La Audiencia de Sevilla ha rechazado la petición de la Fiscalía del ingreso en prisión de los exconsejeros andaluces Antonio Fernández y José Antonio Viera y a los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, todos ellos condenados la semana pasada por el 'caso ERE'.

El principal condenado por este caso que afecta de lleno al PSOE andaluz fue José Antonio Griñan. La pena impuesta al expresidente de la Junta fue de seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por un delito continuado de malversación y prevaricación. Eso sí, la Audiencia sevillana aún no ha ordenado su ingreso en prisión.

El otro expresidente andaluz que estaba en la causa, Manuel Chaves, fue condenado a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación

Condenados por los ERE que tienen que entrar ya en prisión

  • Antonio Fernández, exconsejero de Empleo: siete años, once meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación y malversación
  • José Antonio Viera, exconsejero de Empleo: siete años y un día de cárcel y 18 años y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación y malversación
  • Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo: siete años, once meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación y malversación
  • Juan Márquez, exdirector general de Trabajo: siete años y un día de cárcel y 18 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación y malversación

Siete años de instrucción para el juicio

El juicio comenzó el 13 de diciembre de 2017 tras siete años de instrucción. Un año después y con 152 sesiones celebradas, quedó visto para sentencia el primero de los juicios por los ERE, correspondiente a la pieza política. Los 21 acusados no hicieron uso de su derecho a la última palabra más que para dar las gracias al tribunal.

Estaba sobre la mesa la supuesta creación por parte de altos cargos del Gobierno andaluz de un "procedimiento específico" para eludir los controles de fiscalización previos de la Intervención General de la Junta en la concesión de ayudas sociolaborales a empresas en crisis entre los años 2000 y 2009.