“Trataré de hacerlo lo mejor que pueda (…) Voy a dejarme los ovarios en eso”, ha advertido Carmen Calvo Poyato (‘El País’, 18/02/2024) tras proponerle el Gobierno para presidir el Consejo de Estado. Tan decidida y desinhibida disposición acompaña a una biografía académica jalonada por: una tesis doctoral con faltas de ortografía, diez años escasos de docencia en la Universidad de Córdoba, dos artículos y medio publicados y ningún libro de ciencia jurídica. Esa es su obra. En su pensamiento sobre Derecho Constitucional, que es su especialidad, destacan dos propuestas: descentralizar el Poder Judicial en “una estructura del Estado federal” y la feminización del texto de la Carta Magna, ninguna de las cuales ha gozado de recorrido.
Carmen Calvo, dos veces vicepresidenta y dos veces ministra (Cultura e Igualdad), presenta una carrera en la Administración del Estado superior a la de su predecesora Magdalena Valerio, apeada del Consejo de Estado por el Tribunal Supremo al carecer del reconocido prestigio jurídico exigido para ese órgano consultivo. Ahí también era superada por la egabrense Calvo, que en 1987 leyó en la Universidad de Córdoba su tesis doctoral `El derecho de enmienda en la producción de la ley´, en cuyas conclusiones alertaba contra el debilitamiento del poder legislativo en favor del poder ejecutivo, precisamente lo que desde hace seis años están consiguiendo los gobiernos de Pedro Sánchez a los que ha pertenecido la entonces doctoranda.
Aquella tesis doctoral que permitió a su autora conseguir en 1991 la condición de profesora titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho cordobesa, no fue publicada y tiene acceso restringido en la plataforma Teseo, lo que no ha impedido que El Independiente descubriera las 179 erratas y 30 faltas de ortografía que pueblan El derecho de enmienda…, tales como `paradógicas´ o `dictámen´. En la base de datos académicos Dialnet, Carmen Calvo aparece como autora de un libro pero es una referencia equívoca: se trata de un prólogo de dos páginas en un volumen recopilatorio de 259 páginas con artículos, conferencias y discursos de Clara Campoamor, obra del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y otros organismos. La prologuista de la obra, también editada por el Ministerio de la Presidencia, destaca de Clara Campoamor sus virtudes de coherencia y dignidad, incluso frente a los suyos, que no se corresponden con la docilidad mostrada por la autora de esas líneas respecto al sanchismo.
De sus 30 artículos publicados que recoge Dialnet solo tres, y de autoría colectiva, son cercanos al mundo de las leyes, o más bien dos y medio ya que el segundo de ellos, publicado en el Boletín del Instituto Andaluz de Criminología en 1997, es como un extracto del primero, sobre el mismo tema y firmado por los mismos cinco autores. El primero, de 23 páginas, apareció en 1996 en la Revista de Derecho Penal y Criminología con el título `Aproximación al pensamiento de jueces e insumisos sobre las normas penales de la insumisión´. Un año más tarde el ya citado Boletín dedicó cuatro páginas a `Criterios jurisprudenciales sobre la insumisión´ con las mismas firmas, la de Calvo entre ellas. De las nueve obras colectivas en las que ha participado la inminente presidenta del Consejo de Estado, en solo una, de 1991, aporta un texto próximo a la ciencia jurídica con el título `La mujer y la Constitución como contrato político social´.
El resto de publicaciones de la exministra son breves presentaciones o prólogos a trabajos ajenos o participación en obras colectivas lejanas al área de las leyes y su aplicación. El contenido predominante en casi todas ellas es la situación sociopolítica, homenajes literarios y, fundamentalmente, las propuestas de igualdad hombre-mujer. Pionera del wokismo en los discursos gubernamentales desde su época de ministra de Cultura con Rodríguez Zapatero, Carmen Calvo ha moldeado su discurso según soplara el viento desde Moncloa hasta llegar al maniqueísmo extremo mantenido en `Por ellas, por nosotras, por todas´, en la revista `Temas para el debate´ (marzo 2023), insinuando una equivalencia del fusilamiento de Las Trece Rosas en 1939 con la actitud de la derecha política actual. Eso le lleva a concluir que “La derecha que destruye el orden constitucional en 1936 y conduce a España a la larga noche del retroceso en las libertades democráticas, sigue afrentando en el presente el respeto debido a todas las mujeres”.
