La Ley de Memoria Democrática entrará en vigor este viernes 21 de octubre, una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según han indicado fuentes gubernamentales.
La línea principal del texto es reforzar el compromiso del Estado en la búsqueda de desparecidos de la Guerra Civil y el franquismo. Asimismo, servirá para estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983.
El texto fue impulsado por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos y muy criticado por el PP, Vox, Ciudadanos y UPN. Finalmente, la norma salió adelante el pasado 6 de octubre en el pleno del Senado con 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones.
Se declaran ilegales los tribunales franquistas
Entre los puntos relevantes de la nueva norma destaca la declaración de "ilegal" del régimen franquista. La enmienda no se queda en un aspecto meramente simbólico, ya que también se declaran ilegales los tribunales franquistas, lo que supondrá la nulidad de todas sus condenas, para quienes lo soliciten.
La enmienda que fue pactada con Más País, y el PDeCAT, el PSOE y Unidas Podemos reconoce expresamente que "las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos" alumbraron la democracia.
Se amplia la aplicación temporal de la ley de 1978 a finales de 1983
La enmienda más polémica, acordada entre el PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu y Más País, amplía la aplicación temporal de la ley de 1978 a finales de 1983, año de inicio de la actuación de los GAL, la organización terrorista dedicada a la 'guerra sucia' contra ETA.
En concreto, la enmienda planteaba designar una comisión técnica que elabore un estudio sobre vulneraciones de derechos humanos a personas "por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983" y que señale "posibles vías de reconocimiento y reparación".
PSOE y Unidas Podemos habían recogido la designación de esta comisión con el mismo objetivo, pero solo hasta el 31 de diciembre de 1982. Fuentes de EH Bildu han confirmado a Efe que, al ampliar un año este margen temporal, pretenden abordar el inicio de los GAL, que comenzaron a actuar en diciembre de 1983, durante el Gobierno de Felipe González. No obstante, fuentes socialistas y de Unidas Podemos han advertido de que el límite temporal establecido para la aplicación de la ley no señala casos concretos.
Se reconoce como víctimas el euskera, el catalán y el gallego
La nueva ley de Memoria Democrática va un paso más allá y reconoce como "víctimas" no solo a las lenguas, sino también a sus comunidades y la cultura vasca, catalana y gallega; cuyos habitantes "fueron perseguidos por hacer uso de estas", y la garantía de acceso por parte de personas físicas a los fondos documentales depositados en los archivos públicos.
Se retiran los títulos nobiliarios a dirigentes franquistas
Gracias a una nueva enmienda recogida en el último texto de la ley de Memoria Democrática, se retiran 33 títulos, concedidos entre 1948 y 1978, a personas que trabajaron para el régimen franquista.
El Valle de los Caídos cambia de nombre
Uno de los hitos del paso por la presidencia de Pedro Sánchez fue la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, pero parece que, para el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia, no es suficiente. El Ejecutivo ha pactado una enmienda por la que el Valle de los Caídos cambia su nombre, desde ahora, pasará a llamarse simplemente Cuelgamuros y tendrá un nuevo marco jurídico.
Además, según ha adelantado este jueves el ministro para la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, se iniciarán las actuaciones pertinentes para exhumar a José Antonio Primo de Rivera y a Gonzalo Queipo de Llano de los lugares en los que actualmente están enterrados, en el Valle de los Caídos y en la Macarena de Sevilla, respectivamente.
