Dignidad y Justicia liderará la acusación popular en la causa contra Puigdemont por el 'caso Tsunami'

La magistrada del Tribunal Supremo, Susana Polo, ha acordado que la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ejerza la acusación popular en la causa en la que se investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont y al diputado catalán Ruben Wagensberg por presunto terrorismo los disturbios atribuidos a la plataforma independentista 'Tsunami Democràtic'.

En un auto publicado este miércoles, la instructora de la causa acuerda que "el ejercicio de la acción popular en la presente causa sea ejercido bajo una misma dirección y representación, que corresponde al primer compareciente en legal forma": la asociación presidida por Daniel Portero. La magistrada toma esta decisión "ante la falta de acuerdo" entre todas las acusaciones populares en la vista celebrada este martes en el alto tribunal. Esta misma reunió a todas ellas -DyJ, Vox y Sociedad Civil Catalana- para valorar si podían "concurrir en única representación y defensa".

Además, Susana Polo explica que, después de no alcanzarse un pacto, "debe ser el criterio objetivo de prioridad en la personación ante este tribunal el que imponga la preferencia". En este caso, la Asociación Dignidad y Justicia que se personó en las actuaciones el 6 de febrero de 2024, señala al respecto.

La declaración de los investigados

Cabe recordar que la magistrada ha citado a Puigdemont y Wagensberg para que declaren de forma voluntaria por videoconferencia entre el 17 y el 21 de junio en el marco de la causa penal que abrió el Supremo el pasado febrero por presuntos delitos de terrorismo.

El alto tribunal asumió la competencia sobre los hechos relativos a ambos dirigentes a petición del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que continúa investigando a otra decena de personas por los disturbios atribuidos a la plataforma independentista.

La citación de Wagensberg y Puigdemont es la primera diligencia que ordena Polo desde que recibiera el encargo de instruir la causa. El asunto está en manos del Tribunal Supremo toda vez que ambos gozan de la condición de aforados -uno por ser eurodiputado y otro por ser diputado del Parlament pero al investigarse hechos cometidos fuera de Cataluña-.