El expresidente de Asaja Valladolid, Lino Rodríguez, ha sido condenado a diez años y cuatro meses de prisión por los delitos de administración desleal, apropiación indebida agravada por el valor de los defraudado, y por falsedad de documento mercantil, mientras que se le absuelve del delito de apropiación indebida en lo que respecta a la Sociedad Cooperativa Agropecuaria Patata Industrial y Consumo Indycons.
La pena más elevada por la denominada 'Operación Cebada', un total de diez años y cuatro meses, ha recaído en Lino Rodríguez, mientras que su esposa, Ana de la Fuente, y el exvicepresidente de Asaja, Gerardo Rico, han sido condenados a dos años y el exgerente de la citada OPA, Fernando Redondo, a cuatro meses, todo ello en la causa que investigaba la gestión económica de la asociación entre 1990 y 2014, periodo que la acusación pública y las particulares, ejercidas por la propia organización y la Sociedad Cooperativa Agropecuaria de Patata Industrial y Consumo (Indycons), denunciaron que estuvo plagado de irregularidades.
El primero, además, deberá abonar indemnizaciones que superan los 1,2 millones de euros, de ellos 28.731 a Asaja; 646.111 a Ifycar, 136.000 a Productores de Patatas y 388.648 a Derco. En el capítulo indemnizatorio se incluye en algunas partidas a su esposa, de forma conjunta y solidaria, y al exvicepresidente de Asaja, Gerardo Rico.
Los cuatro se enfrentaban a penas que en su conjunto sumaban más de 26 años de cárcel y casi cuatro millones de indemnización, con la petición más elevada, trece años y medio, para el expresidente, Lino Rodríguez, por delito continuado de administración desleal, otro continuado de falsedad documental en concurso medial con otro continuado de apropiación indebida y un delito de falsedad en documento mercantil, mientras que para su esposa, Ana de la Fuente, como cooperadora necesaria en el segundo y tercer delitos a través de la gestoría Sodeprin, el fiscal había pedido dos años de cárcel.
Otros dos de los acusados, el exgerente Fernando Redondo se enfrentaba a seis años y el ex vicepresidente de Asaja Valladolid, Gerardo Rico, a cinco por administración desleal, falsedad en documento público y mercantil y apropiación indebida.
En cuanto a las acusaciones particulares, Asaja imputaba tan solo a Lino Rodríguez y su esposa por falsedad documental, delito societario continuado y estafa y solicitó para cada uno de ellos cinco años de prisión, mientras que Indycons acusó a Lino y Gerardo Rico de apropiación indebida y falsedad e interesó para cada uno de ellos una condena de seis años.
Durante el juicio, el principal condenado mantuvo que todas las trasferencias de dinero entre las sectoriales de la organización entre 1990 y 2014, el salario que empezó a percibir desde 2004 y los gastos contraídos con tarjetas de crédito "están debidamente justificados y soportados", entre los que figuran la compra de joyas, perfumes y muebles, viajes, comidas, reparaciones dentales y hasta alguna adquisición en un sexshop.
A lo largo de su testimonio, Lino Rodríguez insistió en que todos y cada uno de los movimientos económicos entre Asaja y distintas sectoriales de la organización, que "eran totalmente autónomas", así como los gastos con tarjetas expedidas por dos estas últimas, Remolacheros y Derco, jamás tuvieron por destino su lucro personal sino que los mismos estaban relacionados con la actividad propia de la OPA y estaban "debidamente justificados y soportados".
El exsindicalista recordó que cuando llegó al cargo los trabajadores de la plantilla de Asaja llevaban un año sin cobrar y que por ello asumió una ingente "actividad laboral" impropia de su cargo, que era meramente "representativo", y que permitió en poco tiempo generar ingresos y subsanar esta situación.
"¡He quemado dos coches!"