El pensamiento de Calvo Poyato en el área jurídico constitucional, sobre la que hay que presumirle reconocido prestigio, lo mostró al poco de ser nombrada vicepresidenta y ministra de Presidencia e Igualdad en el primer Gobierno de Pedro Sánchez. Durante una comparecencia en el Congreso (10/07/2018) desveló su intento de `feminizar´ la vigente “Constitución en masculino”, para lo que encargó a la Real Academia Española que estudiara “adecuar la Constitución a un lenguaje que incluya a las mujeres”. Ante el desdén mostrado por la RAE, un año después la vicepresidenta reiteró y urgió a la Docta Casa a una respuesta que la recibió en enero de 2020 mediante un dictamen de 156 páginas desmontando su pretensión desde los principios de la lexicografía, la gramática y la codificación natural de la comunicación entre las personas.
Calvo se batió en retirada con evidente desagrado. “No sé lo que vamos a hacer las mujeres españolas”, dijo, “si la RAE lo que ha dicho es que todo está bien como está”. Al mismo tiempo que recogía velas se sumó a otra ocurrencia que aparece periódicamente, la de que la Cámara Baja pase a denominarse Congreso de los Diputados y las Diputadas o Congreso a secas, algo que nunca ha prosperado. En la misma ocasión, julio de 2018, que la profesora de Cabra (Córdoba) planteó feminizar el lenguaje de la Carta Magna, adelantó la presentación de una Ley de usos del tiempo para facilitar “la corresponsabilidad de la vida familiar, laboral y personal de hombres y mujeres”. Seis años después esa ley no ha pasado de una idea imprecisa ahora manejada por el departamento de Yolanda Díaz.
Durante la carrera docente de Carmen Calvo, apenas diez años en dos periodos de los años 90 del pasado siglo y durante el gobierno de Rajoy, otra aportación de su pensamiento constitucionalista quedó recogida en un artículo conjunto con el también socialista Gregorio Cámara en junio de 2013. Ambos firmaron en `El País´ un texto sobre la reforma federal del estado autonómico que propugnaba, entre otras cosas, “reformar el Poder Judicial para adecuarlo a la estructura descentralizada del Estado federal”, algo que recuerda las pretensiones que plantean estratégicamente los nacionalismos catalán y vasco.
Frente a sus limitados pronunciamientos y exposiciones sobre cuestiones de orden legal y constitucional, que es lo propio del Consejo de Estado, incluido su viraje de 180º en torno a la amnistía para sumarse a la ortodoxia sanchista, abundan los referidos a teoría y activismo feminista. De ello va su primer y único libro, Nosotras, que ha aparecido coincidiendo con su designación por el Consejo de Ministros para presidir el alto órgano consultivo. En sus páginas afirma que el cometido del feminismo “es poner el dedo en la llaga de la sociedad y añadir una nueva propuesta de organización al propio sistema político”, antes de destapar su propia visión excluyente del proceso emancipador de la mujer con esta aseveración: “Tanto los hombres como las derechas democráticas están llamados a la igualdad, pero el feminismo (…) forma parte de la posición progresista, de la que quiere transformar la realidad sin cortapisas”.
Con esa visión polarizada entre las “posiciones progresistas” por un lado y el conjunto de los hombres asimilados a “las derechas democráticas” por otro, la profesora Calvo está a punto de tomar posesión de la presidencia del Consejo de Estado avalada por la exacta obra y prestigio jurídico aquí descritos, por una muy superior proyección feminista y por otros galardones que la adornan, como los de Socia de Honor de la Red Feminista de Derecho Constitucional y Grand Cordon del Wissam Alaouite del Reino de Marruecos, aparte de las condecoraciones de la Real Orden de Carlos III y de la Orden de San Raimundo de Peñafort. El Congreso de los Diputados tiene la última palabra para refrendar su designación por el Consejo de Ministros.
