La mártir Ponsatí. Así es cómo se quería mostrar la exconsellera de Educación durante el mandato del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para poner a prueba la orden de detención nacional sin presentarse ante el Supremo como sí hizo Anna Gabriel. Y era predecible. Tanto que los preparativos para lograr la 'foto' de la detención por parte de los Mossos d'Esquadra ayer martes estaban muy bien hilados: desde pasearse por el centro de Barcelona con la acreditación de eurodiputada hasta la compañía del abogado de Gonzalo Boye en todo momento. Una asesoría que incluso pudo llevarse consigo puesto que también subió al coche policial una vez fue a declarar al juzgado de Guardia de Barcelona.
Detrás del cartón piedra del 'show' mediático que propulsó ayer la llegada de la exconsellera, que está procesada por desobediencia, hay un ansia de reavivar la causa secesionista desde la máxima de la 'represión del Estado español'. Una máxima que llega ahora y no antes por varios factores clave. El primero, las elecciones municipales y la rivalidad dentro del bloque secesionista con ERC y la segunda la llegada inminente de la resolución del TGUE, que dictará la inmunidad parlamentaria como eurodiputados. Si falla a favor, tanto Puigdemont como Comín, que están procesados por malversación e implica condena penal, se verán con el ánimo de desfiar al juez del Supremo, Pablo Llarena.
Como fuere, ayer Ponsatí hizo campaña por Junts. Además de la actuación por el centro de Barcelona, la escudera de Puigdemont tenía un comunicado preparado para enviarlo a los eurodiputados insistiendo en la ilegalidad del arresto, sin reconocer la autoridad de las autoridades españolas. "Mi arresto demuestra el desprecio de las autoridades españolas por la ley europea, los tribunales europeos y los derechos fundamentales. Un desprecio que no hará más que crecer hasta que las instituciones europeas presten seriamente atención y se tomen acciones decisivas", aseguraba en el email. Es por eso que también solicitó el 'habeas corpus', una forma jurídica que pide la libertad de un detenido por no haber suficientes motivos de arresto.
La foto de ayer era una estrategia electoral premeditada por parte de Junts, con Ponsatí como cabeza de turco. El partido, que hace aguas tras el caso de corrupción por el que está actualmente procesada su presidenta, Laura Borràs, y los vaivenes internos que le hicieron romper con la coalición del Govern dejando sola a ERC en el timón, ha vuelto a reivindicarse como el único que 'lucha contra la represión' y desacredita a las instituciones 'ilegales' españolas. No hay otro ánimo que calentar la calle para volver a atraer a la causa secesionista y sacar rédito electoral.
La pretensión de reactivar el ala radical del independentismo no ha tenido tanta repercusión. Al igual que Puigdemont o Turull, quien respaldó a Ponsatí en los juzgados de Barcelona, la tesis del bloque soberanista desde la desobediencia tuvo a ANC y a Ómnum intentando generar una gran movilización para generar un mayor impacto, como lo tuvo la condena del 'procés' en 2019. Ómnium dijo que la detención por parte de la Justicia de España atentaba contra la inmunidad de Ponsatí y "era un nuevo ataque a la democracia".
Cabe destacar que este marco de exposición mediática solo ha sido posible con la reforma del código penal por parte del Gobierno. Porque al eliminarse el delito de sedición solo se le reclama por un delito más laxo, el de desobediencia. Igual que la cupaire Anna Gabriel y la que fuera 'número dos' de ERC, Marta Rovira. Es por eso que está previsto que vuelva a declarar el próximo 24 de abril, tras volver a Bruselas a primera hora de este miércoles, y que el resultado final sea una multa o inhabilitación.
