Ciudadanos ha presentado este jueves una proposición de ley para la liberación del uso de las lenguas en los comercios y atajar el acoso de "patrullas" lingüísticas a locales que no han rotulado en catalán o han sido denunciados por no atender en dicho idioma. En el texto registrado en la Mesa del Parlament, el grupo propone modificar y derogar algunos artículos del Código de Consumo a los que se atiene la Administración para sancionar en base a los "derechos lingüísticos" de los consumidores. Como recoge el escrito, de 2010 a 2020 se han impuesto un total de 1.255 multas lingüísticas por el Departamento de Consumo por un importe que supera el millón 279 mil euros.
El presidente de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha defendido en la calle del Portal del Ángel esta mañana el texto que modifica la normativa aludiendo que existe un "nacionalismo intervencionista" y ha añadido que en la calle más comercial de Barcelona, en la que se situaba para atender a los medios, los empresarios atienden en diferentes lenguas porque se adaptan. "El comercio se adapta al mercado mientras hay patrullas de delatores lingüísticos que denuncian a los comercios", ha declarado.
El texto recoge que las multas han recaído en establecimientos comerciales de pequeña y mediana dimensión tras haber sido denunciados por haber utilizado el castellano para atender a un "cliente misterioso", normalmente un activista ligado a entidades subvencionadas como Plataforma per la Llengua, como ha sucedido este último mes con una denuncia a un médico por atender en castellano en el CAP Larrand.
Se trata de una proposición que busca derogar tanto en la ley de consumo como en la de política lingüística el "aparato represivo" que existe en la legislación catalana para "adaptarla" al Tribunal Constitucional, que ha tildado de ilegales las sanciones por estimar que el hecho sobre el que se asientan, el pretendido deber de las personas a atender en catalán, corresponde solo a los poderes públicos.
El grupo exige la devolución de todas las multas añadiendo al Código de Consumo que la Administración de la Generalitat debe poner fin de "oficio a todos los expedientes sancionados" y propone otra adición para la reparación de oficio de las sanciones impuestas. Ha pedido que la Administración reembolse a las personas físicas y jurídicas afectadas que han sido objeto de sanción en un plazo de tres meses. El Constitucional ha dicho en reiteradas ocasiones que la obligatoriedad del uso del catalán no se puede exigir en el ámbito privado, no se puede exigir a nadie que hable un idioma", ha dicho Carrizosa. El presidente de Ciudadanos ha declarado que no esperan opocisición por parte del PP y Vox como sí con el PSC por sus pactos con los partidos independentistas.
