La 'familia' de Colau en el Ayuntamiento se apunta a un trabajo de por vida

Algo no huele bien en el Ayuntamiento de Barcelona. Hasta nueve cargos del equipo de Gobierno de la alcaldesa, Ada Colau, se presentaron hace una semana a las pruebas para ser funcionario de la Administración local. Todos cumplen los requisitos para acceder al puesto. No existe ninguna incompatibilidad. El problema es que el tribunal que evalúa sus candidaturas lo conforman funcionarios de una Administración que dirige el Gobierno del que forman parte.

El caso ha levantado ampollas, porque conecta directamente con el fin de época de Colau al frente de la sala de máquinas de Barcelona. Lo cierto es que la regidora sabe que su futuro en la alcaldía pende un hilo. Es más, revalidó su cargo en 2019 gracias al apoyo del grupo del liberal Manuel Valls, quien prefirió que Colau se pusiera al mando antes de que los independentistas de ERC se hicieran con la otra joya de la política catalana además del Palau de la Generalitat.

Lo cierto es que en Unidas Podemos, la coalición en la que está integrada En Comú Podem, ya ven a Colau peleando para dar un salto a Madrid que la mantenga en primera línea política. Ese es el motivo por el que la regidora es el principal apoyo de la vicepresidenta segunda del Gobierno. “Ella se pega a un caballo ganador, que es Yolanda Díaz, porque sabe que es la única forma de sobrevivir en política”, explica a este diario una fuente que tuvo mucho peso en Podem. Otro asunto es el ‘séquito’ que trata de apuntarse de un trabajo para toda la vida ante el difícil escenario electoral que afronta Barcelona En Comú, que pelea a cara de perro con los independentistas de ERC.

El séquito opositor

Como recogió Servimedia, el número uno del séquito de cargos afines en busca del dorado funcionarial es el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, uno de los 'pesos pesados' en el Gobierno de la ciudad durante los dos mandatos de Ada Colau que ha sido admitido como aspirante a técnico superior de Ingeniería.

Pero Badia no es el único alto cargo municipal que aspira a un futuro laboral dentro del Ayuntamiento. Su pareja, Tatiana Guerrero, asesora de la tenencia de alcaldía de Derechos Sociales, también oposita. Aunque, en su caso, como técnica superior en Psicología.

También hay al menos un miembro de las comisiones de alcaldía, el de Diálogo Intercultural y Pluralismo Religioso, Khalid Ghali, opositor número 6.032, que también se examina en la categoría de técnico superior de Psicología. Además, aspiran a entrar en la bolsa laboral la jefa de gabinete de la Concejalía de Vivienda, Vanesa Valiño, que es también pareja del diputado en el Congreso por los ‘comunes’ Gerardo Pisarello; el jefe de gabinete del propio Badia, Enrique Gornés, y Marc Rius, que es jefe de gabinete de la segunda teniente de alcalde municipal, Janet Sanz.  En la lista también está uno de los asesores de Sanz, Roger Clot; o Carles Spa Novellas, asesor de presidencia.

En total participan 16.000 aspirantes en 33 categorías laborales correspondientes a técnicos superiores, técnicos medios y auxiliares en disciplinas tan diversas como la arquitectura, la ingeniería, a historia y el arte, el derecho, la medicina, la veterinaria, la salud pública, la psicología, la microbiología, la logopedia o la fisioterapia, entre otras.

Eloi Badia estuvo al frente de la concejalía de Emergencia Climática y Transición Ecológica y no sin polémica. Y todo porque ha protagonizado algunos de los fiascos más destacables de la gestión de Colau a lo largo de estos dos mandatos. El sistema de recogida de basuras la puso en el punto de mira, así como la desastrosa gestión del cementerio y la fallida promesa de una funeraria municipal. 

La imputada Colau 

Lo cierto es que Colau está salpicada, además , por su imputación. La primera edil declaró a primeros de este mes ante el juez como imputada por haber otorgado, supuestamente, subvenciones a entidades afines. La Justicia tiene que dilucidar si la regidora ha incurrido en los presuntos delitos de presunta malversación, prevaricación, fraude, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias. Ella y su equipo aseguran que no hay indicio de delito alguno y, por eso, se sentó en el juzgado de Instrucción 21 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) muy "tranquila”. Los suyos, eso sí, no están tan tranquilos con su futuro profesional.