A las 48 horas de que el partido de Illa, el PSC, y el de Puigdemont, Junts per Catalunya, votaran el 7 de este mes en el Parlament una moción contra la misión europea que analiza el bilingüismo en los colegios catalanes, la plataforma Escuela de Todos anunció su transformación en asociación de ámbito nacional. Integran la misma catorce entidades cívicas, con la ausencia de Societat Civil Catalana (SCC) que sí formó parte de Escuela de Todos en la reclamación del 25% de enseñanza en castellano. El abandono de la defensa colectiva de la lengua española por esa organización es paralelo a su particular oposición a la ley amnistía: desde que la admitió el presidente del Gobierno en septiembre de 2023 hasta su aprobación en el Congreso el pasado jueves, la ha rechazado sin mencionar a su artífice, Pedro Sánchez, o a Sánchez con Puigdemont.
Mientras el PSC-PSOE y JuntsxCat arremetían en el Parlament catalán contra los eurodiputados que han atendido la denuncia sobre el castellano en la enseñanza, los mismos partidos daban luz verde a la proposición de ley de amnistía en el Congreso y dos días después la madrileña plaza de la Cibeles albergó una concentración contra la amnistía y por la dimisión de Sánchez. Entre el centenar de organizaciones que convocaron ese acto no figuró SCC, como sí hizo en ocasiones anteriores, tampoco se pronunció sobre la descalificación conjunta del Parlamento Europeo a cargo de socialistas e independentistas, ni ante la tergiversación por la Moncloa del informe de la Comisión de Venecia. Finalmente, su acogida al adelanto de las elecciones catalanas con el deseo de que sirvan para “pasar página” coincide literalmente con lo manifestado por el jefe del PSC, Salvador Illa, y el ministro de Industria, del mismo partido, Jordi Hereu, aparte de las ocasiones en las que Sánchez ha dicho lo mismo respecto a los efectos de la amnistía.
En noviembre, ante la investidura de Pedro Sánchez con siete votos de Puigdemont a cambio de borrar los delitos del `procés´, numerosas asociaciones ciudadanas y profesionales, también de Cataluña, apelaron al honor y a la lealtad constitucional de los diputados del Grupo Parlamentario Socialista para impedir aquel trueque. Entonces no se pronunció la entidad catalana, que cuatro meses más tarde ha instado a los diputados del Grupo Parlamentario Socialista a “aferrarse a sus valores socialdemócratas”, recordándoles que “su conciencia y su obligación como demócratas están por encima de la obediencia ciega a las razones de carácter partidista”.
Consumada la “obediencia ciega” de los diputados socialistas con su aprobación de esa ley de amnistía, la respuesta de Societat Civil Catalana sigue sin contemplar la decisión del presidente Sánchez de amnistiar a los golpistas del 1-O y la negociación mantenida entre su gobierno y el PSOE con el prófugo Carles Puigdemont para asegurarse seguir al frente del Ejecutivo. En su comunicado/respuesta reparte la responsabilidad entre los ocho grupos que conforman la mayoría parlamentaria, acusando a ésta de forzar “una crisis del Estado social y democrático de derecho” y concluyendo que “la mayoría del Legislativo ha ignorado la división de poderes”. En las 448 palabras de ese comunicado no aparece el nombre de Pedro Sánchez, ni referencia alguna al Presidente del Gobierno, al Gobierno de mayoría socialista o al Gobierno de coalición PSOE-Sumar.
El distanciamiento y posterior abandono de Escuela de Todos, plataforma impulsada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe, lo apuntó la presidenta de SCC, Elda Mata, en `El Mundo´ (17/09/2023) con el argumento de que “no coincidimos con la nueva fórmula de coordinación entre entidades que plantea Escuela de Todos, ya que comporta cambios sustanciales con los que no coincidimos”, dándose la circunstancia de que a la nueva Escuela de Todos pertenecen Sociedad Civil Balear y Sociedad Civil Navarra, aunque sin dependencia de la catalana. Ya seis meses antes de que Mata ofreciera esa justificación, su organización lanzaba en solitario la campaña `No te calles, no estás solo´, animando a rebelarse contra la discriminación del castellano por la vía de inscribirse en la agrupación con una contribución económica.
