Quim Torra no logra convalidar el decreto del alquiler, aprobado en plena campaña electoral para tratar de impedir mayores alzas en los precios. El Consejo de Garantías Estatutarias y Competencia ya ha dado un veredicto desfavorable a esta medida debido a la invasión de competencias del Estado y a que tendrá el efecto contrario al deseado, al incrementarse los precios.
La votación se ha saldado con 69 votos en contra y solo 64 a favor. La CUP también se ha opuesto, mientras Cataluña En Comú Podem se ha mantenido firme en su 'no', pese a las reiteradas peticiones de Esther Capella, consejera de Justicia, para escoger la vía de la abstención. Ciudadanos, PSC y Partido Popular también han votado en contra de la convalidación del decreto.
Capella ha apelado a la necesidad urgente de acometer medidas para facilitar el acceso a la vivienda. A su juicio, solo se podrá hacer si se ponen límites a los "precios abusivos" del alquiler, un problema que se ha acentuado en Barcelona y en los municipios colindantes, mientras que "la gentrificación y la pobreza avanzan imparables", ha asegurado. Capella ha sustentado su argumento en cifras, como la subida de los precios del alquiler en un 38% en los últimos siete años, alcanzando niveles previos a la crisis, mientras "ni los salarios ni la capacidad adquisitiva" de las familias pueden hacer frente a estos incrementos. El problema tiene consecuencias, como la desigualdad social, la expulsión de personas y desahucios, así como duras condiciones para acceder a la vivienda.
Puntos polémicos del decreto
Capella ha pasado de puntillas por los puntos más polémicos del decreto que permitiría limitar por primera vez en España la subida del alquiler. El informe del Consejo de Garantías Estatutarias ha tumbado el decreto afirmando que invade competencias del Estado. "No autolimitaremos las competencias y no se permitirán abusos en el mercado del alquiler", ha afirmado Capella al referirse a la medida, que no ha pasado el corte en el Parlamento autonómico.
Las diputadas de la CUP y En Comú Podem, Maria Sirvent y Susana Segovia, respectivamente, han mostrado casi un discurso idéntico para rechazar el decreto. A su juicio, se ha elaborado sin consenso, sin tener en cuenta la opinión de plataformas como la PAH o el sindicato de inquilinos.
