La Comisión de Venecia critica ante el Parlamento Europeo que la amnistía incluya "terrorismo y corrupción"

La presidenta de la Comisión de Venecia, Marta Cartabia, ha dedicado la mayor parte de su intervención ante el Parlamento Europeo a repasar la opinión que el órgano que ella misma preside -institución ajena a la Unión Europea (UE)- emitió a mediados de marzo a petición del Senado español, en la que no se avala pero tampoco se desautoriza la ley de amnistía.

"Está claro que las amnistías como tal no son contrarias a la separación de poderes y que la mayoría de sistemas legales prevén instrumentos así, y que aún así hay una serie de principios que se subrayan en nuestra opinión con los que hay que cumplir para preservar los estándares internacionales", resumió Cartabia.

La representante de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha señalado que su informe no entra a determinar la constitucionalidad de la norma, pero sí advirtió de que es "muy amplia y bastante indeterminada", tanto en los delitos que cubre como en el marco temporal, y que en general las amnistías no deberían "diseñarse para personas concretas".

"En lo que se refiere al terrorismo, el principio guía debería ser que las amnistías solo son compatibles con los estándares internacionales si excluye las violaciones graves de derechos humanos", señaló Cartabia.

Por su parte, la Comisión Europea ha señalado que tendrá en cuenta la opinión de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía para su análisis sobre si la norma cumple con los estándares europeos, una evaluación que no llegará hasta que no concluya del todo la tramitación política de la norma en España.

La Comisión Europea

En el debate sobre la ley de amnistía en la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, el director de la CE para Estado de derecho, Derechos Fundamentales y Democracia, Julien Mousnier, ha reiterado que el Ejecutivo comunitario está aún analizando la normativa y que concluirá esta evaluación "basándose en la legislación que sea adoptada" para determinar si cumple la ley europea.

"En este contexto, la opinión de la Comisión de Venecia apoyará el análisis de la Comisión Europea y es una contribución bienvenida. Sus consideraciones sobre los requisitos del Estado de derecho para las amnistías dan una perspectiva útil", ha señalado Mousnier, que ha insistido en que Bruselas tomará "las medidas necesarias para asegurar que se cumple la legislación comunitaria".

Reacciones de los grupos políticos

Siete eurodiputados, entre ellos cinco españoles (del PP, PSOE, Ciudadanos, ERC y Junts), intervinieron en este debate de la Comisión de Libertades Civiles solicitado por el Partido Popular (PP), que no consumió la hora completa que tenía asignado.

Desde el PP, Javier Zarzalejos ha insistido en que la ley no busca la reconciliación sino una "impunidad indiscriminada vinculada a un pacto de Gobierno", y apuntó a que la Comisión de Venecia "constata la profunda división que desmiente las intenciones confesadas por la ley".

"Las amnistías pueden ser una herramienta legítima y útil de conciliación, pero no es este el caso", ha dicho Zarzalejos, que ha recalcado que estas "tienen que cumplir las mismas exigencias que las de contenido penal".

Más incisiva ha sido Maite Pagazaurtundúa (Ciudadanos), que ha criticado la actuación de un Gobierno "con rasgos populistas".

La socialdemócrata alemana Birgit Sippel ha criticado que una comisión del Parlamento Europeo examine de esta manera un proyecto de ley nacional y lo ha atribuido a que "algunos grupos políticos estén intentando convertirlo en un tema europeo por el juego político doméstico".

"Entiendo que la ley se ha diseñado para cubrir todas las acciones relacionadas con el proceso de independencia y por tanto no cubre a individuos sino a todo el mundo que estuvo involucrado", ha señalado.

Por parte del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Javier Moreno ha considerado que el informe deja "las cosas claras" y avala la ley española. "Invito a las señorías a que vayan a Cataluña y vean cómo está la situación ahora y que vean en las hemerotecas las imágenes de violencia y confrontación de 2017", ha añadido.

Desde Renovar Europa, Sophie in't Veld ha lamentado que esta cuestión se haya "politizado por todas las partes" pese a los "interrogantes legítimos que plantearse" y ha apuntado a la "fina línea entre reconciliación e impunidad".

Más incisiva ha sido Maite Pagazaurtundúa (Ciudadanos), que ha criticado la actuación de un Gobierno "con rasgos populistas" y ha afirmado que es una ley "para la impunidad" que la UE, ha dicho, no puede permitir.

Desde el grupo de los Verdes/ALE, Diana Riba (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC) ha asegurado que la ley "no solo representa un acto de justicia y reparación" sino también "solidaridad y reconocimiento a quienes han defendido de forma pacifica objetivos políticos legítimos", y ha acusado a la derecha española de "vivir del conflicto permanente".

"Si la ley no se aprueba por mayoría cualificada no es por falta de ganas de los que la estamos impulsando. El dilema al que nos enfrenta al PP es que si necesitamos sus votos no hay ley de amnistía", ha dicho por su parte Toni Comín (Junts).