“El PSC mantiene su cuota en Societat Civil Catalana para controlar su disidencia”, titulaba 'elCatalan.es' su interpretación sobre la presencia de militantes del Partit dels Socialistes de Catalunya en su dirección. La relación factual con el PSC-PSOE está en el origen aunque nunca se ha exteriorizado. Desde la Moncloa de Mariano Rajoy se orientó, en 2014, a los fundadores de la nueva asociación a estrechar lazos con los socialistas de Cataluña, según Cayetana Álvarez de Toledo testigo de aquella gestación (Políticamente indeseable. Ediciones B. 2021). Tras una azarosa trayectoria orgánica y política desde octubre de 2017, la entidad constitucionalista con más nombre evita la crítica directa y frontal a los gobiernos sanchistas. De hecho su anterior presidente, Sánchez Costa, acudió invitado a un acto de Pedro Sánchez en el Liceo de Barcelona, en junio de 2021, para `vender´ los indultos con los que a continuación agració a los separatistas condenados por sedición y malversación.
El partido de Sánchez/Illa es temeroso de la influencia sobre su electorado de un movimiento constitucionalista que plante cara abiertamente a las concesiones del poder sanchista al independentismo. De ahí que Socialistes de Catalunya haya procurado buenas relaciones formales con las entidades cívicas constitucionalistas confiando en que, a la recíproca, pasen por alto la complicidad de ese partido con los de Junqueras y de Puigdemont, más que notoria en el olvido del 1-O y en la discriminación lingüística en los colegios. Una reciprocidad que se atisba en el hecho de que en los 150 días transcurridos desde la concentración anti-amnistía en Barcelona de octubre pasado, docenas de tuits en el perfil de SCC muestran un firme rechazo a la ley de amnistía sin una sola mención a quien ha pactado y hace posible ese perdón general a los golpistas del 1-O, con Pedro Sánchez la cabeza.
Siguiendo la máxima de “se dice el pecado, pero no el pecador”, hay entradas en X (Twitter) algo abstractas como ésta sobre la negociación en Suiza del PSOE con Puigdemont: “Que un diplomático salvadoreño `medie´ en Suiza entre un partido de gobierno y una formación nacionalista, minoritaria y supremacista de dirigentes condenados o huidos es una humillación para la democracia europea y para el pueblo español. Obsceno. Intolerable”. Lo más lejos a lo que ha llegado en la identificación de responsables en la amnistía aparece en un tuit del 16 de noviembre, fecha de la investidura presidencial, sin citar el nombre de Pedro Sánchez: “España tiene un presidente legítimo débil elegido tras ceder al chantaje nacionalista. Cerramos capítulo. Abrimos capítulo: Desde la sociedad civil plantaremos cara para impedir que el ideario nacionalista que impregna el acuerdo de investidura vea la luz”.
La relación, no directa, de SCC con el partido gobernante se debe a la presencia de dos socialistas en su directiva, el vicepresidente Álex Ramos Torre y la vocal Rocío León Aller, así como en la agrupación madrileña están Pedro Bofill, antiguo miembro de la Ejecutiva del PSOE, y Ana Ruiz. Desde la reforma de sus estatutos en 2023 enfatiza su transversalidad política, entendida como abstenerse de “participar en actos en los que se ataque a ninguno de ellos” en referencia a los “partidos del ámbito constitucionalista”. Las seis palabras con las que los anteriores estatutos advertían que “queda excluido todo ánimo de lucro”, han sido sustituidas por quince líneas sobre los equilibrios, sensibilidades y neutralidad política.
Esta organización mantiene la imagen de marca por las movilizaciones de octubre de 2017 y octubre de 2023 llevadas a cabo gracias al músculo organizativo que le permiten unos recursos económicos 10 ó 15 veces superiores a los de otras organizaciones referentes del constitucionalismo en Cataluña. Societat Civil Catalana, con presupuesto de gastos de 378.000 € en 2022, se financia con las cuotas de sus numerosos socios, más donaciones privadas y ayudas logísticas canalizadas por la Fundación Joan Boscà, esta última sin actividad directa conocida, con algún destacado empresario y directivo de esa asociación en su patronato. La presentación de la Joan Boscà en su web corporativa incluye a SCC como integrada en la Fundación, siendo una de sus líneas de acción “Ofrecer apoyo económico a personas físicas o jurídicas que contribuyan con su actividad a la consecución de los fines de la Fundación”.