El independentismo presionó al Barça para financiar con contratos fantasma el 1-O

En el verano de 2015, Josep Maria Bartomeu se convierte en presidente del FC Barcelona con un 54,63% de los votos. Jordi Sànchez, al frente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y Jordi Cuixart, entonces vicepresidente de Òmnium Cultural, han intentado que el independentista Joan Laporta y Agustí Benedito pactaran para derrotarle, pero no lo consiguen. Cinco meses después, Carles Puigdemont llega a la Generalitat y busca acelerar el procés, que necesita personas, instituciones, propaganda y dinero, entre otras muchas cosas. El Barça tiene todo eso.

La ofensiva del independentismo sobre el club azulgrana durante un periodo crucial para Cataluña y para España es reconstruida por el periódico El Mundo en tres entregas, publicadas a partir de este martes y hasta el próximo jueves. Los detalles concretos de las exigencias provienen de fuentes conocedoras de los hechos de manera directa y del material contenido en los dispositivos electrónicos intervenidos por los Mossos d'Esquadra a exejecutivos del Barcelona e incorporados al sumario del Barçagate, en el que se investiga la contratación de una empresa para monitorizar las redes sociales y la creación de perfiles difamatorios de jugadores y opositores.

Desde el entorno de Puigdemont, no desde ERC, las exigencias de los líderes del procés son de todo tipo, pero son de especial gravedad las de índole económico, ofrecidas en este primer capítulo del citado medio, al querer convertir al club azulgrana en una caja financiadora del independentismo. Bartomeu se negó a todas.

"Una petición que viene del president"

"Tenemos una petición que viene del president". Bartomeu escucha atentamente a su interlocutor en una reunión para la que ha sido requerido desde el entorno de la Plataforma Pro Selecciones Deportivas Catalanas, organización creada para promover la participación de la región en competiciones internacionales. La asociación está presidida por Xavier Vinyals. El contacto es personal y se produce meses antes del estallido del 1-O. La petición es la de contratar a cuatro personas cuya identidad sería facilitada al club, remuneradas con salarios de ejecutivos. "Querían entre 100.000 y 120.000 euros por cabeza", dice una de las fuentes conocedoras de aquella conversación. Estos empleados serían ficticios: pasarían a incorporarse a la plantilla del club pero no prestarían ningún servicio ni estarían presentes en sus oficinas. El presidente del Barça contestó que si se trataba de una petición personal de Puigdemont, debía ser él quien se la trasladara: "Decidle que me llame", replicó, y avanzó que no accedería a desviar fondos del club para fines ajenos a la entidad. Recalcó que bajo su presidencia, el Barça estaría a favor del "derecho a decidir" y de la libertad de expresión, y que secundaría cualquier iniciativa en favor de Cataluña, pero que velaría, por encima de cualquier otra circunstancia, por el interés de los socios. Apenas un año después de aquella petición, la Guardia Civil investigó a la Plataforma Pro Selecciones Deportivas Catalanas para determinar el destino final de las subvenciones públicas que había recibido de la Generalitat.

Algo similar sucedió con las empresas. Estas compañías, explicaron al club, iban a desempeñar trabajos logísticos para el proceso independentista y se limitarían a girar sus facturas al Barça simulando que habían trabajado para la entidad. Pero la respuesta de la cúpula azulgrana fue que no tendrían inconveniente en valorar las ofertas de estas empresas en los concursos previos a las contrataciones. "Esto no se puede hacer por concurso", aclararon los interlocutores. "Pues entonces no se puede", fue la contestación que dio personalmente Bartomeu en uno de los encuentros que se reproducirían en los meses siguientes con distintas peticiones.