"¡He quemado dos coches con esta labor, sin poder atender mi explotación!", destacó Rodríguez, quien por ello relató que pasados diez años se plantó y comunicó al sindicato que a partir de entonces se iba a limitar a su labor de representación, de ahí que directivos de Asaja, tal y como esgrimió, le ofrecieran remunerar ese esfuerzo desde 2004 en virtud de un contrato laboral.
En el polémico contrato se hizo contar la categoría profesional de ingeniero técnico agrícola, pese a reconocer que carece de la misma y que percibía unos emolumentos muy superiores a los regulados por el convenio de oficinas, inicialmente de 1.770 euros pero más tarde doblado a los casi 4.000 euros.
Además de dar por justificados todos y cada uno de los movimientos realizados entre las sectoriales de Asaja, Lino Rodríguez también defendió como legales los numerosos cheques cobrados por él en distintas entidades de ahorro--136.000, 91.000 ó 66.111 euros...-- y las diferentes transferencias recibidas en su cuenta.
Justificó también la contratación de la sociedad Sodeprín, de la que eran socios tanto él como su esposa, para tramitar todo lo relacionado con los contratos de los trabajadores ante la Seguridad Social y se mostró mostrado algo menos preciso a la hora de explicar los gastos realizados con tarjetas de débito y crédito de las sectoriales Remolacheros y Derco.
Al respecto, el exlíder de Asaja Valladolid, sin explicar muy bien por qué manejaba dichos plásticos expedidos por ambas sectoriales y no por el sindicato, tarjetas de las que también disponían los igualmente acusados Gerardo Rico y Fernando Redondo, mantuvo que las mismas las usaba para "pagar todo aquello relacionado con la organización agraria".
Entre esos cargos figuran la compra de joyas y perfumes, viajes a Escocia, Italia y EE.UU, uno a Disneyland París, un banquete por 1.850 euros en un restaurante coincidiendo con la comunión de uno de sus hijos, cenas en Jueves Santo y Viernes Santo, adquisiciones de ropa y electrodomésticos, entradas de cine, arreglos dentales....y hasta un gasto en un sexshop, este último el 3 de julio de 2009.
En el lado opuesto, el fiscal del caso resumió los hechos afirmando que "Lino Rodríguez tuvo el control total de Asaja, incluida la contabilidad, e hizo y deshizo a su antojo", a la vez que consideró probado que, tras ganarse la confianza de los asociados, dispuso en beneficio propio de las subvenciones públicas de las distintas sectoriales a través de un laberinto de movimientos de dinero entre unas y otras "con el único propósito de esconder el origen del mismo".
También sitúo desde el año 2000, como partícipe a título lucrativo, a la esposa del sindicalista, Ana de la Fuente, al frente de la sociedad Sodeprin SL, de la que eran socios ambos y que fue contratada inicialmente para elaborar las nóminas de los trabajadores de Asaja.
Contrato nulo
El polémico contrato, inicialmente suscrito con Derco y años después asumido por Asaja y que ha sido declarado nulo, fue tildado de "falso", ya que se hizo sin conocimiento ni consentimiento de la junta directiva de la OPA, y a pesar de ello el acusado estuvo percibiendo mensualidades por importe de hasta casi 4.000 euros, sin haber justificado tampoco actividad alguna.
Con respecto al exgerente de Asaja, Fernando Redondo, y el que fuera vicepresidente, Gerardo Rico, en el primer caso el acusador público le imputó los gastos de adquisición de fichas con una tarjeta realizados en un casino en 2008 y 2009 y por los que le pidió seis años de cárcel, al entender que incurrió en un delito de apropiación indebida, en el que estimó la atenuante muy cualificada de reparación del daño--devolvió en su día más de 5.700 euros y hace dos días otros 11.450--.
El segundo, según la petición del fiscal, se enfrentaba a una posible condena de cinco años, también por apropiación indebida, en relación con sendas transferencias por importe global de 80.000 euros que fueron a parar de Indycons a la sociedad Campo de Peñafiel, de la que Gerardo Rico era presidente.
