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Cataluña

El juez cita a cargos del Govern por discriminar a policías y guardias civiles con las vacunas

El pasado mes de diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sostuvo mediante sentencia que hubo discriminación hacia estos cuerpos policiales

El ritmo de vacunación a policías y guardias civiles en Cataluña fue más bajo que en otros cuerpos
Una sanitaria vacuna a un Guardia Civil.

El Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona ha citado para el próximo 22 de julio a los cuatro cargos de la Generalitat de Cataluña investigados por la decisión "discriminatoria e injustificada" de retrasar la vacunación contra la covid a policías nacionales y guardias civiles destinados en esta comunidad autónoma.

La declaración como investigados se ha fijado a partir de las 10 horas del 22 de julio, según la citación a la que ha tenido acceso Europa Press. Se trata de una medida adoptada en el marco de la querella presentada por la asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL y el sindicato de la Policía Nacional JUPOL.

En concreto, la decisión judicial afecta a Carmen Cabezas Peña, quien ocupó primero el cargo de subdirectora general de Promoción de la Salud y con posterioridad ostentó la Secretaría de Salud Pública. Junto a ella, deberán declarar como investigados Sara Manjón del Solar, directora del área de Organizaciones y Profesionales del Servicio Catalán de Salud; Xavier Rodríguez Guasch, director de Servicios del Departamento de Salud y Adriá Comella Carnicé, director del Servicio Catalán de Salud.

El pasado mes de diciembre el TSJ de Cataluña sostuvo mediante sentencia que hubo discriminación hacia estos cuerpos policiales porque "la administración autonómica no dispuso de la misma voluntad y empeño en la protección sanitaria" que con los Mossos d'Esquadra y policías locales.

Discriminación en la vacunación a Policía Nacional y Guardia Civil

Los sindicatos habían denunciado que en el proceso de vacunación, gestionado por las comunidades autónomas, no se había vacunado en Cataluña a Policía Nacional ni Guardia Civil, "salvo a aquellos que, además de estar en activo o en reserva, tuvieran una edad de entre 60 y 65 años".

Las quejas provocaron la intervención de los ministerios del Interior y Sanidad, que reconocieron retrasos en el ritmo de vacunación.

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