'Convivencia Cívica Catalana' ha solicitado en un escrito formal al juzgado para que practique diligencias y averigüe más datos referentes a los exámenes de C1 de catalán que se pedían como requisito para su regularización e indagar si hubo caso de 'andaluzofobia'. Datos como los contratos a las personas que sustituyen a los ahora despedidos, sobre las pruebas mismas y las respuestas. La organización, junto a 'Hablamos Español', busca atar pruebas para valorar una posible demanda al Ayuntamiento de Barcelona. A principios de enero el Consistorio despidió a 12 trabajadores que estaban de interinos, y que llevaban décadas en sus puestos de trabajo.
Como ha explicado 'Hablamos Español' a Vozpópuli, 5 de los 6 trabajadores que asesoran son andaluces con un marcado acento. Son casi la mitad de los afectados por no haber tenido el C1 de catalán como trabajadores laborales, entre los que figuran el cocinero del Consistorio y el clarinetista cesado de la Banda Municipal de Barcelona, aunque ha explicado que hay siete personas más que fueron despedidas y que eran funcionarios. La organización también critica la forma del despido: "Las personas han sido despedidas de forma individual. Cuando se hace de manera colectiva se hace de otra manera y hay una indemnización más alta. Queremos ver si hay conflicto colectivo o vulneración de derechos fundamentales", aseguran.
12 trabajadores de 3.056 personas
La organización requiere esos datos, que tenía que tener el Consistorio en el proceso de estabilización, y alude que también ha pedido la provincia de nacimiento de los examinados así como las pruebas orales por si el acento ha sido un factor fundamental en la suspensión de la prueba del C1, como sospechan, que fijaba la ley aprobada por el Govern el año 2022. De esta manera, puede enfocarse la demanda de una manera de otra, con la hipótesis del despido improcedente. Como se ha sabido, se trata de empleados que sobrepasaban los 50 años de edad en situación de interinidad.
El Ayuntamiento ya comunicó que la situación afectaba a un total de 12 trabajadores de 3.056 personas admitidas en el proceso para cubrir 1.597 plazas que fueron convocadas en el marco de la Ley de 20/21 de estabilización de personal en el sector público. "Este proceso selectivo tenía entre sus requisitos la presentación de los méritos y el nivel de catalán correspondiente a cada grupo de titulación". Afirmaban que este requerimiento de conocimiento del catalán para el acceso de la función pública en Cataluña está regulado desde el año 2020 por parte de la Generalitat y que era "obviamente público y conocido".