció a su intimidad, no se puede retomar esta parcela", ha apuntado el fiscal.

Además, ha agregado que "Benavent se divorció en 2010 y declaró en 2015. En todo este periodo no reclamó las cintas ni presentó una demanda judicial para recuperarlas. Él tuvo posibilidad de llevarse ese disco duro, que estaba a la vista de su mujer o su suegra. Entendemos que hizo una dejación absoluta de su derecho a la intimidad".

La manipulación de los audios tampoco cabe para el fiscal, ya que tanto el perito de la Guardia Civil como el de la defensa de Alfonso Rus concluyeron que el contenido de los dos pendrives presentados a la Fiscalía –con las grabaciones de Benavent– tenían la misma huella digital y que, por tanto, ninguna fue alterada.

En cualquier caso, se ha preguntado, "Benavent grabó, con un teléfono o con una grabadora. Si dice que los audios están manipulados ¿dónde están los originales?".

Solicitan penas elevadas

En esta segunda pieza que se juzga del caso Imelsa hay 26 acusados –aunque uno de ellos ha quedado para un procedimiento separado– y 11 de ellos han reconocido los hechos y han alcanzado un pacto con las acusaciones. Sin embargo, hay 14 que no han reconocido la comisión de delito alguno.

La Fiscalía pide para Alfonso Rus, que está entre los acusado que no han reconocido los hechos, un total de 12 años de prisión, la misma pena que solicita para Marcos Benavent -a quien ha elevado la pena después de dejar de colaborar con la justicia–. Esta es la misma pena a la que se enfrenta el exsecretario autonómico de Educación, Máximo Caturla; mientras que al exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado Rafael Rubio (PSOE) le solicitan 6 años de condena.