Publicado: 13/09/2021 09:20
Actualizado: 13/09/2021 10:35
La propuesta de Laura Borràs de que el Parlament diera la Medalla de Honor en categoría de oro a las "víctimas de la represión" por la justicia española por su implicación en el procés no ha tenido el efecto esperado. Pese a que la mayoría independentista parlamentaria apoyó la iniciativa de la presidenta de la institución, unos 70 independentistas investigados por los tribunales lanzaron este viernes 10 de septiembre, en vísperas de la Diada y el mismo día de la entrega de las condecoraciones en el propio Parlament, un manifiesto en el que consideran este gesto una "operación de estética" de la Generalitat. Y, en consecuencia, no asistieron a la entrega de las medallas.
El hecho de que la Generalitat se haya personado como acusación particular contra muchos de los manifestantes y activistas independentistas a quien, con anterioridad, el propio Ejecutivo había animado a movilizarse ha generado tensiones en el seno del independentismo. Mientras la CUP se ha posicionado a favor de algunos de quienes han causado altercados en las protestas, ERC y JxCat mantienen un discurso ambivalente y difícil de entender para estos colectivos.
En el manifiesto de estos colectivos, difundido por las redes sociales, exigen a la Generalitat "retirarse como acusación" en todas las causas contra integrantes del movimiento independentista y calculan que hay unos "3.500 represaliados" por el Estado. Asimismo, instan a tejer una "coordinación antirrepresiva que supere la reacción meramente judicial a la cual nos quieren someter y pasar a la ofensiva y la propuesta política".
Contra los Mossos
En su diana también ponen a los Mossos d'Esquadra al sugerir que hay "grupos fascistas" dentro del cuerpo autonómico: "basta de connivencia con los grupos fascistas de dentro de los Mossos" y exhortan a desarrollar "más mecanismos de control" de sus "atestados policiales y de las investigaciones y acusaciones de la Fiscalía española". Para los firmantes del manifiesto, hay que priorizar lo que ellos definen como "ejercicio de los derechos fundamentales como es el derecho a protesta o manifestación" y sus "luchas por un mundo mejor".
Uno de los activistas más conocidos que rubrican el manifiesto y que ha rechazado asistir en el acto de entrega en el Parlament es Marcel Vivet, militante de la CUP y a quien la Generalitat, como acusación, le pidió cuatro años y nueve meses de cárcel por agredir a un agente de la policía autonómica cuando se encontraba en una protesta contra el sindicato Jusapol de la Policía Nacional. El pasado junio, la Audiencia Nacional lo condenó a cinco años de cárcel por los delitos de desórdenes públicos y atentados contra la autoridad y, a la vez, por un delito de lesiones que le obliga a pagar una multa de 600 euros y una indemnización de 1.511 euros a la víctima.
El propio Vivet ha difundido un vídeo a través de las redes donde critica la hipocresía del Gobierno: "Estoy condenado a cinco años por la acusación de la Generalitat y la Fiscalía española" y dice que un "gesto simbólico", como el de la Medalla de Honor, solo "tiene sentido si las acciones la acompañan". Finalmente, se pregunta si "la Generalitat dejará de amparar nuestra represión", si "los Mossos dejarán de escribir atestados policiales con la intención de encarcelar a activistas" y si dejarán de permitir de que "haya grupos españolistas y fascistas tanto en las calles como en las instituciones". "Somos millones los que sufrimos la inacción de los representantes políticos de Cataluña", zanja.
La presión de la CUP
Como informó Vozpópuli, desde la configuración del nuevo Govern, su principal socio externo, la CUP, presiona a ERC y JxCat para que la Generalitat no represente a los agentes de los Mossos d'Esquadra heridos en protestas como acusación particular en los tribunales.
Los tres partidos votaron en contra de una resolución presentada por el PSC en el Parlament que instaba al gobierno de coalición a garantizar la defensa legal de sus agentes, también ejerciendo la acusación particular en los tribunales de aquellos servidores públicos que habían sido heridos en el ejercicio de sus funciones. En especial, en labores para preservar el orden público.
Toda la oposición, con la excepción de En Comú Podem, apoyóla propuesta socialista. De acuerdo con su texto, el artículo 39 de la Ley 10/94 de la Policía de Cataluña el Govern debe continuar con las acusaciones particulares de los Mossos.
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