Política

Destituyen a la abogada del Estado que denunció la malversación en el juicio del 'procés'

Fuentes gubernamentales justifican la decisión en motivos de confianza y recuerdan que se trata de un cargo de libre designación

Las cuatro peritos que apuntalaron la malversación del procés
Las cuatro peritos que apuntalaron la malversación del procés

La Abogacía del Estado ha cesado de sus funciones en el Ministerio de Hacienda a la abogada del Estado Carmen Tejera, según informan a Vozpópuli fuentes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Justicia. Se trata de la funcionaria que denunció la existencia de malversación de fondos públicos en el juicio del procés del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas, que acabaron condenados por este delito.

Durante el juicio, la Abogacía del Estado representada por Rosa María Seoane defendió la existencia de la malversación en concurso medial con el de sedición a diferencia de la tesis de la Fiscalía que elevaba la petición a un delito de rebelión y malversación. La Abogacía del Estado, que inicialmente apostó por la rebelión, modificó su criterio tras el cambio de Gobierno y la llegada de Dolores Delgado al Ministerio de Justicia de la mano de Pedro Sánchez. Finalmente, el Tribunal Supremo apostó por la tesis de la sedición en sus condenas a los líderes independentistas.

Tejera fue la encargada de abrir la fase pericial del juicio del procés después de casi tres meses de interrogatorios a más de 420 testigos. Compareció acompañada por otras dos altas funcionarias del Estado y la subdirectora general de estudios de la Intervención General. La fuentes consultadas indican que se trata de un cargo de libre designación y que su cese se le comunicó el miércoles por la mañana.

Durante su intervención en el juicio del procés sostuvieron la tesis de que la malversación empieza cuando la Administración contrae la deuda, es decir, cuando el proveedor hace el trabajo y no cuando se factura. Los acusados se aferraban a que no había ninguna factura que acreditase que hubiese habido mlaversación porque nunca se pagó nada de los que se encargó (cartelería, puesta en marcha de páginas web, diseños para anuncios publicitarios…).

Al ser un cargo de libre designación, tanto el nombramiento como el cese se debe a motivos de confianza. La Abogacía del Estado depende jerárquicamente del Ministerio de Justicia que ahora dirige Juan Carlos Campo tras la salida de Dolores Delgado a la Fiscalía General del Estado.

Según publicó El Mundo el pasado octubre, Tejera mostró sus reparos a la decisión del Gobierno en funciones de destinar 4.500 millones a las comunidades autónomas antes de las elecciones generales de noviembre como era la intención de la ministra María Jesús Montero. Según esta información tuvo que dar su visto bueno la máxima responsable de la Abogacía del Estado, Consuelo Castro.

Castro fue nombrada por el Gobierno socialista después de la moción de censura socialista. Su llegada al Departamento también provocó la salida del abogado del Estado que había abordado para la Abogacía la instrucción contra los líderes independentistas del procés, Edmundo Bal. El actual diputado de Ciudadanos no estaba de acuerdo con rebajar la petición de condenas de rebelión a sedición.

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