Los sobrinos de Juan Cotino y el jefe de gabinete de Zaplana admiten los amaños en las adjudicaciones

Los sobrinos de Juan Cotino (el exdirector general de la Policía fallecido en 2020) han reconocido el amaño de las adjudicaciones de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) de la Generalitat en 1997 durante el gobierno de Eduardo Zaplana.

Vicente Cotino, que ha exculpado a su hermano José porque "no sabía nada" de los amaños (el fiscal sólo le ha preguntado durante cinco minutos), ha apuntalado la tesis del fiscal sobre las adjudicaciones fraudulentas a cambio de dinero que se envió a cuentas en Luxemburgo y posteriormente a Andorra.

Cuenta en Luxemburgo

Concretamente Vicente Cotino ha asegurado que su tío fallecido fue quien en 2005, años después de la adjudicación le dijo que había que pagar un dinero por ese amaño que impidió a otros competidores hacerse con la concesión. Fue el fallecido Juan Cotino, según la declaración de su sobrino hoy ante la Sala, quien llevó 640.000 euros a una cuenta de Luxemburgo.

La misma confesión ha realizado el que fuera jefe de gabinete de Eduardo Zaplana durante su etapa al frente del Gobierno valenciano, Juan Francisco García, quien ha reconocido la mecánica descrita por el representante del Ministerio Público amaños en la adjudicación de las ITV, aunque ha exculpado a los miembros de la mesa de contratación.

Dos millones para García

García, que también ha reconocido los hechos y trata de obtener una reducción sensible de la pena solicitada por el fiscal, asegura que fue Juan Cotino quien le explicó que "Sedesa (la empresa de su sobrino) estaba interesada en la adjudicación de las ITV".

El exjefe de gabinete de Zaplana, que dejó la política activa cuando éste se fue al Ministerio de Trabajo, asegura que las condiciones previas del amaño no incluían participaciones en la empresa adjudicataria y que eso llegó "después" con un "ofrecimiento del 30% de la empresa" que se mantuvo hasta 2004.

La venta posterior del grupo Sedesa supuso para la familia Cotino unos beneficios de unos 46 millones de euros, según consta en la instrucción del caso, mientras que a Juan Francisco Garcia le pagaron algo más de dos millones de euros que regularizó en la amnistía fiscal que impulsó el ministro Cristóbal Montoro.

El dinero no fue para Zaplana

Lo que ha negado García es que le diera a Eduardo Zaplana ese dinero. "No tiene ni pies ni cabeza", ha comentado el exjefe de gabinete, aunque sí reconoce que le comentó al exministro la operativa que habían llevado a cabo. O sea que de su declaración se puede deducir que Zaplana conocía la existencia de esas cuentas en el extranjero, aunque no le diera a él esa cantidad de dos millones de euros.

Otra de las declaraciones de esta mañana ha sido la de la secretaria de Zaplana, Mitsuoko Henríquez, quien ha negado que el expresidente valenciano estuviera involucrado en los hechos y ha defendido su propia actuación ciñéndose a la agenda que atendía para el expresidente de la Generalitat.

Henríquez, que acompañó a Zaplana también en el Ministerio de Trabajo y luego en Telefónica, ha asegurado que "organizaba los encuentros y reuniones" que el expresidente le indicaba y ha reconocido que hizo "varias gestiones" para Joaquín Barceló, el autodenominado testaferro de Zaplana más en el plano de amistad que profesional y siempre a indicaciones de su entonces jefe.

Olivas, el otro expresidente

La jornada también ha contado con la declaración ante la Sala de otro expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas, quien se ha desligado del otro presunto amaño que se analiza en el juicio, en este caso el del Plan de Parques Eólicos de la Comunidad Valenciana.

El fiscal ha tratado de que Olivas justificara su beneficio de más de medio millón de euros en este asunto. El exjefe del Consell ha asegurado que todo ese proceso le vino dado desde 2002 y que no tuvo participación en su preparación porque estaba incluido en el programa electoral con el que el PP concurrió a las anteriores elecciones.

Olivas ha asegurado que ese dinero lo obtuvo por el asesoramiento para que Iberdrola Renovables invirtiera en la Comunidad Valenciana comprando el 20% de las acciones de las empresas adjudicatarias que poseía Bancaja (actualmente Caixabank) y que entonces presidía José Luis Olivas y el 25% que tenía Sedesa. Y fue esta empresa, Sedesa, la que le abonó esa cantidad al conseguir que vendiera su participación en las eólicas.