El Govern de Pere Aragonès ha acordado este martes "restringir" sus relaciones políticas con el Ejecutivo central hasta que se esclarezcan las denuncias de espionaje a más de 60 independentistas y se "depuren" responsabilidades, un caso por el que planea emprender "acciones legales" a todos los niveles. Así lo recoge el acuerdo aprobado por el gobierno de la Generalitat en su reunión ordinaria de este martes, en el que constata que la reacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante este "escándalo político" ha sido hasta ahora "del todo insuficiente", lo que "pone gravemente en peligro la confianza" entre gobiernos.
Esto obliga, señala el texto del acuerdo, a "restringir las relaciones políticas a las mínimas que se consideren en cada caso imprescindibles, hasta el esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades al nivel que corresponda". El Govern prevé impulsar "las acciones legales necesarias, a todos los niveles y en todas las instancias, para aclarar" este caso de "espionaje tecnológico masivo" y ya avanza que solicitará al Consejo de Ministros el "acceso a los contratos de cualquier tipo que se hayan podido firmar entre el CNI o cualquier otra agencia estatal y la empresa NSO Group", autora del sistema de ciberespionaje Pegasus.
Junts y la CUP han sido los grupos que más han apostado por romper las relaciones con el Gobierno. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ya hizo pública su postura en el estallido del caso, alegando que había que retirar cualquier respaldo independentista en el Congreso a Pedro Sánchez. La presión en el seno de la coalición ha ido 'in cresciendo' a lo largo de los días hasta que, finalmente, ERC ha cedido. Ayer la portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, ya puso en duda que los republicanos siguieran apoyando al Gobierno hasta que se aclararan las actuaciones del Estado en el caso de espionaje. Un apoyo que es ahora fundamental, y que corre grave peligro, ya que el Ejecutivo está a punto de aprobar el decreto anticrisis y necesita el apoyo de los nacionalistas.
Junts se ha hecho valer dentro del bloque independentista en el Congreso y ha destacado que, este jueves, cuando se haga la votación del decreto, la postura seguirá inamovible. El grupo ha apuntado de nuevo a la implicación del CNI en el caso de espionaje y a su relación con el Ministerio de Defensa. La mayoría de grupos reclaman ahora que sea la ministra, Margarita Robles, la que dé explicaciones ya que la constitución de la Comisión de Secretos Oficiales no es suficiente. El objetivo ahora para los independentistas sigue siendo la constitución de una Comisión de Investigación y la aplicación de medidas drásticas como anunciar ceses, tal y como reclamó la consellera Laura Vilagrà en su reunión con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el domingo.
Batet propone una rebaja de mayorías
Por ahora, la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, ha propuesto en la Mesa del Congreso una rebaja de las mayorías que se exigen para acceder a la denominada Comisión de Secretos Oficiales, bajando el listón de 210 a mayoría absoluta, lo que ya permitiría abrir la puerta a ERC, Junts y Bildu al control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las materias clasificadas. Se trataría de una modificación de la resolución de Presidencia que firmó el socialista Manuel Marín en 2004, pero pese a tratarse de un cambio de las reglas del juego, no cuenta con apoyo de grupos de la oposición como el PP, Vox y Ciudadanos.
